El jueves 29 de abril se realizó en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presidida por el congresista Tom Lantos, la Audiencia “Los derechos de los Pueblos Indígenas de América Latina”. En ella, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a través de su dirigente Darío Mejía, presentó el testimonio y la propuesta que reproducimos a continuación.
 
La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, presenta un respetuoso saludo a los congresistas de los Estados Unidos y a los asistentes a la presente audiencia, al tiempo que agradece la oportunidad de presentar nuestra perspectiva sobre la situación de los Pueblos Indígenas en nuestro país.
 
La Corte Constitucional de Colombia mediante autos 004, 092 de 2009 y 008 de 2010, el relator de las Naciones Unidas para los derechos y libertades fundamentales de los Pueblos indígenas en sus informes de visitas a Colombia (en 2004 y 2009), Amnistía Internacional, en informe de febrero de 2010 y numerosos organismos de Derechos humanos del orden nacional e internacional confirman que los pueblos indígenas en Colombia afrontan una tragedia humanitaria que tiende a ser cada día mas grave.
 
 Cuando menos tres tipos de factores determinan esta situación: el modelo económico, el conflicto armado y la falta de políticas concertadas y con presupuestos que realicen nuestros derechos.
 
Los pueblos indígenas hemos conservado el equilibrio, la armonía y la propiedad de los territorios de regiones selváticas, montañosas y de llanura, que son vistos por el modelo económico actual como fuente de riqueza.
 
La política de búsqueda de seguridad inversionista y extracción de recursos naturales implica la proliferación de concesiones mineras, megaproyectos de infraestructura, ampliación de la frontera agrícola para los monocultivos industriales y legalización de procesos de expropiación violenta cometidos por los grupos armados.
 
Las fuerzas de seguridad del Estado en muchas regiones del país abanderan procesos de ocupación militar y violencia contra de las comunidades para facilitar la implementación de megaproyectos. No menos graves son las acciones de grupos guerrilleros y de paramilitares que buscan controlar nuestros territorios para lograr financiación de las multinacionales, mediante el cobro de “impuestos”. La confrontación, lejos de ser un asunto ideológico, es por el control territorial. Esta es la razón más importante de la violencia contra la población civil y el desplazamiento forzado en Colombia.
 
Más del 80% de nuestros territorios han sido concesionados, sin consulta previa, para la implementación de proyectos económicos. En septiembre de 2009, el Estado colombiano resolvió que los resguardos coloniales, con mas de 190 años de existencia, NO EXISTEN.
 
 Entre 2002 y 2008 se registraron más de 70.000 desplazamientos individuales y colectivos de indígenas; sólo en el 2009, 6.201 personas indígenas fueron expulsadas de forma violenta de sus tierras ancestrales.
 
Durante 2009, 114 personas indígenas fueron asesinadas, registrándose un incremento del 63% en 2009, en comparación con 2008.
                              
 
Si bien contamos con un marco normativo progresista y con instancias de concertación legalmente constituidas, no contamos con políticas a favor de los pueblos indígenas que permitan resolver el abandono histórico, la segregación y exclusión en los procesos de toma de decisiones.
 
Por el contrario, a pesar de haber órdenes emitidas mediante autos por la Corte Constitucional, estos aún no han sido cumplidos. Las reservas que fueron expuestas por el gobierno colombiano, para la abstención de voto a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, continúan vigentes.
 
El 32,4% de la población indígena no está afiliada al sistema de salud. En el 2009, 45 niños y niñas de los pueblos Puinave, Curripaco y Sikuani, habitantes de la comunidad de Barrancominas en el departamento de Guanía, murieron por falta de atención médica oportuna y eficaz.
 
La educación se imparte con modelos externos, se mantienen altos niveles de analfabetismo, deserción escolar, baja cobertura y al personal docente se les discrimina salarialmente en razón a su condición de indígena o por atender a nuestra población.
 
 Ya congresistas de los Estados Unidos se han pronunciado sobre el desplazamiento incluyendo la población indígena. La situación resulta más preocupante porque muchos indígenas no denuncian, pues las limitaciones de idioma, geográficas y de presencia de actores armados se lo impiden.
 
Nos preocupa el rol de los Estados Unidos al apoyar políticas que afectan nuestras culturas y ponen en riesgo nuestra existencia. La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que no menos de 34 pueblos indígenas están en riesgo de desaparecer física y culturalmente. Para la ONIC, la cifra asciende a más de 64 pueblos. En pleno siglo XXI resulta impensable que la humanidad permita que tragedias como esta se puedan presentar, por no revisar las políticas de cooperación hacia el gobierno de Colombia.
 
Recomendamos que el congreso de los Estados Unidos llame al Gobierno Colombiano para que aplique de forma integral y sin reservas los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, mediante políticas concertadas, urgentes y efectivas.
 
También que haya un pronunciamiento sobre la situación de los pueblos en vía de extinción, así como también solicitamos su respaldo a la campaña que hemos emprendido en favor de estos pueblos.
 
Nos felicita la introducción de Resolución 1224 en la Cámara Baja por parte del Congresista Hank Johnson de Georgia en reconocimiento y honra del trabajo importante que La Corte Constitucional de Colombia ha realizado en nombre de las personas internamente desplazadas en Colombia, en especial los pueblos indígenas, los afrocolombianos y las mujeres. Esperamos que los miembros del Congreso de los Estados Unidos co-auspicien esta resolución y que la Cámara Baja la apruebe pronto.
 
Sugerimos que el Congreso de los Estado Unidos solicite al departamento de Estado que no certifique asistencia militar a Colombia debido al alto número de abusos cometidos por la fuerza pública colombiana en territorios indígenas; (ejecuciones extrajudiciales y no aplicación del principio de distinción de la población civil). Se debe verificar primero que haya cambios efectivos en la conducta de las fuerzas armadas y se hayan resuelto los casos cometidos.
 
En el mismo sentido, solicitamos que se revisen los apoyos otorgados a la política de fumigaciones, pues sus implicaciones son demasiado graves para los Pueblos Indígenas y la naturaleza.
 
Recomendamos no considerar la discusión sobre el tratado de Libre Comercio en este gobierno o en cualquier otro sin haber cumplido con el derecho fundamental a la consulta previa a los pueblos indígenas.
 
Así como el resto de la población civil, los pueblos indígenas consideramos que las extradiciones a los Estados Unidos de los jefes paramilitares no se pueden convertir en una excusa para la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra contra, y recomendamos que haya apoyo a los procesos de búsqueda de la verdad, la justicia y reparación y a las iniciativas de paz mediante el diálogo político.
 
En este sentido la cooperación debe ser directa y de acuerdo a las prioridades de la sociedad civil y de los pueblos indígenas.
 
 Finalmente, reiteramos nuestros agradecimientos e instamos a que con más frecuencia e impacto se realicen este tipo de escenarios.
 
Muchas Gracias.