Preocupante retroceso en la aplicación de derechos de los pueblos indígenas en la Región Andina
 
La Región Andina experimenta un preocupante retroceso en las condiciones para un efectivo ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. El modelo extractivista continúa imponiéndose  y atentando contra estos derechos, lo que en la mayoría de nuestros países va acompañado de un proceso de criminalización de nuestras organizaciones.
                                        
Bolivia, cuya Constitución Política proclama el Buen Vivir y el Estado Plurinacional, debate la Ley de Autonomías, en un escenario de movilización indígena por consulta y consentimiento previo a las actividades mineras e hidrocarburíferas en sus territorios, autodeterminación territorial y mayor participación en la Asamblea Plurinacional, entre otras demandas que no contradicen el espíritu y la letra de la Constitución. El diálogo resolutivo parece haber llegado a un punto muerto, pero debe insistirse en ese camino para encontrar soluciones consensuadas.
 
En Colombia, que celebra el Bicentenario de una Independencia que, como en todos nuestros países, no significó cambio alguno para nuestros pueblos, el conflicto armado interno y la imposición de actividades extractivas en sus territorios, multiplican el ya grave problema del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas. En este país los pueblos indígenas están al borde de la extinción y el Estado no cumple con diseñar y aplicar planes de salvaguarda, como lo ha ordenado la Corte Constitucional. El cambio de gobierno por el que Álvaro Uribe entregará el mando a Juan Manuel Santos el 7 de agosto próximo, no hace prever cambios sustantivos en las políticas económicas y represivas, sino por el contario su agudización. 
 
El gobierno del Ecuador, presidido por Rafael Correa, promueve leyes que van contra el Buen Vivir y el Estado Plurinacional consagrados en su Constitución Política y cierra los espacios para el diálogo, no solo estigmatizando a los pueblos indígenas y sus organizaciones, sino recurriendo ya abiertamente a la criminalización de sus protestas, al enjuiciar a los dirigentes de la CONAIE y ECUARUNARI, acusándolos falsamente de los delitos de terrorismo y sabotaje.
 
En el Perú, el gobierno de Alan García se resiste a promulgar la Ley de Consulta aprobada por el Congreso de la República, formulando observaciones que han sido cuestionadas por el Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya. Paralelamente, su partido, el APRA, promueve en el Congreso una ley que pretende en la práctica anular los límites a la propiedad de la tierra, fomentando así el retorno del latifundio para favorecer a las empresas agroexportadoras y de agrocombustibles, lo que constituye una abierta amenaza a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y a la soberanía y seguridad alimentarias.
 
A doscientos años del Estado uninacional en la Región Andina, cuando la movilización y el debate del movimiento indígena plantean y exigen Estados Plurinacionales, con políticas interculturales, la práctica sigue siendo la misma del Estado-nación: excluyente y verticalista.
 
Frente a este panorama regional, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) expresa su profunda preocupación por la muy probable agudización de los conflictos y sus consecuencias. Y llama a las organizaciones indígenas del continente, a los movimientos sociales y a los organismos de Naciones Unidas, a ejercer una efectiva labor de vigilancia a los Estados en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por instrumentos internacionales.
 
Lima, 19 de julio de 2010.
 
Coordinación General CAOI