Los modelos de desarrollo económico que han transcurrido desde la época de la conquista hasta la historia moderna del país han tenido impactos en las dinámicas territoriales de la población indígena y en sus vidas. No en vano gran parte del Oro que enriqueció a Europa salió de estas tierras. El museo del Oro por ejemplo, es el vestigio de que estas tierras desarrollaron minería desde antes del descubrimiento y la conquista. La gran codicia del Dorado tuvo en Colombia el mejor escenario.
Lo que hace algunos años había sido una amenaza del modelo de desarrollo económico neoliberal en Latinoamérica para cambiar y controlar los usos del suelo y la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables ha comenzado a ser una realidad y a tener efectos directos en detrimento de los derechos culturales, ambientales, humanos y territoriales de las comunidades que habitan territorios considerados estratégicos. Los indígenas estamos más amenazados que nunca con la voracidad del mundo desarrollado por recursos y materias primas.
Desde los años 40 y 50, diversos estudios animados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo sirvieron para publicitar, ofertar, acordar y diseñar acuerdos comerciales y planes de intervención e integración económica para el hemisferio. Desde entonces los países que tienen mayores intereses comerciales en la región como Canadá, Suiza, Gran Bretaña y Estados Unidos principalmente, han venido cooperando técnica, financieramente en asuntos de infraestructura, ordenamiento del suelo y transformación de los sistemas normativos y jurídicos internos de los países del Sur y el Caribe con el objetivo de promover a corto y largo plazo el modelo desarrollista basado en la explotación de recursos naturales y producción de materias primas.
Una de las características del ajuste de los Estados a ese modelo desarrollista fue que todas las reformas se incorporaron un excelente catalogo de derechos como fue la constitución política de Colombia de 1991. Ese conjunto de leyes blandas han abierto las decisiones de pueblos y organizaciones a la explotación de territorios y recursos (como ha ocurrido en diferentes casos con la consulta previa). En el caso de nuestro país, la guerra y el desplazamiento han facilitado en gran parte esos propósitos. Es necesario recordar que mientras se implementaba el desmonte de las economías de los Estados se reconocían derechos y garantías (En 1991 se dio la apertura y se aprobó la constitución).
Posteriormente el Estado colombiano desarrolló otros catálogos de derechos que desvirtuaban el disfrute de estos ya que los recursos renovables y no renovables que antes eran de la Nación es decir de todos los colombianos paso a ser del Estado Colombiano y estos cambios estructurales permitieron que las empresas que antes eran nacionales con regulaciones estatales todas cambiaran, y las empresas publicas los principales renglones de la economía y los principales recursos naturales renovables y no renovables comenzaron a privatizarse. Prueba de esa estrategia son las fracasadas ley Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural, Los encadenamientos productivos, la ley de Hidrocarburos y especialmente el Código de Minas o ley 685.
El código minero y los territorios indígenas
Colombia desde hace pocas décadas pasó de depender de las exportaciones de café, el banano, textiles y las flores a los recursos mineros. El tema minero en Colombia, se impuso en la economía con la aprobación de la ley 685 de 2001 o Código de Minas. A partir de su vigencia se constituyeron 31 distritos mineros para el aprovechamiento de diferentes tipos de minerales y se dieron numerosos estímulos legales, financieros, políticos e incluso armados para que se saquen adelante proyectos de prospección, exploración y explotación minera. Frente a esta visión, se contrapone el profundo arraigo territorial de una población indígena, campesina y afrocolombiana.
En la actualidad según datos de Ingeominas y la investigación realizada por el Centro de Cooperación al Indígena - CECOIN en el año 2008, el 65% de las concesiones mineras que se están otorgando dentro de estos distritos mineros son territorios ancestrales pertenecientes a comunidades indígenas y comunidades afrocolombianas, las cuales históricamente han padecido el avasallamiento cultural y han estado expuestas a la violencia política que se ha desarrollado frente a sus pueblos. El Estado colombiano, sin consideración alguna decide ofertar derechos territoriales y económicos de estas comunidades imponiendo una economía de extractivismo a gran escala que va en contra de los derechos de estos pueblos , afectando su salud, su vida, sus instituciones políticas, el disfrute del medio ambiente sano y conllevando a la desintegración cultural de estos pueblos.
La avanzada de las empresas mineras transnacionales
Con la ley 685 de 2001, las antiguas licencias de exploración y explotación fueron transformadas a “contratos de concesión” que permite pasar de una etapa a la otra sin otros requerimientos, se eliminó la obligación de licencia ambiental para la fase exploratoria, se incluyeron como áreas susceptibles de explotación las zonas de reserva ecológica, y se autorizó la explotación privada de minerales estratégicos.
Detrás de todo esto estuvieron empresas mineras multinacionales que pusieron los recursos para sacar el Código de Minas. Sintraminercol, el sindicato de la estatal Minercol, hoy liquidada– demostró en su momento en el Tribunal Permanente de los Pueblos que la agencia estatal canadiense CIDA, en consorcio con CERI –una ONG constituida por las multinacionales–, algunos funcionarios del gobierno colombiano, y las empresas cementeras, proyectaron e hicieron aprobar el nuevo Código. Dice el fallo del Tribunal, recogiendo la denuncia: “En especial, se denunció que el proyecto de Código de Minas de 1996 ha sido elaborado por la abogada de la Multinacional Conquistador Mines, que tenía y tiene intereses en las minas de oro del sur de Bolívar, que la Ley 685 de 2001 haya sido proyectada, asesorada y reglamentada por los abogados de las compañías Cementeras Holcim, Cemex y Ladrillera Santafé, que abogados de las transnacionales petroleras hayan hecho la nueva legislación del sector, cambiando de paso toda la estructura en materia ambiental, en materia impositiva y de inversión extranjera, que para ello han tenido la “ayuda” de la agencia de cooperación de Canadá y de empresas con asiento en este país que hoy son beneficiarias de más del 60% de los nuevos contratos mineros y petroleros, lo que evidencia un grave sometimiento de lo publico a lo privado (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2006)”
Otras denuncias del sindicato de Mineros de Colombia -Sintraminercol incluyen a Cementos Argos. La Corona Goldfields e Ingeniesa S.A. ya habían participado en el intento de reforma del Código en 1996. Con la nueva norma se verificó un “incremento importante de la contratación minera, al pasar de un promedio semestral de entre 80 y 100 títulos expedidos e inscritos en el Registro Minero Nacional. antes de la expedición del Código, a más de 400 después de su expedición y la la producción de oro se disparó de un poco más de 20 ton, a más de 46 ton, la de plata de 6,9 ton a más de 9,5 ton, y la de platino de 661 kg a más de 840 kg. En términos de valores, tras la reforma las exportaciones de oro de dispararon de US$94 millones en 2002 a US$588 millones en 2003, cifra que se ha mantenido hasta el presente; igualmente, el valor de la producción de minerales metálicos pasó de $388 mil millones a $669 mil millones (UPME 2008).
Apenas dos zonas mineras indígenas se encontraban registradas, pero los contratos, licencias, permisos y autorizaciones vigentes cubren un área de 2 millones 927 mil hectáreas. Las solicitudes presentadas y en trámite pueden superar fácilmente los 30 millones de hectáreas; solo los distritos mineros establecidos cubren un total de más 15 millones de hectáreas. A la multinacional Kedahda S.A. le han asignado la mayor parte de los contratos y licencias mineras de todo el país, que cubren 435 mil hectáreas de los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Quindío y Tolima, la mayor parte de ellas para explotación de oro, plata, molibdeno, cobre, zinc y otros concesibles preciosos. Esto ha ocurrido pese a las denuncias que se han hecho por su vinculación con violaciones de derechos humanos. Esta sola empresa, entre miles de concesionarios, concentra el15% de los títulos mineros.
Le siguen en extensión de áreas asignadas, Acerías Paz de Río, Cerromatoso S.A., Carbones del Cerrejón, James Valdiri Reyes (representante de Fox Sport en Colombia y apoderado de la Muriel Mining Corporation), Mineros S.A. (antes Mineros de Antioquia S.A., que desarrolla la mayoría de sus actividades en el bajo Cauca), Germán Rubio Maldonado representante de Sociedad Coal Corp. Colombia), Drummond Ltda., Cementos del Caribe, Minerandes, Greystar Resources Ltd. y la Muriel Mining Corporation. Estas once empresas y contratistas, junto con la Kedahda, concentran el 50% de la extensión total de los contratos de concesión. Excluyendo la industria del carbón y los materiales de construcción, la participación de la Kedahda en el total del territorio colombiano entregado a las mineras representa más del 33%. Sólo en los departamentos del Chocó y Antioquia es concesionaria de 236 mil hectáreas en producción aurífera y de otros metales preciosos.

El 63% de las extensiones concedidas para metales preciosos han sido entregadas a solo seis empresas (Kedahda, Cerromatoso, Mineros S.A., Germán Rubio, Mónica Uribe Pérez y la Greystar Resources Ltd.), mientras 242 concesionarios menores solo tienen el 20% (tabla 3). Las concesiones de carbón se concentran en un 42% en las primeras seisempresas (Carbones del Cerrejón, James Valdiri Reyes, Drummond LLC y Drummond Ltda., Acerías Paz del Río y Minerandes), mientras el 41% de las concesiones de materiales.
Los derechos ganados están en retroceso

Los pueblos indígenas y negras de Colombia recibimos un mensaje de esperanza cuando la constitución política de 1991 determinaba, junto a la territorialidad colectiva de los pueblos indígenas (resguardos), el derecho al reconocimiento de la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras de asentamiento tradicional (La ley 70 de 1993 y el decreto reglamentario 1745 de 1995). Simultáneamente a la culminación de un histórico proceso de reconocimiento constitucional de derechos territoriales negados durante siglos, la población rural, campesina, afro colombiana e indígena sufrieron la abrupta irrupción de fuerzas externas interesadas en impedir que esos derechos se lleguen hacer efectivos en lo cotidiano.
Según investigaciones de diversas fuentes (relatorías de Naciones Unidas, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Constitucional, misiones de verificaciones internacionales, informes de derechos humanos) la mayoría de estos planes de desarrollo en Colombia afectan directamente a la población rural y particularmente a las comunidades indígenas y afrocolombianas. En regiones como el Pacífico en donde por metro cuadrado se encuentran de 2 a 5 planes de intervención en materia de infraestructuras y explotación de recursos de diferente índole como mineros, marinos, petroleros, madereros, de oxigeno, hídricos, energéticos, ganadería extensiva, turismo, agro combustibles, entre otros y eso ha conllevado que desde el año 2004 el INCODER no haya resuelto 400 solicitudes de las comunidades indígenas y negras en materia de constitución, ampliación y saneamiento de resguardo.

Los pueblos indígenas en Colombia están viviendo una segunda conquista y colonización armada que está entrando a saquear los territorios, presionando los procesos de consulta previa por vía de la militarización y la cooptación de líderes y el desconocimiento deliberado de los derechos constitucionales. Según fuentes de Ingeominas existen 304 resguardos que se encuentran dentro de los distritos mineros dentro de los cuales se están otorgando títulos mineros para la exploración y explotación de diferentes minerales.
También se reporta que en el 2009 en Colombia, principalmente en la zona del Pacifico y la Amazonia Colombia existen comunidades afectadas por la explotación Minera ilegal realizada por empresarios brasileros y ecuatorianos y personas impulsadas presuntamente por parte de los grupos armados.
Impactos de la minería sobre el ambiente, la salud, la cultura, la organización.
Una empresa minera a cielo abierto canaliza todas las fuentes de agua de la región y gastan en una hora según datos de estudios de OXFAM en Centroamérica, lo que una persona se gasta de agua toda la vida. Además la separación del oro se hace con cianuro por lo que las comunidades pesqueras que dependen de los ríos, ven afectadas sus vidas.
Los proyectos mineros hacen cambios irreversibles que sacan las comunidades. Cerromatoso por ejemplo, acabó una montaña y acabó el río Uré y está acabando los embera del Alto Uré en el San Jorge. El Bajo Cauca antioqueño quedó destruido y de manera irreversible por la minería.
Otro aspecto grave es la duración de la explotación. Como puede una comunidad resistir a un proyecto minero de 10, 20 e incluso 50 años en su territorio?
Es necesario recordar lo que puede hacer un proyecto minero en un pueblo a partir del caso del pueblo Embera, el cual ha tenido antecedentes desastrosos con las explotaciones mineras que ha desintregado la cultura de estas comunidades (caso alto Andágueda, donde hubo 400 muertos y un masivo desplazamiento). Ahora, más de 530 mil hectáreas contratadas con particulares en territorios indígenas son zonas de exploración y explotación de oro, plata, platino, molibdeno, cobalto, asociados con cobre y cinc.
Las concesiones auríferas que afectan a los pueblos indígenas se concentran especialmente en Antioquia, Córdoba, Chocó, Caldas, Risaralda, Huila, Tolima y Cauca, aunque en Nariño y Valle también se han asignado porciones significativas. Y al igual que el conjunto del país, la Kedahda, Mineros S.A.,Cerromatoso, la Muriel Mining Corporation, Bateca Seca S.A., Mónica Uribe, Minerales del Darién y James Valdiri, son los principales concesionarios.
Mientras las autoridades persiguen a la minería ilegal con el decomiso de dragas para la explotación ilegal de oro en departamentos como el Chocó como ocurrió hace unos días, las empresas formales que siguen los lineamientos establecidos por la legislación, se quejan porque -paradójicamente- la falta de coordinación interinstitucional para sacar adelante proyectos legales, se ha convertido en semillero para la informalidad. Este es el caso de la firma La Muriel Mining Corporation, una compañía minera de origen estadounidense y socios canadienses que busca el que sería el más grande yacimiento de cobre del país, en la región del Carmen del Darién (Chocó), el cual se conoce como Mandé Norte. La minera, que también tiene operaciones en Perú, prácticamente tiene paralizado desde comienzos del 2009 éste que es considerado uno de los proyectos económicos más importantes para el desarrollo de esa región, en el cual se harán inversiones superiores a los 20 millones de dólares.
Un hecho preocupante son los impactos políticos negativos que están ocurriendo entre comunidades indígenas sobre los beneficios de la intervención minera de la Muriel Mining en el Chocó.
El caso de la Muriel no es el único y le sigue los pasos a las dificultades que ha tenido el proyecto de oro de La Colosa en Cajamarca de Anglo Gold Ashanti cuya autorización para sustraer un área de reserva forestal se encuentra pendiente de aprobación desde hace varios meses por parte del Ministerio de Ambiente, a pesar de que se han allegado todos los documentos y estudios requeridos. Un problema similar le ocurre a la compañía canadiense Cosigo Resources, que tiene un proyecto para buscar oro en Vaupés y aún no comenzado los trabajos de exploración los cuales son básicos para decidir si de desarrolla el proyecto. La Muriel tiene nueve títulos mineros en el Registro Nacional, para la explotación y producción de cobre, oro y molibdeno en Carmen del Darién (Chocó) y Murindó (Antioquia)
Colombia en la mira de las grandes multinacionales
También es sabido las movidas de las empresas con los tratados de Libre Comercio. La Sociedad Khedada, por intermedio de abogados de la firma Parra, Rodríguez & Cavalier, está actuand como instancia de consulta por parte del sector privado en el Equipo para las Negociaciones Comerciales del Tratado de Libre Comercio( TLC). Este TLC que finalmente se está negociando con Canadá.
Los movimientos de las compañías mineras no paran en el país, considerado ahora como la gran reserva minera del continente. La canadiense Medoro Resources Limited anunció la firma de un acuerdo para adquirir todas las acciones en circulación de la compañía británica Colombia Gold, cuyos principales activos son los derechos mineros sobre una concesión llamada Echandía. Dicho contrato minero se encuentra en la montaña de Marmato. Por su lado, otra canadiense, Galway Resources, reveló la adquisición a varios dueños de terrenos que abarcan 335,6 hectáreas en el municipio de California, en el departamento de Santander, con el fin de explorar descubrimientos de oro y otros metales preciosos. La propiedad está ubicada a 1,5 kilómetros del proyecto La Bodega (La Ventana) y 3 kilómet