“…Nuestras partes del cuerpo tienen relación con la Madre Tierra. Desde el idioma Nasa Yuwe se hace esta relación, por ejemplo, la casa tiene pies (la tierra), costillas (paredes), ojos (ventanas), cabeza (techo). La Madre Tierra nos abriga y protege de todo mal. Debemos ser recíprocos con ella. La Madre Tierra nos da todo y por eso debemos hacer rituales y brindarle a los espíritus…” Visión de la Tierra de un indígena Nasa.
 
Unos la llaman Madre Tierra, otros le dicen Pacha mama, también la llaman Uma Kiwe. Los pueblos indígenas de diferentes rincones del planeta conciben la tierra como una madre, como un ser protector que primero da abrigo a sus hijos y luego los alimenta. Es por eso que desde la visión de las comunidades indígenas se habla de un uso “respetuoso de la tierra” que invita a practicar el principio de reciprocidad, es decir, retribuirle la vida con el uso equilibrado de los recursos que nos ofrece.
 
Las comunidades indígenas, negras y campesinas labran el campo y usan los recursos naturales de acuerdo a un cuidado que responde al ciclo básico para que la tierra vuelva a darles sus frutos. Estos sectores y otros movimientos sociales se han manifestado en oposición a los proyectos de producción a gran escala del modelo capitalista, que impone métodos artificiales y nocivos de producción que afectan no sólo a los suelos, sino también a la soberanía alimentaria y a las culturas nativas.
 
 Sin soberanía alimentaria ningún pueblo puede vivir dignamente. Cuando se habla de este tema pensamos que es responsabilidad de la gente que vive en el campo, pero lo que no valoramos es el esfuerzo que hacen miles de campesinos para sembrar comida sana sin químicos. La soberanía alimentaria es una responsabilidad de todos, no sólo de quienes cultivan los alimentos, también de quienes los compramos. Por eso debemos exigir que no acaben con las plazas de mercado para sustituirlas por supermercados que están al servicio del monopolio mundial de alimentos.
 
Los gobiernos actuales –tenemos que reiterarlo una vez más- responden a intereses comerciales de sectores transnacionales. Utilizan el discurso de la defensa de la soberanía, pero en la práctica lo que hacen es promover leyes y proyectos que acaban con las economías propias de los pueblos para que éstas sean absorbidas por el modelo de libre mercado que convierte a la gente en sierva en su propio territorio.
 
El conflicto que se ha creado alrededor de la tenencia de la tierra ha sido uno de los factores causantes de la crisis social actual. Ahora, con el gobierno de Santos se habla de la ley de restitución de tierras y los medios de comunicación la promueven como la solución para las víctimas del desplazamiento. Pero, ¿qué podemos esperar de un gobierno que incorpora a su equipo de trabajo a Andrés Felipe Arias (hoy con pliego de cargos), quien fuera el responsable de subsidiar a terratenientes con millonarias sumas de dinero mientras le negaba la entrega de tierras a comunidades víctimas del desplazamiento?
 
El proyecto de ley 085 de 2101 Cámara, que pretende devolverle las tierras a los desplazados ha motivado alegría y esperanza para mucha gente. Sin embargo, hay que estudiar muy bien esa Ley. A eso invitamos, a entender muy bien que el problema de la tierra en Colombia no se soluciona entregando parte de la misma a quienes la necesitan (suponiendo que de verdad esto se haga realidad, no sería nada raro que las tierras terminen redistribuyéndose entre los mismos terratenientes de siempre, así como sucedió con el programa Agro Ingreso Seguro) sino desarrollando un modelo en el cual la gente pueda crear sus modelos propios de agricultura que no dependan del capital transnacional. De nada serviría tener tierra si ésta sigue estando al servicio de la codicia del capital. El gobierno debe invertir de verdad en el campo para que la gente que utiliza bien la tierra fortalezca la soberanía alimentaria del país.
 
Está claro que la restitución de tierras es un derecho, pero restitución no es reparación porque el terror sigue causando nuevas víctimas. En Antioquia, a Albeiro Valdés y a Hernando López les devolvieron sus tierras y horas después fueron asesinados. Ellos eran voceros que reclamaban la restitución de tierras para otras familias que como las suyas fueron amenazadas y expulsadas de su territorio. En Saravena, Arauca otro vocero que presidía la Asociación de desplazados unidos de Sararé, Edgar Bohórquez Palma fue asesinado a tiros.
 
Estas familias desplazadas recuerdan muy bien por qué las sacaron de sus tierras. La restitución no les da las garantías para que no vuelvan las amenazas, o de que no lleguen nuevamente otras empresas a imponer sus proyectos extractivos. El escenario paradójico del evento público en que se hace entrega de las tierras con la presencia del ministro de agricultura y otros representantes del gobierno, parece ser el cometido de un ciclo más grande y macabro.
 
Por otra parte, si el gobierno contempla a las víctimas, habla de las víctimas del pasado. El presidente dice a boca llena que se repararán a las víctimas y desde su gobierno se hará “borrón y cuenta nueva”. Pero ¿y las víctimas de ahora? Las muertes selectivas siguen, siguen los atentados, han aumentado los grupos reorganizados de paramilitares, sus advertencias de toque de queda y las listas de la mal llamada “limpieza social”. Sigue incrementándose la violencia en varias ciudades y poblaciones del país. En Santander de Quilichao (Cauca) panfletos amenazantes de grupos paramilitares recomiendan a los padres acostar a los jóvenes a las 9 de la noche porque si no, dicen fríamente “los acostamos nosotros".
 
Cómo se pretende hablar de reparación si las amenazas, los atentados, las detenciones arbitrarias, las torturas, las persecuciones y las muertes selectivas han aumentado de manera alarmante en distintos lugares del país. Los voceros campesinos en Antioquia, los indígenas Awá en Nariño, los líderes de víctimas en Arauca y en la Macarena, los defensores de derechos humanos en Sucre, los desplazados, los voceros de víctimas, los líderes de diferentes rincones del Cauca y los muchos otros que no conocemos y tal vez nunca conoceremos porque se ven obligados a vivir en el silencio.
 
La restitución, desde el punto de vista del agro es una ley incompleta porque ésta no es la única política agraria. Se entregan las tierras a algunos sin oportunidad de promover su producción. Los intereses de las grandes corporaciones están detrás de estas tierras, para exprimirlas y continuar con el despojo, para seguir con la importación de productos que antes no se necesitaban porque eran producidos por nuestros productores rurales. Por ejemplo, el trigo y la cebada, que son ahora productos de importación. La producción nacional de maíz está agonizando. El arroz, los lácteos, las carnes son otros productos en riesgo de ser sustituidos también por los importados. El argumento desgastado para defender estas importaciones es que el café, las flores y el banano se están exportando. Pero estas exportaciones se hacen desde el siglo pasado y son las únicas que se han mantenido.
 
 Otra afectación a la autonomía y a la soberanía de la nación, aparte de la importación de alimentos, es la instalación de las bases militares extranjeras. Hace algunos meses, se declaró como inconstitucional la instalación de estas bases y por eso para muchos parecerá innecesario volver a preocuparse por ellas. En el encuentro internacional de Mujeres contra la Militarización, en Barrancabermeja, se hizo una manifestación frente a la base militar de puerto Salgar, denunciando el desplazamiento forzado, la violencia sexual, el despojo del territorio, el empobrecimiento, la desaparición forzada, la impunidad, el secuestro, la desarticulación de los procesos sociales en el marco del conflicto social y armado y la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra.
 
 Esta pérdida de la autonomía se hace visible a través de la legislación nacional que está entregando el territorio. Pero el gobierno necesita consolidar y legitimar esa legislación a través de tratados internacionales que comprometen aún más la soberanía nacional. Por eso su afán de firmar los TLC, para comprometer la riqueza del país ante la industria extractiva. Entonces, si con la actual legislación no se contemplan las necesidades del agro, ni la reparación a las víctimas, ni la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos, ¿qué podemos esperar si se firman los TLC?
 
 En el 2004 se hizo una marcha contra la firma del TLC con los Estados Unidos, la cual se propuso desde el Cauca y acogió a los demás sectores sociales del país. En el 2008, la oposición a este tratado fue el primer punto de la minga acordada en la movilización de ese año. El rechazo al TLC debería ser el principio de toda manifestación de resistencia porque es el modelo perverso que acaba con la vida. No debemos confiar que la dignidad de nuestros territorios se va a defender sólo con las denuncias de derechos humanos. Ni tranquilizarnos pensando que otros van a cambiar al país luchando en nuestro nombre o confiando en quienes lo hacen sin consultar con las comunidades de base. Debemos ser los pueblos los que iniciemos esa lucha. Que sea la sabiduría popular la que defina cómo vamos a hacer realidad la verdadera agenda de los pueblos.
 
 En el IV Foro Social Américas en Paraguay, los movimientos sociales manifestaron que hace falta mayor movilización popular para ejercer presión sobre quienes toman las decisiones en el mundo. Hay la necesidad urgente de relacionamiento y articulación entre los movimientos sociales del continente. Esa es nuestra invitación. Entender que nos hace falta trabajar juntos para cambiar este sistema que criminaliza la lucha del pueblo Mapuche, que ocupa militarmente territorios ancestrales, que asesina y desplaza en nombre del desarrollo. Son los desafíos para construir de verdad una vida digna, donde podamos decidir guiados por la conciencia y no por el hambre.
 
Asociación de Cabildos de Indígenas Norte del Cauca - ACIN
http://www.nasaacin.org/