EN EL MARCO DE LA 76º SESION DEL COMITÉ
PARA LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACIÒN RACIAL,
EN DONDE SE EVALUARÁ AL ESTADO DE GUATEMALA
 
DENUNCIAMOS:
 
1.       El racismo y discriminación del Estado guatemalteco, se da desde su concepción y conformación. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico indica que “El racismo, como expresión ideológica de colonización y de subordinación, tiene sus orígenes en la invasión hispana. En esa época se trató de justificar la opresión y explotación del pueblo maya con base en conceptos raciales y presentar aquel acto de despojo territorial y político como "una empresa redentora y civilizadora".  Aquel momento marcó profundamente la historia guatemalteca, porque si en un principio los españoles se consideraron superiores biológica y culturalmente, esa pauta fue seguida por los criollos y, luego, por los ladinos.  La historia del país muestra que formas de subordinación y exclusiones que se originaron con la invasión española, se han mantenido hasta la fecha.
2.       Nuestra preocupación por los informes periódicos XII y XIII del Estado de Guatemala, que enfoca exclusivamente al trabajo de algunas instituciones del Estado que atienden temas relacionados a los pueblos indígenas, cuyos presupuestos para funcionar son insignificantes ante la situación de pobreza y no presenta información sustancial sobre la erradicación de la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en Guatemala.
3.       Nuestra cosmovisión como pueblos indígenas se basa en la relación armónica y holística con todos los elementos que conforman nuestra Madre Tierra, en la cual el ser humano pertenece pero no la domina, ni es dueño de ella. El Racismo ambiental y estructural perpetuado por el Estado de Guatemala contra los Pueblos Indígenas esta destruyendo  la vida y la existencia misma de los pueblos, a través del otorgamiento de concesiones para la explotación de nuestros Bienes Naturales, como ejemplo podemos mencionar que en la actualidad existen 459 concesiones (259 de explotación, 136 de exploración de minerales, 64 proyectos hidroeléctricos, entre otros).   Todas ubicadas en territorios indígenas. Estos megaproyectos están generando efectos culturales, sociales ambientalmente desas­trosos para nuestra Vida y la Madre Tierra.
4.       Estamos sufriendo los peores efectos del sistema capitalista y sus políticas neoliberales lo cual se manifiesta a través del saqueo y la devastación de los bienes naturales de la Madre Tierra, favoreciendo intereses mercantilistas de empresas nacionales y transnacionales con la aquiescencia, el consentimiento o con la promoción del Estado. Somos los Pueblos Indígenas quienes estamos padeciendo las graves y los peores impactos resultantes de actividades altamente contaminantes como la minería, hidroeléctricas, petróleo y monocultivos, que atentan contra la salud humana, ambiental y consecuentemente la vida de la Madre Tierra y los Pueblos Indígenas.
5.       Que el sistema de justicia se caracteriza por ser racista y excluyente el cual se evidencia a través de la persecución penal, la criminalización y la condena de liderezas y líderes que defienden su territorio, la vida y la Madre Tierra ante el impulso de megaproyectos y por la lucha legítima al acceso de la tierra.
6.       Que en el tema de educación de cada 10 personas analfabetas, 6 son indígena, y que el 23 por ciento de los niños indígenas no tienen ningún grado de escolaridad; 2.9% de indígenas ha asistido alguna vez a la universidad frente a un 9.3% de los hombres no indígenas. Para el caso de las mujeres indígenas, es más grave puesto que el 87.5% de éstas son analfabetas; solamente el 43% logra culminar el nivel primario; el 5.8% llega a educación media y el 1% a la educación superior.
7.       Históricamente los pueblos indígenas han sido excluidos de la cobertura de la salud, por motivos geográficos, idiomáticos y de aceptación de sus propias formas de afrontar este tema.
 
 
 
POR LO EXPUESTO,  EXIGIMOS AL ESTADO
DE GUATEMALA:
 

Que respete el espíritu de su normativa fundamental que privilegia la persona humana y su dignidad como su fin supremo, así como todas aquellas obligaciones establecidas en diversos instrumentos de derechos humanos de los cuales es parte, especialmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros, y facilite los mecanismos concretos para revisar y enmendar la normativa jurídica del país, en todos sus niveles, con el fin de que la misma refleje la realidad multicultural, multiétnica y multilingüe de la nación.
Realizar las transformaciones de fondo en el sistema de justicia imparcial, para que éste no responda a intereses de determinados sectores económicos, políticos, militares y el de empresas nacionales y transnacionales para que haga efectivo agilizar los procesos judiciales contra los responsables del genocidio cometido contra el pueblo Maya y las amenazas, asesinatos cometidos contra lideresas y líderes quienes defienden la vida.
La urgente necesidad de tipificar el racismo como delito a través del Organismo Legislativo y que los casos reciban la debida investigación y sanción por los entes estatales responsables.
Que el Estado y al gobierno a través de sus entidades correspondientes que efectúen estudios científicos imparciales, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de “desarrollo” previstas puedan tener sobre nuestra vida y nuestro Territorio y que los resultados de estos estudios sean considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.
Que el Estado de Guatemala que como muestra de un Estado civilizado, democrático y respetuoso de los derechos humanos, en virtud del carácter facultativo de la disposición según la propia Convención, reconozca la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; consultando previamente a los interesados directos e indirectos y respetando su decisión, si para los efectos de la designación del ente de última instancia nacional a que se refiere la Convención, éste debe crearse o designarse.
Agilizar el reconocimiento de las radioemisoras comunitarias y regule su funcionamiento, vía la promulgación de una ley específica o vía la reforma de la Ley de Telecomunicaciones. Igualmente que cese la persecución penal en contra de las radioemisoras comunitarias que es la única respuesta represiva que el Estado ha dado a una problemática que él mismo ha provocado.
Que se invite  oficialmente  al Relator de País del Comité CERD en un tiempo prudencial para verificar y constatar el estado de cumplimiento de los compromisos que el Estado ha asumido en el marco de la Convención, así mismo verifique el nivel de cumplimiento de las distintas recomendaciones que el honorable Comité ha emitido al Estado de Guatemala.
Que se invite oficialmente  Señor  James Anaya Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas De la Organización de las Naciones Unidas ONU, para que venga a verificar la situación de los pueblos indigenas en Guatemala.

 
 
POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÌGENAS
 
 Coordinación y Convergencia Nacional Maya WAQIB’ KEJ
 
CONAVIGUA, MOJOMAYAS, FUNDACIÓN MENCHÚ, ASOCIACIÓN XOCOPILÁ, PRODESA, PIDH CAPITULO GUATEMALA.
 
 
GUATEMALA, 16 DE FEBRERO DE 2010