Invitamos al Mundo entero para que condenemos ética, moral y políticamente a los responsables de la masacre contra el pueblo Awá; hacemos un llamado a los entes de justicia para que establezcan quiénes fueron y qué móviles hay detrás del etnocidio contra la pervivencia de este pueblo ancestral.
 
El Sistema de Información e Investigación Indígena de la Onic, Sico, se une al repudió que ha generado este acto demencial y espeluznante cometido contra el Pueblo Awá. Saludamos fraternalmente a los familiares y amigos de los 12 hermanos asesinados e invocamos a los espíritus ancestrales para que cese la horrible noche de violencia que se ha desatado contra nuestros pueblos y particularmente contra los Awá.
 
Quizá los espíritus ancestrales sean los únicos que ayuden a proteger la vida y el territorio ancestral, pues las instituciones y autoridades del Estado colombiano, incluyendo su gobierno no muestran ningún interés en hacerlo. Sentamos nuestra voz de rechazo contra quienes hayan cometido tan atroz Crimen de Lesa Humanidad y pedimos que haya una condena ejemplar. A todo el Pueblo Awá nuestra solidaridad y nuestros votos de paz y fortaleza. 
 
Invitamos al Mundo entero para que juntos condenemos ética, moral y políticamente a los responsables de esta masacre; esperamos y le hacemos un llamado a los entes de justicia a que establezcan quiénes fueron y qué móviles hay detrás de este etnocidio para que se juzgue y no quede en la impunidad este atentado contra la pervivencia de este pueblo ancestral. Con este propósito la ONIC aporta algunos antecedentes y datos que evidencian por sí mismos hacia dónde orientar la investigación y quiénes pueden ser los responsables.
 
 
Nueva masacre contra el pueblo awa: crónica de un etnocidio
Hoy en el marco del conflicto armado que flagela y devasta al país el Pueblo Awá del departamento de Nariño vive una profunda crisis humanitaria de proporciones inimaginables. Ello evidencia la política de exterminio social, político, económico, cultural y territorial que propician los actores armados en disputa en esa región de frontera. 
El país debe hacer memoria de los hechos acaecidos el día 04 de febrero de 2009, fecha en la cual se perpetró una masacre por parte de la guerrilla de las FARC la cual fueron asesinados 12 indígenas del pueblo Awà.
 
Esto acentúa en toda su dimensión la crisis humanitaria que atraviesa el pueblo Awá debido a diferentes factores de orden público que se desarrollan en esta región: disputas territoriales por parte de grupos armados legales e ilegales; incremento de campos minados, por esta causa han muerto varias personas y otros han quedado mutilados; otro de los impactos tiene que ver con los megaproyectos; cultivos de uso ilícito, acompañados de fumigaciones indiscriminadas y erradicaciones manuales acrecentando con ello los desplazamientos masivos, la  crisis alimentaria y de salud y, son aspectos que evidencian el recrudecimiento del conflicto armado contra este pueblo originario.
 
Una segunda masacre se originó esta semana, el día 26 de agosto de 2009, en la que fueron asesinados 12 indígenas de pueblo Awá y tres más resultaron heridos por manos criminales; un grupo armado que vestía prendas militares llegó a las 5:00 a.m bajo la figura de encapuchados hasta la comunidad Calbi, Resguardo Indígena El Gran Rosario, municipio de Tumaco y asesinaron a cinco niños, una niña y seis adultos. A raíz de este hecho 15 familias del pueblo tomaron la decisión de desplazarse.
 
 
Hechos que precedieron la masacre
La cadena de actos violatorios contra la humanidad sobre los derechos, el territorio y la autonomía de los miembros del pueblo Awá, particularmente contra la familia de Sixta Tulia García, una de las víctimas de la masacre, que comenzó hace justo tres meses y tres día antes de este abrupto episodio, cuando el pasado 23 de mayo fue asesinado Gonzalo Rodríguez Guanga su esposo.
 
Ese día ella fue separada de su compañero a la fuerza según contó en vida, que unos hombres armados que vestían prendas militares con el rostro cubierto le abordaron a ella y su esposos; a su esposos lo detuvieron y se lo llevaron, a ella le indicaron que se desplazara hacia el kilómetro 80, donde se encontraría con su marido, Luego escuchó unos disparos y seguidamente vio a su marido muerto.
 
Los hechos sucedieron en el kilómetro 80 de la carretera que del corregimiento de la Guacayana conduce al municipio de Tumaco. El cadáver no fue recuperado al instante, sino tiempo después.
 
Posteriormente miembros del Batallón de Contraguerrilla No. 23 del ejército nacional presentaron informe en el que señalaban que al llevar a cabo operación táctica llamada “Mosquetero”, en el Km. 80 de la Guacayana, un “guía” que los acompañaba señaló al señor Gonzalo Rodríguez, como miembro de las FARC, al ser “capturado”, “intento huir y fue dado de “baja” por la tropa del ejército nacional”, según documento del Batallón.
 
Según el documento, los hechos sucedieron en horas de la mañana preparada previamente:
“Esperaron que amaneciera luego el guía indicó a la persona llamada Gonzalo Rodríguez quien es cabecilla del frente 29 de las FARC. De inmediato se da la captura y este emprende la huida tirando el arma hacia la maraña. Los militares logran su captura de nuevo y le ponen en conocimiento los derechos del capturado, junto con la señora y luego los separan; ubican el arma que portaba y lo retienen. En un descuido de los militares el sujeto emprende la huida hacia el sitio donde se hallaba el arma tirada, la coge sale corriendo y empieza a disparar siendo dado de baja por la tropa".
 
Esta versión del ejército “es incongruente” así lo consideró la ONIC, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras personas consultadas; “es absurdo pensar que una sola persona se le haya escapado a una compañía completamente armada”… De todas formas esto evidencia que el ejército reportó al señor Gonzalo Rodríguez como un muerto legítimo y “dado de baja” por los militares.
Sixta Tulia denunció el crimen ante las autoridades; en el momento de ocurrida la masacre del 26 de agosto, ella era la única testigo ante la Fiscalía.

La investigación inicial por estos hechos fue adelantada por la Fiscalía 31 Seccional de Tumaco, que mediante oficio 504 del 28 de mayo del 2009, remitió el proceso penal al teniente de Fragata Carlos Roberto Arango, juez 107 de instrucción penal militar de Tumaco para que prosiguiera la investigación.
 
Los familiares de la víctima presentaron denuncia ante las autoridades indígenas y la Defensoría del Pueblo regional Nariño, que de conformidad con los Art. 15 y 17 de la ley 24 de 1992, solicitó información a varias autoridades entre ellas al comandante del departamento de policía de Nariño, comandante del Grupo Cabal Mecanizado de Ipiales Nariño, director Seccional de Fiscalías y otras que en varios oficios dieron respuesta a algunos de los requerimientos.
 
En algunas respuestas de los mandos militares indicaban, que por los días de la masacre, según su información no tenían conocimiento de que hubiera presencia de tropa en la zona y remitían la solicitud a otra dependencia, Lo anterior contrasta con el documento presentado por el Batallón de Contraguerrilla No. 23 y, coincide con la versión actual donde los militares afirman que el día 26 de agosto, según sus informaciones, no había militares en la zona. (ver documentos Onic evidencia: http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fabbab2d7/Docum...).
 
 
Una publicación improcedente
Como antesala a los hechos de la masacre del día 26 de agosto del año en curso queremos dejar constancia que un día antes de los hechos -25 de agosto- llegó al correo electrónico de la Organización Nacional Indígena de Colombia un comunicado de la Fundación Decide en la cual manifiestan los fines y objetivos de dicha organización...
 
Siendo la 1:00 p.m. un hombre, quién no se identificó, llegó a las instalaciones de la  Onic con  tres paquetes que contenían 30 ejemplares de una  Revista escrita en español  e inglés  titulada: Masacre Awá: Crónica de un genocidio, Denuncia contra las FARC. Acto seguido se le solicitó la carta  de entrega de la publicación y respondió que después harían llegar la remisión de los tres paquetes…
Al abrir la revista nos llevamos la sorpresa que dicha publicación hace fuertes pronunciamientos contra organizaciones defensoras de Derechos Humanos, elogia las “acciones del Estado” para con los pueblos indígenas y hace una síntesis del cúmulo de derechos constitucionales –pero que en la práctica nunca se cumple, incluso hace alusión a un Convenio 167 que nunca existe y que bien podría estar hablando del 169 de la OIT; no aparece la dirección, teléfono, ni tampoco aparecen los créditos de quienes dirigen o gerencian  dicha publicación. Horas después manos criminales actúan con alevosidad contra el pueblo Awá en el municipio de Tumaco.
No obstante, pudimos establecer que esta publicación se realizó en coordinación con la Oficina de Acción Integral del Ejército.
 
 
Acciones de la defensoría del pueblo
Cabe resaltar que el Sistema de Alertes Tempranas de la Defensoría del Pueblo había advertido desde el día 04 de diciembre de 2008 los factores de amenaza  y vulnerabilidad en que se encontraba el pueblo Awá del Resguardo Gran Rosario por el accionar de grupos armados ilegales, informe que fue declarado Alerta Temprana el día 23 de diciembre de 2008 que coordina el Ministerio del Interior y de Justicia[1].
 
En este margen de hechos el Defensor del Pueblo instó a las autoridades competentes a adelantar acciones  para la protección de testigos y familiares de las víctimas de la anterior -febrero, 2009-. La Defensoría Instó a la Fiscalía General de la Nación con el fin de conformar una comisión de Fiscales e investigadores especializados con el fin de esclarecer los hechos  que permitan judicializar a los responsables del crimen.
 
De igual forma, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Agencia Presidencial para la Acción Social con el fin de diseñar un plan de acción humanitaria con enfoque diferencial conforme a especificidades socioculturales con el fin de asistir a las víctimas del desplazamiento del Resguardo Gran Rosario y un plan de prevención y contingencia ante una posible agudización del desplazamiento forzado en el territorio.
 
Finalmente, solicitó al Ministerio del Interior y de justicia la implementación de medidas urgentes de protección al pueblo Awá de acuerdo a lo establecido en el Auto 004 de 2009 expedido por la Corte Constitucional para la preservación y salvaguarda del pueblo Awá.
 
No obstante, es preciso señalar que luego de muchos encuentros (reuniones) y, pese, a las constantes exigencias de las autoridades y organizaciones indígenas han sido pocos los compromisos del gobierno que se han cumplido. Algunos funcionarios de gobierno y el mismo presidente Uribe han expresado, en repetidas ocasiones que: “tenemos toda la voluntad para concertar con los pueblos y organizaciones indígenas y, hemos avanzado en las medidas de protección”.
 
El Centro administrativo de la Unidad indígena del Pueblo Awá ha sido escenario de muchos encuentros entre el gobierno y el pueblo Awá. Con seguridad podremos decir que si en realidad hay avances en materia de protección no hubiera sucedido nuevamente otra masacre como la que ha ocurrido, y ninguno de los anteriores asesinatos que se han venido presentando; pues cada día las comunidades indígenas son más vulnerables por causa del conflicto armado que se desarrolla en la región y que el gobierno se ha empecinado en negar que exista.
 
 
Amenazas y hostigamientos
Como ya se dijo entre las personas masacradas está la señora Tulia García, única testigo sobreviviente de los hechos ocurridos el día 23 de mayo de 2009, en donde fue asesinado su esposo Gonzalo Rodríguez Guanga, hecho que había denunciado responsabilizando al Ejército Nacional. A pesar de haberse advertido las serias amenazas de muerte en su contra, ella continúo denunciando la muerte de su compañero, hasta el día 26 de agosto de 2009  cuando las balas asesinas segaron su vida y con ella su testimonio. 
 
 
Infracciones a los Derechos Humanos del Pueblo Awá
El Sistema Unificado de Información sobre Pueblos Indígenas de Colombia Onic-Cecoin registra que un total de 11.303 indígenas del pueblo Awá han sido víctima sistemática del conflicto armado que vive el país -Ver Anexo 1-. En todas sus modalidades la violencia política contra los pueblos indígenas se refleja en el accionar de distintos actores en el marco del conflicto quienes han desplazado a comunidades enteras, acompañado de otro aliciente  como las acciones bélicas que a lo largo y ancho de la historia de este pueblo indígena el único propósito de los actores armados es su exterminio territorial mediante  todas las formas de degradación de la guerra.
 
La  creciente militarización de sus territorios en el marco de la Política de Seguridad Democrática, también ha complejizado la situación de las comunidades debido a que los grupos armados ilegales responsabilizan a los miembros del pueblo Awá de ser las facilitadores de la entrada de la Fuerza Pública al territorio indígena. Cabe señalar que en los últimos 10 años como consecuencia del conflicto armado se han registrado desplazamientos masivos, e individuales continuos y sistemáticos dentro y fuera del territorio Awá -ver Anexo 2-
 
Por estar ubicado en la frontera se han presentado una serie de migraciones hacia el vecino país de Ecuador, sin que hasta la fecha, el Estado colombiano u otro organismo humanitario hayan establecido las condiciones humanitarias en que se encuentran los indígenas del pueblo Awá refugiados en el vecino país.
 
Se destaca también en este aspecto que en lo concerniente al desplazamiento forzado, en el cual los actores estatales han desplazado en el departamento de Nariño a 6.134 indígenas del pueblo Awá, seguido de los grupos insurgentes con  3.200  y finalmente los paramilitares a 520 indígenas del pueblo Awá –Ver Anexo 3-
 
El año 2009 deja un saldo alarmante en lo que respecta a asesinatos políticos. De 77 asesinatos ocurridos en el año en curso, el Pueblo Awá ha sido la principal víctima  con un saldo de 38 indígenas asesinados. Esto indica que el 49.35% de los indígenas asesinados en Colombia durante el 2009 corresponden al pueblo Awá.
 
ANEXO 1
 
INFRACCIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACI