La Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas ha sido observada por el Ejecutivo. La discusión sobre estas observaciones no resiste mayor análisis jurídico puesto que se ha colocado lo político en primer plano. La terquedad del gobierno en seguir desconociendo ya no solo los derechos, sino, la inexistencia de los pueblos indígenas pone en riesgo la democracia y en el sentido de país. Se amenaza, así, no solo los derechos de las comunidades nativas, sino, coloca en riesgo el respeto a los derechos humanos de todos y todas.
 
En primer término, las observaciones colocan especial acento “al derecho al veto”, cuando en ningún momento los pueblos indígenas han planteado esto como punto de discusión y cuando el Convenio 169 no lo considera como parte del proceso de consulta. La ley contempla el consentimiento. El gobierno deliberadamente ha colocado este tema para desinformar a la opinión pública, y desacreditar los alcances y la naturaleza de la ley.
 
Por ello, lo que parecería ser una coincidencia, resulta más que preocupante el hecho que hace unos días el Tribunal Constitucional haya resaltado en su sentencia sobre el Decreto Legislativo 1089 el derecho al veto. Se pretende reducir la consulta a este postulado, inexistente desde los tratados internacionales y que ha sido materia resuelta en las etapas previas a la construcción de la ley hasta su aprobación por el Congreso de la República.
 
Denunciamos el propósito del Gobierno de intentar perpetuar la imposición de proyectos sobre la voluntad de los pueblos indígenas, contra toda la institucionalidad democrática nacional e internacional que vela por los derechos de los mismos, bajo pretexto de “tener la última palabra” tras un artificial argumento del “derecho al veto”.
De igual manera, en otro punto, si el gobierno ha persistido sistemáticamente, desde que asumió mandato, de crear paralelismos a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas a nivel nacional, ahora pretende algo más deplorable: intenta clasificar quienes son pueblos indígenas y quienes no, en términos identitarios y territoriales. Así, intenta dividir la costa y la sierra, respecto de la selva. Elimina la referencia a que las Comunidades Campesinas puedan ser consideradas “pueblos indígenas” (costa y sierra) en relación a la población nativa amazónica.
 
En esa misma línea, se busca que la ONPE establezca y verifique la “representatividad” y “legitimidad” de los representantes de los pueblos indígenas, cuando lo que le corresponde el Estado es el reconocimiento de las comunidades nativas y no, prácticamente, la creación de estas.
 
Así, una vez más, el gobierno demuestra su vocación autoritaria, racista y discriminatoria, que desconoce los derechos de los pueblos indígenas, la misma ceguera y empecinamiento que provocaron el baguazo. Como señala Bartolome Clavero, miembro del Foro Permanente de la ONU para las cuestiones indígenas de América Latina, “el Presidente de la República y el Gobierno del Perú defraudan a los pueblos indígenas y a la comunidad internacional”.
 
Sobre los otros 5 puntos observados, las organizaciones indígenas se pronunciarán en los próximos días ante la opinión pública nacional e internacional.
Lima, 22 de junio de 2010.
 
Perú- Grupo de trabajo por la aprobación de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas