Un año después, la Masacre de Bagua sigue siendo motivo central de nuestra reflexión y evaluación.  Porque nos mostró, principalmente, el valor de la manera en que los pueblos indígenas tomamos decisiones, que es el único modo de construir una verdadera unidad.  Y también porque graficó el nulo respeto por la vida y por los derechos de parte del gobierno, capaz de matar para favorecer la invasión a nuestros territorios y el saqueo de nuestros bienes naturales por parte de las multinacionales.
 
Bagua nos demostró también la vigencia y el protagonismo político del movimiento indígena andino y amazónico en el Perú.  Hoy no solo nos hemos visibilizado, sino que nuestras propuestas y demandas forman parte del debate y la agenda política nacional.
 
Otra de las lecciones de Bagua es que los derechos no se demandan, los derechos se ejercen.  Y los pueblos indígenas tenemos derecho a la autodeterminación, que significa mantener nuestras formas ancestrales de relación con la Madre Tierra, con nuestros territorios, nuestras propias formas de gobernarnos, de elegir y ejercer la autoridad.  Esa manera de la que hablaba al principio, donde las decisiones se toman en las comunidades, por consenso, y nuestros apus cumplen el mandato de sus pueblos.
 
Si no fuera así, la movilización amazónica no hubiera durado todo el tiempo que duró.  Fue la decisión y la lucha de las bases, junto con la lucidez y entrega de los dirigentes, la que hizo que esa movilización remeciera al país y conmoviera al mundo.
 
Y por eso también la brutal respuesta represiva del Estado.  Porque el gobierno tembló de miedo al ver la solidaridad nacional y mundial con la movilización amazónica, al saber que los pueblos indígenas teníamos razón y al notar que su sistema de dominación y su modelo de saqueo se tambaleaba.
 
Hablamos de un modelo que multiplica las concesiones mineras, forestales y petroleras en el ande y la amazonía, privando a los pueblos indígenas de sus medios de vida, que pretende arrasar con nuestros derechos reconocidos en tratados internacionales, que vulnera también la soberanía nacional firmando tratados de libre comercio totalmente desfavorables para el país, que criminaliza nuestra protesta, persiguiéndonos, enjuiciándonos y encarcelándonos, que da a sus fuerzas armadas y policiales licencia para asesinarnos, como ocurrió en Bagua hace un año.
 
Porque para intentar legalizar la vulneración de nuestros derechos, el gobierno de Alan García emitió un paquete de decretos legislativos que criminalizan la protesta, preparando el camino para el paquete legislativo del TLC con Estados Unidos, un conjunto de 102 decretos inconstitucionales, frente a los cuales los pueblos indígenas supimos reaccionar con indignación, con dignidad, con decisión de lucha y con unidad.
 
Nuestra lucha logró la derogatoria de tres de esos decretos.  Para eso fueron necesarias 34 muertes que conmovieron al mundo, convocando una solidaridad nacional e internacional nunca antes vista.  El Perú se unió en una histórica Jornada Nacional de Protesta el 11 de junio del 2009, como no se veía una igual desde hacía treinta años.  Y a nivel internacional, los organismos de las Naciones Unidas, las entidades de derechos humanos y los movimientos sociales en general hicieron llegar desde todos los rincones del planeta mensajes de repudio a la Masacre de Bagua y de solidaridad con las justas demandas de nuestros pueblos indígenas.
 
Esta presencia protagónica de los pueblos indígenas en el Perú no es un hecho aislado, sino que se suma a los procesos de visibilización y articulación de los pueblos indígenas en todo el Abya Yala, donde desde nuestra diversidad compartimos el amor por la vida, la identificación con la Pachamama y el orgullo de nuestra identidad ancestral, uniéndonos en la común demanda de pleno ejercicio de nuestros derechos y en la construcción colectiva de nuestras propuestas centrales: el Buen Vivir y los Estados Plurinacionales Comunitarios.
 
Después de la Masacre de Bagua, los organismos de las Naciones Unidas, como el Relator Especial para Pueblos Indígenas James Anaya y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, formularon al gobierno peruano una serie de recomendaciones, entre las que quiero destacar tres: formar una comisión investigadora independiente e imparcial, debatir y aprobar una Ley Marco de los Pueblos Indígenas y una Ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado, todo esto con plena participación de los propios pueblos indígenas.
 
La primera de las recomendaciones es una tarea pendiente.  La Comisión del Congreso emitió hasta tres informes y la otra comisión emitió un informe totalmente tibio, que no señala responsabilidades en el Estado y atribuye falsedades a los pueblos indígenas, al punto que dos de sus integrantes se negaron a firmarlo y emitieron su propio informe.
 
La Ley de Consulta fue debatida y aprobada por el Congreso de la República.  Las organizaciones indígenas la veníamos demandando hacía mucho tiempo, porque hace más de quince años que el Estado peruano se hizo parte del Convenio 169 de la OIT.  Tal vez sin la Masacre de Bagua esta norma hubiera seguido siendo largamente postergada.  No es una ley perfecta, pero para eso estamos los pueblos indígenas, para ampliar su alcance y para hacerla cumplir.  Ya hemos demostrado que podemos hacerlo.
 
Y con respecto a la Ley Marco para los Pueblos Indígenas, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) tiene una propuesta: seguir el ejemplo de Bolivia y otros países y dar carácter de Ley Nacional a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
Un año después de la Masacre de Bagua, seguimos reflexionando, evaluando y consolidando la unidad de los pueblos indígenas, esa unidad y esa decisión que están haciendo retroceder al Estado y haciéndole entender que ya no puede seguir ignorando nuestra existencia, que reprimiéndonos no nos hará callar y que no tiene otra alternativa que empezar a desarrollar políticas públicas interculturales.  Porque en eso sí debemos estar muy claros: los pueblos indígenas no queremos inclusión, no nos interesa ser incluidos en un modelo que desprecia la vida.  Los pueblos indígenas exigimos un Estado que reconozca y valore nuestra diversidad, desarrollando políticas públicas interculturales.
 
- Miguel Palacín Quispe es Coordinador General CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)