Gobierno de Alan García “policializa” la Masacre de Bagua para evadir responsabilidades políticas. Urge formar una Comisión Investigadora realmente independiente y con veedores internacionales.
 
El conflicto entre los pueblos indígenas y el Estado peruano tiene profundas raíces históricas. La Masacre de Bagua, del 5 de junio del año pasado, fue el punto más visible de un proceso de creciente protagonismo político indígena y criminalización de derechos por el Estado. La civilización dominante, capitalista neoliberal, es cada vez más violenta contra la cosmovisión indígena, de la vida, del equilibrio y la armonía con la Madre Tierra.
 
Un conflicto de esta naturaleza es político, económico, social, cultural. Y ese es el tipo de soluciones que demanda y no, como pretende el gobierno aprista, sobre todo a partir de la presentación del Informe Bagua y la difusión de cuestionadas imágenes (fotos y videos) de un policía desaparecido, “policializar” el debate.
 
El 5 de junio del 2009, en la Curva del Diablo, Bagua, Utcubamba y la Estación 6, murieron 34 personas. La investigación para identificar y sancionar a los autores materiales de estas muertes, todas igualmente condenables, es responsabilidad del Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero eso no resolverá el conflicto ni, en consecuencia, evitará que se produzcan nuevos conflictos: para ello es indispensable identificar el problema real, sus causas y los responsables políticos.
 
La causa más profunda es la política de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, iniciada hace más de quinientos años, y que no se detuvo con el nacimiento de la República y su Estado criollo, uninacional y monocultural. Más recientemente, en el Perú al iniciarse la última década del siglo pasado, la imposición del neoliberalismo arrasando nuestros derechos, principalmente territoriales (y es en la relación con nuestros territorios donde reside nuestra identidad y de donde se desprenden todos nuestros derechos), nos hizo pasar de la resistencia a la propuesta, proceso en el cual se fortalecieron y articularon nuestras organizaciones. Pasamos así de la invisibilidad al protagonismo político.
 
La emisión del paquete legislativo para implementar el TLC con Estados Unidos, cuya derogatoria es el punto central de la plataforma indígena amazónica y andina, es parte de esa imposición neoliberal, con sus tratados comerciales y concesiones indiscriminadas y sin control alguno a las industrias extractivas, con su secuela de impactos ambientales, económicos y culturales.
 
Pero ahora la presión social por la derogatoria de esos decretos, que a partir de la Masacre de Bagua se constituyó en una demanda nacional con amplio respaldo internacional, pretende ser cubierta con discusiones que competen a los ámbitos policiales y judiciales. No se trata solo de tender cortinas de humo para, finalmente, evadir las responsabilidades políticas. Es también una agresión más contra los pueblos indígenas, a los que el Informe de la Comisión Bagua, con una visión occidental-racista, presenta como violentos, ignorantes, manipulables por ONG, iglesias, medios de comunicación y congresistas, incapaces de gobernarse como venimos haciéndolo desde miles de años antes a la existencia del Estado peruano. Gobernarse y vivir en armonía con la Madre Tierra, sin explotarla, contaminarla, depredarla. Guardándola para que siga criando a las nuevas generaciones.
 
Tratar de crear organizaciones paralelas a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), continuar acosando judicialmente a sus dirigentes, pretender “disolverla”, hablar de “bandas paramilitares” en la Masacre de Bagua, no contribuye a resolver un conflicto histórico. Por el contrario, lo exacerba y es la aplicación práctica de la doctrina del “Perro del Hortelano” de Alan García y su gobierno.
 
Las responsabilidades políticas –que ni siquiera son mencionadas en el Informe de la Comisión Bagua- empiezan por el propio presidente Alan García y sus entonces ministros, principalmente Mercedes Cabanillas del Interior y Mercedes Aráoz de la Producción, hoy de economía; Yehude Simon, que presidía el gabinete ministerial, y Javier Velásquez Quesquén, entonces Presidente del Congreso que provocadoramente postergó una y otra vez el debate de la derogatoria de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos y hoy preside el Consejo de Ministros.
 
Los decretos legislativos no se derogan, las mesas de diálogo con el gobierno no resuelven la plataforma de los pueblos indígenas. Y el Estado sigue haciendo oídos sordos a las observaciones y recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas que se han pronunciado sobre el tema. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), ha dicho oficialmente:
 
“El Comité insta al Estado parte a seguir las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. James Anaya, tras su visita al Perú y proceda a implementar con urgencia una Comisión Independiente para una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial, que cuente con representación indígena. Recomienda también que los resultados de esta Comisión enriquezcan las discusiones que ya está llevando a cabo Perú sobre la Ley de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas en Materia Ambiental y los reglamentos sobre el tema existentes para los subsectores minero y petrolero presentados por el Ministerio de Energía y Minas. El Comité aguarda ser informado de las gestiones, la constitución, los resultados, las conclusiones y recomendaciones de dicha Comisión (…)”.
 
Es necesario recordar que el Relator Especial James Anaya recomendó que esa Comisión Independiente cuente con veedores internacionales. Y la Comisión que a fines del año pasado emitió su cuestionado informe ni fue independiente, porque la mayoría de sus miembros son ex ministros del APRA o están ligados al gobierno, ni contó con veedores internacionales.
 
El CERD ha recomendado también:
 
“Que se continúe impulsando con urgencia la aprobación de una ley marco de pueblos indígenas del Perú, que englobe a todas las comunidades, intentando equiparar y armonizar los términos para asegurar una adecuada protección y promoción de los derechos de todos los pueblos indígenas”.
 
“Que el Estado parte lleve a cabo un proceso participativo e incluyente para llegar a determinar cuál es la visión de Nación que mejor representa a la diversidad étnica y cultural de un país tan rico como el Perú, ya que una visión compartida e incluyente puede orientar el camino del Estado parte en sus políticas públicas y proyectos de desarrollo”.
 
Otras recomendaciones del CERD que siguen siendo desoídas por el gobierno de Alan García son la promulgación de una Ley de Consulta y una Ley de preservación de las lenguas originarias.
 
En resumen, el conflicto continúa latente porque las causas históricas subsisten, las demandas de la movilización amazónica no han sido atendidas, persiste la criminalización y estigmatización de los pueblos indígenas, se está “policializando” el debate para evadir las responsabilidades políticas y el gobierno de Alan García no tiene la más mínima atención de emprender medidas políticas como las recomendadas por el CERD para resolverlo.
 
Estas son las tareas pendientes y las organizaciones indígenas, el conjunto de movimientos sociales y los organismos de derechos humanos debemos continuar presionando para que se realicen, sin caer en maniobras distractivas y encubridoras.
 
Una vez más la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, subraya que los conflictos políticos necesitan soluciones políticas. Si el CERD ha recomendado una Ley Marco de Pueblos Indígenas, señalamos que la salida es dar carácter de Ley Orgánica a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Si ha recomendado “determinar cuál es la visión de Nación que mejor representa a la diversidad étnica y cultural” del Perú, reiteramos nuestra convocatoria a construir un Estado Plurinacional. E insistimos en constituir una Comisión Investigadora realmente independiente y con veedores internacionales.
 
Los proyectos de ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado y de preservación de las lenguas originarias, continúan esperando su debate en el Congreso: hay que hacerlo ya. Todo esto sin olvidar la derogatoria inmediata de los decretos legislativos del TLC aún vigentes y el cese de la criminalización de los pueblos indígenas y de todo el movimiento social.
 
Por las consideraciones planteadas y por la carencia de independencia del Informe emitido, amerita ir a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos, para exigir el cumplimiento de las recomendaciones del CERD y constituir una Comisión Internacional para esclarecer los hechos y exigir la sanción a los responsables.
 
Lima, 12 de enero de 2010.
 
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI
 
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina