Responde con brutal represión a las protestas populares, mientras se multiplican y agudizan los conflictos en todo el Perú.
 
Quedó demostrado el 5 de junio del 2009 con la Masacre de Bagua. Se confirmó el 2 de diciembre del mismo año con el asesinato de dos comuneros, a quienes la policía les disparó por la espalda en Huancabamba. Y hoy se ratifica con seis muertos más en Arequipa, en una acción represiva contra las movilizaciones de los trabajadores de la minería informal: el gobierno de Alan García Pérez solo habla el lenguaje de la muerte.
 
La estrategia es sistemática: se desoyen los llamados al diálogo de las organizaciones, se incumplen compromisos pactados en mesas de diálogo, se ignoran adrede los conflictos para que se agudicen, y entonces se reprime, se encarcela, se enjuicia, se asesina.
 
En el colmo del cinismo, Alan García argumenta que está defendiendo el medio ambiente de los impactos de la minería informal. Los comuneros andinos de Huancabamba defendían el agua, sus territorios, la vida. Y los asesinaron. Los indígenas amazónicos defendían el agua, sus territorios, la vida. Y los asesinaron. ¿Por qué esta sed insaciable de sangre? ¿A quién defiende realmente el gobierno peruano?
 
La respuesta es obvia: a las grandes empresas extractivas, principalmente mineras, petroleras, forestales y de monocultivos, para cuyo servicio dicta normas que vulneran todos los derechos territoriales, de consulta y participación, y los derechos humanos: porque da a las fuerzas del orden licencia para matar a fin de imponer proyectos que además saquean y depredan la Madre Naturaleza.
 
Es cierto: la minería informal contamina y gravemente. Pero también lo hace la gran minería formal. Los casos se multiplican en todo el Perú, donde los territorios comunales son arrebatados, las fuentes de agua envenenadas, el aire contaminado con metales tóxicos, dejando ciento de víctimas, principalmente niños, con los pulmones colapsados y la sangre infectada, como lo demuestran incontables estudios independientes y de la propia Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).
 
Así que no venga a decir el doctor García Pérez que los cinco trabajadores mineros y un mototaxista que ni siquiera participaba en el bloqueo de la Panamericana Sur el domingo 4 fueron asesinados en defensa de la naturaleza. Esa es una herejía en boca de un gobierno que se esfuerza minuto a minuto en superar el entreguismo, la corrupción y la violencia criminal de la dictadura fujimorista de la última década del siglo pasado.
 
Alan García También habla de la ausencia de derechos laborales en la minería informal. Como si la gran minería respetara derechos elementales como la jornada laboral, la sindicalización, la seguridad en salud.
 
La minería informal es un problema grave que debe ser enfrentado con racionalidad y participación de todos los involucrados: sus trabajadores, las poblaciones afectadas, los empresarios, las autoridades. Como todos los conflictos, su solución debe alcanzarse a través del diálogo, el respeto a los derechos humanos y colectivos, y el cumplimiento de los acuerdos a los que este diálogo llegue.
 
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) expresa su repudio a estos asesinatos, su solidaridad con las familias de las víctimas y con sus organizaciones, su exigencia de una investigación seria e imparcial y sanción a los responsables. Y llama a los organismos internacionales de derechos humanos a denunciar estos hechos en los foros internacionales para contener la insaciable sed de sangre del gobierno de Alan García Pérez.
 
 
Lima, 6 de abril de 2010.
 
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI