CONACAMI Perú denuncia política de Estado peruano destinada a reprimir impunemente la defensa de los derechos indígenas.
 
La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI Perú, denunció ayer una política de sistemática criminalización de los derechos de los pueblos indígenas, producto de la cual hay cientos de líderes comunales y regionales procesados judicialmente por defender sus territorios, cuencas de agua y bienes naturales.
 
En el marco del Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, que se desarrolla en el Museo de la Nación (Lima, Perú), CONACAMI presentó casos concretos de criminalización de la protesta indígena.
 
La exposición de casos se inició con la ponencia del abogado Enrique Rodríguez, quien denunció las  constantes modificaciones introducidas en materia legislativa  para perseguir a los líderes del movimiento social y la exageración del uso del derecho penal para reprimir a la sociedad civil.
 
Se refirió específicamente a la expedición de un conjunto de decretos legislativos a inicios de este año, que a partir de la categoría de “grupo hostil” justifica la represión a las movilizaciones de protesta. Otra grave vulneración del derecho internacional y constitucional contenida en estos decretos es la flexibilización de los requisitos para la intervención de las Fuerzas Armadas en el marco de una protesta: ahora basta con una petición, cuando antes era necesario un acuerdo del Consejo de Ministros.
 
A lo anterior se suma el hecho de que  si un militar agrede a personas ene l marco de una protesta, va a ser juzgado solo por la jurisdicción militar, lo que crea el riesgo de la impunidad.
 
“Todo esto constituye una amenaza y afectación seria al derecho a la protesta y a la libertad de reunión de los ciudadanos peruanos”, subrayó.
 
Recomendó hacer uso del  derecho a la legítima defensa. Debe avanzarse en la teorización de esta salida para utilizarla como resistencia frente a la represión militar. Asimismo, apropiarse de los derechos que la Constitución Nacional y los convenios internacionales establecen a favor de los pueblos indígenas. 
 
Roberto Martínez, profesor intercultural bilingüe, presentó los casos en los cuales se han perpetrado represiones injustificadas y desproporcionadas contra el derecho a la protesta en la región Junín (andes centrales del Perú).
 
El primero de ellos es el de Freddy Palomino, dirigente de la provincia de Chanchamayo, quien fue acusado de agitador y violento por apoyar las movilizaciones de su pueblo. La policía lo acusó de estar armado, por lo cual fue encarcelado por más de un año. Finalmente, se comprobó que el arma en cuestión era de la propia policía. Gracias a la presión de su pueblo y del movimiento social, fue puesto en libertad hace poco más de una semana.
 
Martínez denunció también un caso de acusación masiva de más de mil dirigentes de su región, a quienes se acusa de terroristas. Y el de trece dirigentes judicializados por la empresa minera Buenaventura, que opera la mina Caudalosa.
 
“Estos casos demuestran que existe una política de Estado dirigida a reprimir y acabar con la protesta. Frente a ello, el reto es organizarse políticamente y responder enérgicamente contra esta amenaza. Debe avanzarse en la construcción de respuestas colectivas frente a estas violaciones de derechos humanos”, concluyó el profesor.
 
Por su parte, Carmen Ugarte, dirigente comunitaria de la provincia de Oyón, Región Lima, inició su exposición resaltando el papel de las mujeres en la defensa de los derechos de la Pachamama (Madre Tierra).
 
Denunció que los líderes de su comunidad que defienden los derechos de la Madre Tierra, incluida ella, han sido acusados y perseguidos. Les han imputado delitos como robo agravado, terrorismo, agitación y violencia, extorsión, concierto para delinquir, secuestro.
 
“Es una práctica sistemática del Estado la de perseguir a las personas que ejercen su derecho fundamental a la protesta, ante lo cual hay que reaccionar rechazando esta política de represión. Las mujeres deben tener un protagonismo en este proceso”, subrayó.
 
Se refirió al caso de una empresa minera que desvió el curso de un río, condenando a muerte a un valle y a un pueblo entero. Las mineras, advirtió, están tomando las cabeceras de los ríos para sus actividades.
 
La respuesta, planteó, debe ser la defensa de la Madre Tierra, la unidad y la organización articulada.