El diálogo requiere básicamente coherencia, responsabilidad y espíritu de democracia en un estado plurinacional y garante de derechos.
 
Las democracias reales, aquellas donde el poder radica en el pueblo soberano, tiene en Ecuador aún la barrera de no definiciones frente a los derechos y obligaciones de un estado que es esencialmente plurinacional. Este carácter garantizado en el artículo 1 de la Constitución Política, deberá reflejarse en todos los niveles, fundamentalmente en los procesos de adopción de decisiones y en el diseño e implementación de políticas públicas.
 
 Las culturas, los valores, las formas de gobierno y las democracias, evolucionan en su conjunto. No son estáticas y este es el desafío del Ecuador del que hacemos parte una serie de Nacionalidades y Pueblos. El convencimiento de que el poder está en el pueblo, tiene que ajustarse a una realidad: somos plurales y diversos. En esta perspectiva, debe asumirse sin prejuicios arcaicos y anacrónicos que en Ecuador, el poder está en el mandante del que hacemos parte los pueblos que hacemos el Ecuador plurinacional. Entendiéndose por Pueblos, a los afro ecuatorianos, montubios, indígenas, mestizos, de los que hacemos parte hombres, mujeres, ancianos, niños, trabajadores, estudiantes, campesinos, los excluidos y las víctimas del sistema neoliberal, artistas, comerciantes, obreros, profesores, empresarios honestos, los migrantes y sus familias.
 
La alusión de la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, por la que se sugiere que la CONAIE tiene una posición de chantaje, es absolutamente errada, carece de fundamento y le auto impone la tarea de profundizarse en el conocer y reconocer lo que implica el Ecuador plurinacional. Además, nos impone a todos la obligación de fortalecer mecanismos garantes de una democracia real, de derechos, de responsabilidad y coherencia.
 
En Copenhague, las voluntades mundiales procuran responder al llamado de la ONU para enfrentar a las amenazas para la vida del calentamiento global y el cambio climático. En Ecuador, vivimos y enfrentamos la llamada “crisis energética” sin aceptar que ella es el resultado de falta de políticas coherentes en materia ambiental, económica, social. Devastamos los bosques primarios en índices alarmantes a nivel nacional e imponemos monocultivos, lo que es profundamente irresponsable pues se ha roto y se atenta contra el ciclo de agua, la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y se destruye la vocación agrícola de la tierra. La gente no come ni pino, menos aún ciprés, peor teca, palma africana, caña de azúcar.
 
 Se han constatado en el país, gravísimos daños ambientales y sociales como la calificada por expertos como la peor hecatombe ambiental dada en la Amazonía, la que se dio en la Amazonía Norte del Ecuador, luego de más de 30 años de extracción de petróleo. Los daños al Manglar, han merecido de la ONU el calificativo de la tercera catástrofe ambiental y en Ecuador se ha destruido el 70% de Manglar y se regularizó las camaroneras responsables de ello, que en un 90% venían funcionado de manera ilegal, en la total impunidad; nada raro si la actual Ministra Aguinaga era abogada de una poderosa camaronera que ha generado graves daños ambientales y sociales en Esmeraldas del Norte.
 
 El reclamo y exigencia de la CONAIE, en los diálogos es: una actitud de coherencia, responsabilidad y determinada por una democracia real plurinacional.
 
 Censuramos y rechazamos las inculpaciones de chantaje y reivindicamos firmemente el carácter responsable y coherente de nuestra posición. Responsable porque debe decirse al país que el agua fue privatizada en un 70% y que no hay signos confiables de que se prevea revertir una realidad que es contraria a derechos fundamentales. Obvio que las concesiones no fueron hechas en su mayoría por este régimen pero si está en su poder el revertirlas. El agua, por su carácter estratégico, jamás debe estar en manos privadas y esto no lo dice la CONAIE sino lo recomienda el Consejo de lo Económico y Social de la ONU, a lo que Ecuador le debe respeto obligatorio.
 
No es chantaje, el exigir coherencia pues de una parte se levanta el discurso de querer mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní como una iniciativa innovadora para luchar contra el calentamiento global y garantizar los derechos de los Pueblos en Aislamiento Tagaeri y Taromenane, y de otra, se impone la expansión de las fronteras petroleras hacia el Sur de la Amazonía, donde viven los Pueblos Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoas, Kichwas. Insistimos en que el derecho a la vida de los Pueblos en Aislamiento debe ser garantizado desde el Estado independientemente de si hay o no la disponibilidad de la comunidad internacional para alimentar el fondo que el gobierno espera reunir. La vida no tiene precio y el derecho a ella de los Pueblos Tagaeri y Taromenane debe ser garantizado sin cuestionamiento alguno y la vida de estos pueblos está condicionada a sus territorios donde ya hay plataformas petroleras.
 
 Si podría asociarse a chantaje, el discurso del Presidente cuando afirmó que los Pueblos Indígenas no tendremos luz, ni salud, ni escuelas, si no se deja imponer el extractivismo petrolero y minero en nuestros espacios de vida espacios de vida donde habitamos. Creemos que no es chantaje sino falta de información y mala asesoría pues en Amazonía Norte, allí de donde se ha extraído el petróleo por más de 30 años, existen las peores índices en educación, salud, servicios básicos, exclusión. El extractivismo no ha sido la solución para el país y es este modelo que lo cuestionamos,
 
No es chantaje el exigir que a la par de los diálogos CONAIE-Gobierno Nacional, haya decisiones coherentes y responsables y no es muestra de ello el seguir concesionando ecosistemas fundamentales tanto en Sierra, como en Costa y en Amazonía. No es coherencia el seguir permitiendo el ingreso de empresas petroleras extranjeras canadienses en la Provincia del Napo y Pastaza, al margen de derechos fundamentales. No es chantaje el exigir el retiro inmediato de las empresas y la suspensión de actividades de prospección hechas en el seno mismo de comunidades Wankavilkas de Guayas y Santa Elena, atentando contra la vida e integridad de hombres, mujeres y niños, de manera irresponsable y criminal y sin que ello sea menos grave porque está vinculado a la empresa nacional petrolera de Venezuela. Los poderosos explosivos que pueden demoler un edificio de 5 pisos, están a pocos metros de casas humildes, de tierras cultivables, de caminos, en comunidades indígenas Wankavilkas de Guayas , tal como fue denunciado al Relator de la ONU para los derechos y libertades fundamentales indígenas que visitó Ecuador hace una semana solamente.
 
Nuestra posición ha sido y es de responsabilidad con los derechos de la naturaleza, con los derechos de la sociedad ecuatoriana que tiene derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, con los derechos delas generaciones futuras, con los de la naturaleza, con los de la niñez y adolescencia, con los de los negros, de los montubios, de los grupos excluidos del poder, los trabajadores, los maestros, los estudiantes, para quienes, el extractivismo de los últimos 30 años no ha significado derechos, menos aún democracia y peor, justicia social.
 
Entonces, el diálogo no está cuestionado como principio y práctica. Más aún, nos ratificamos en su carácter obligatorio, con principios, coherencia, ética y responsabilidad. En consecuencia, debe mantenerse pues las Nacionalidades y Pueblos somos profundamente democráticos y creemos en el espíritu de ella. Debe recordarse que como CONAIE, siempre hicimos llamados al diálogo real, a la concertación nacional y a velar por la democracia plural, plurinacional, de derechos y responsabilidades. Es imperativo conjugar y hacer coincidir el pensamiento, con la palabra y las acciones. Debe haber diálogo con objetivos concertados e indicadores medibles
 
Consejo de Gobierno de la CONAIE.