En Risaralda, “mueren niños todos los días y eso no le interesa al gobierno, ni a los medios, ni a la sociedad colombiana, nosotros ya no nos sorprende que ahora quieran activar alarmas por la reciente muerte de un niño en Armenia”, asegura una líder indígena de Risaralda, quien todos los días en distintas comunidades recibe noticias como esta.
 
 En Barranco Minas, Guainía, 39 menores han muerto, en lo corrido del año, por pésima prestación de salud, denunciaron las autoridades indígenas de la zona. http://www.onic.org.co/actualidad.shtml?x=36438
 
 Un reciente informe de la Diócesis de Quibdó asegura que se volvió un hecho cotidiano la muerte de niños (as) indígenas emberas por enfermedades prevenibles y curables como diarrea, desnutrición, bronquitis, entre otras. También hay mujeres embarazadas que “por complicaciones en el momento del parto mueren por falta de una debida atención”.
 
 Por su parte el Consejo Regional de Autoridades Indígenas de Risaralda, CRIR, advierte que los niños embera presentan el índice más alto de mortalidad por desnutrición, en Colombia; “pero no hay acciones concretas por disminuir, ni bajar los índices, ni siquiera cumpliendo lo reglamentado en la ley 691 de 2001 (que reglamenta y garantiza el derecho de acceso y la participación de los pueblos indígenas en los Servicios de Salud, en condiciones dignas y apropiadas, observando el debido respeto y protección a la diversidad étnica y cultural de la nación)”[1].
 
 La situación de desnutrición, pobreza y abandono estatal que afecta casi a todas las comunidades indígenas embera del país -Chocó, Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío-, evidencia la precaria o nula atención (obligación constitucional) del gobierno en materia de salud, alimentaria y humana.
 
 Los indígenas son afectadas no sólo por falta de atención, sino también porque no existe claridad en las formas de afiliación al sistema de seguridad social y complicación en trámites y gestión.
 
 En Risaralda, por ejemplo, “mueren niños todos los días y eso no le interesa al gobierno, ni a los medios comerciales de comunicación, ni a la sociedad colombiana; a nosotros ya no nos sorprende que ahora quieran activar alarmas por la reciente muerte de un niño en Armenia”, asegura una líder indígena de Risaralda, quien todos los días en distintas comunidades recibe noticias como esta.
 
 La muerte de varios niños entre ellos, Rubén Camilo Nayaza, un niño Embera de 14 meses de edad, perteneciente a una familia desplazada en Armenia, es apenas una muestra de los miles de niños que mueren de hambre y desnutrición en Colombia.
 
 La muerte de este menor, “es la muestra evidente de la falta de programas y políticas públicas en salud y soberanía alimentaria, tendientes a prevenir y atender la desnutrición y enfermedades en los niños y en general en la población indígena. En municipios como Pueblo Rico y Mistrató jurisdicción del Gran Resguardo Embera Unificado del río San Juan, por ejemplo, el Centro de Recuperación Nutricional (un programa de la gobernación de Risaralda junto con el hospital local) atiende apenas unos 30 niños de los 6.000 que conforman el resguardo”, denuncia el Área Jurídica del CRIR.
 
 La situación de desnutrición, pobreza y mendicidad de varias comunidades Embera de varios departamentos contradice el propósito del Programa de Acción Social de “brindar atención diferencial que permita la auto sostenibilidad y evite acciones asistencialistas”.
 
 Varias comunidades Embera que desde hace años han llegado a las ciudades y pueblos del país se dedican a la mendicidad; algunas no se les reconoce siquiera su condición de desplazados. El informe del CRIR denuncia una situación especial, generada por el desempleo y la crisis humanitaria: la Trata de personas con fines de explotación sexual; situación que afecta a algunas mujeres, pues hay quienes sacan provecho perverso de esta situación.
 
 La situación de desnutrición pobreza y muerte de niños por enfermedades prevenibles es frecuente en otras regiones; en Barranco Minas, Guanía por ejemplo, 39 menores han muerto en lo corrido del año, por pésima prestación de salud, denunciaron las autoridades indígenas de la zona. En la Asamblea de Autoridades Indígenas del Guainía y Vichada[2] se estableció la responsabilidad del gobierno en la crisis en salud que padecen las comunidades indígenas del río Guaviare sector de este corregimiento, y que sólo este año ha cobrado la vida de 45 personas entre ellos 39 niños.
 
 En la Asamblea se determinó realizar una acción inmediata, con programas de atención a la niñez, familia y tercera edad donde se comprometan instituciones como ICBF, DDS y EPS entre otras. El Ministerio de Protección Social se comprometió a verificar las acciones adelantadas por la Secretaria departamental de Salud frente a la solicitud de la comunidad para los estudios epidemiológicos que puedan resolver o dar un diagnóstico de las muertes causadas hasta el momento.
 
 Causas
 
 En esta apremiante y difícil situación no sólo afecta el conflicto (que el gobierno niega y asegura que por ejemplo en Risaralda ya no existe) sino otras situaciones propiciadas por el desplazamiento a raíz de la presencia de actores armados, multinacionales y otra serie de intereses geo-económicos.
 
 El reciente Informe del Consejo Regional de Autoridades Indígena de Risaralda advierte que este departamento presenta el más alto porcentaje de desplazados, a raíz del conflicto armado y post conflicto que no sólo mata físicamente a los indígenas, sino también los mata de hambre.
 
 A la fecha, el CRIR tiene reportes de que salen desplazados de sus territorios ancestrales, de tres (3) a cuatro (4) indígenas diarios; un promedio de 1300 a 1500 indígenas por mes. Más del 70% de estos desplazados son mujeres y niños. “De acuerdo a Acción Social, regional Risaralda, en el año 2008 se reportaron 65 familias, integradas por 402 personas. En lo que va transcurrido de 2009 (hasta septiembre), 59 familias, 238 personas se desplazaron de su territorio”.
 
 En la región hay fuertes intereses económicos por parte de empresas trasnacionales como la Quedada, sumado el interés del gobierno departamental y nacional por promover la explotación de recursos mineros de la zona, bajo el supuesto de “desarrollo”; “esto ha llevado a que campesinos e indígenas ya no se motiven por cultivar la tierra ya que, ésta, a raíz de la explotación minera ha quedado estéril y no es productiva”, asegura una líder de la región.
 
 La zona donde se encuentran los resguardos emberas es muy codiciada por los grandes yacimientos de minerales que reposan en sus territorio, los proyectos viales y turísticos proyectados, que ha conllevado a una fuerte militarización.
 
 La presencia militar, principalmente, se ha intensificado en los municipios de Pueblo Rico, Undría de Belem, Marcella, Mistrató y Quinchía, zonas que albergan gran riqueza mineral, especialmente oro.
 
 Gran parte del desarrollo de la región, advierte el CRIR, se debe a que este ha sido sustentado con dineros provenientes del narcotráfico. “A raíz de esta situación, también surgieron grupos ilegales al margen de la ley, los cuales se encargan de la seguridad de los cabecillas y que toman posiciones dominantes, dentro de la estructura de los nuevos carteles. Por ejemplo el surgimiento de las Águilas Negras -región del Eje Cafetero-, que incluso cuentan con página de internet e identificación; están, además, perfectamente documentadas por el gobierno Nacional.
 
 De otra parte los gobernantes departamentales y nacionales niegan que haya conflicto en la zona, “con el propósito que no se afecten los megaproyectos mineros, viales y turísticos y la entrada de multinacionales y el turismo, a gran escala, a la zona”, asegura Noraldo Chiripua, Consejero de Derechos Humanos de la Onic.
 
 El gobierno asegura que “Colombia ha tenido uno de los mejores comportamientos en materia turística en los últimos años”, según el Ministro de Comercio Industria y Turismo, Luis Guillermo Plata, quien resalta que en el último año, el crecimiento turístico ha sido de 9%, “muy por encima de otros países latinoamericanos”. (El Espectador, domingo 27 de septiembre, edición No. 34. 784)
 
Sostiene, además, que en la región no hay grupos guerrilleros ni paramilitares, lo cual favorece la inversión turística, pero tergiversa la realidad, pues la zona además de la militarización, hay presencia de grupos guerrilleros, “bandas emergentes”, delincuencia común y paramilitares.
 
 Las constantes y recientes amenazas contra autoridades y líderes indígenas, incluyendo varias mujeres, es una muestra real de la existencia de grupos armados en la región.
 
 Conclusiones
 
 El 85% de niños emberas menores de siete (7) años no se encuentran vinculados al régimen de seguridad social en salud y sólo un 54% de los adultos mayores de 60 años se encuentran afiliados a éste, afectando de manera dramática la calidad de vida de éstas personas, que son las más vulnerables de la comunidad.
 
Gran mayoría de los niños emberas presentan algún grado de desnutrición, “lo que afecta a su vez el crecimiento, el desarrollo físico, emocional e intelectual de éstos y facilita también la adquisición de enfermedades como la tuberculosis, Diarrea, Enfermedad Febril, Parásitos, IRA, EDA, escabiosis, entre otras, y se constituyen en las principales causas de morbi-mortalidad en la comunidad”, concluye el informe de la Diócesis de Quibdó.
 
 En conclusión en gran parte de los territorios indígenas embera no hay programas que garanticen el respeto por sus derechos y su territorio, la pervivencia y la conservación de su tradición indígena, el ejercicio de su autonomía y el respeto por las normas sobre legislación indígena.
 
 En cuanto a atención en salud, si bien algunas comunidades indígenas han sido incluidas en el régimen subsidiado, no hay atención sistemática ni puestos de salud adecuados. Algunos Centros de Salud y hospitales existen pero sin condiciones que garanticen su funcionamiento.
 
 Exigencias al Gobierno
 
 Dada las condiciones de pobreza, hambre, desnutrición y enfermedad que padecen las comunidades actualmente, se requieren acciones del gobierno a priorizar la atención en salud; ésta debe ser rápida y contundente para evitar la desaparición de pueblos por las diversas enfermedades que los aquejan dada la baja de defensas por la desnutrición a causa de la no producción de su dieta alimentaria propia.
 
 La propuesta del CRIR es el retorno de los indígenas que abandonan día a día sus territorios, especialmente de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, donde el conflicto es más agudo. En este sentido se exigen granitas de seguridad y condiciones dignas de atención y retorno de las comunidades, particularmente atención alimentaria y en salud para mitigar las constantes muertes de niños y ancianos en algunos acsos por desnutrición.
 
 Exigimos al gobierno implementar programas tendientes a solucionar la situación coyuntural y estructural que atraviesan nuestros pueblos, particularmente los Embera comunidades enteras, pero sobre todo facilitar las condiciones, medios y mecanismos para aplicar e implementar estos programas.
 
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 [1] Informe presentado por el Consejo Regional de Autoridades Indígenas de Risaralda, CRIR, para Comisión humanitaria. Pereira septiembre 30 de2009.
 
 [2] La Asamblea fue realizada a comienzos de noviembre pasado y contó con participación de los Cabildos adscritos en la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Unión de Indígenas de Guainía y Vichada, ASOCAUNIGUVI