En Conferencia de Prensa ofrecida en Ginebra, Suiza, CAOI demanda a organismo internacional verificar in situ la sistemática política de discriminación y criminalización de los pueblos indígenas que implementa el gobierno peruano
 
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) ofreció hoy una Conferencia de Prensa en esta ciudad, en el marco de la 75 Sesión del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial de Naciones Unidas, en la cual Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, presentó las observaciones de las organizaciones indígenas al Informe Oficial del Estado peruano a ese organismo.
 
La Conferencia fue ofrecida a las dos de la tarde (hora Local) en el Palacio de las Naciones. En ella, Palacín Quispe precisó que La Masacre de Bagua que el 5 de junio conmovió a la comunidad internacional, fue el punto más alto de la sistemática política de discriminación y criminalización de los pueblos indígenas que implementa el Estado peruano con el objetivo de facilitar las operaciones de las empresas transnacionales extractivas.
 
Detalló que el Informe Alternativo presentado por las organizaciones indígenas prueba que la discriminación y racismo parten del propio presidente peruano Alan García Pérez, a través de sus artículos “El perro del hortelano” y frases como que los indígenas no son ciudadanos de primera categoría.
 
Junto con las pruebas que sustentan la denuncia de las organizaciones indígenas al gobierno peruano por discriminación, racismo y criminalización de la protesta social, el Coordinador General de la CAOI expuso las demandas de dichas organizaciones. Entre ellas, la derogatoria de los decretos legislativos emitidos para implementar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos, que vulneran los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución nacional y los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones.
 
Tal derogatoria es la principal exigencia que motivó las movilizaciones amazónicas de agosto del año pasado y abril-junio de este año, las mismas que fueron brutalmente reprimidas el 5 de junio, con un saldo oficial de 34 muertos, aunque continúan las denuncias de desapariciones e incineración de cadáveres.
 
Las organizaciones indígenas demandan también la derogatoria de los once decretos legislativos que criminalizan la protesta social, emitidos por el gobierno de Alan García Pérez en julio del 2007. Entre los efectos más graves de estas normas están la imposición de carcelería por 25 a 30 años por movilizaciones, la prohibición a las autoridades locales de apoyar las marchas de sus pueblos, y la impunidad para los agentes policiales y militares que disparen y causen muertes al reprimir esas manifestaciones.
 
Junto con la derogatoria de estos decretos legislativos, las organizaciones indígenas exigen que cese la persecución contra los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), tres de los cuales debieron asilarse en Nicaragua, entre ellos su presidente, Alberto Pizango Chota. Palacín Quispe aclaró que la persecución alcanza a más de mil dirigentes de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, procesados judicialmente por defender los derechos de sus comunidades.
 
Un pedido muy importante de las organizaciones indígenas, que también fue formulado por el Relator Especial para Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, luego de una visita relámpago al Perú, es la conformación de una comisión independiente para investigar la Masacre de Bagua, con la participación de veedores internacionales y representantes de las organizaciones indígenas.
 
La CAOI expresó asimismo su solidaridad con Santiago Manuin, quien recibió ocho impactos de bala el 5 de junio, cuando se acercó con los brazos en alto a la policía que iniciaba su arremetida contra los indígenas. Manuin, becario de Naciones Unidas y ganador de premios internacionales por su defensa de la Amazonía, tiene el colon separado del cuerpo y su estado de salud es muy delicado. El 14 de julio, nueve policías fueron hasta el Hospital Las Mercedes de Chiclayo (ciudad del norte del Perú) para intentar trasladarlo a un penal. Felizmente, los médicos de ese nosocomio lo impidieron, pero la orden de captura en su contra sigue vigente.
 
Finalmente, la CAOI solicitó que el Comité Especial para la Erradicación de todas las formas de Discriminación Racial realice una visita al Perú para verificar in situ que el gobierno de Alan García Pérez carece de políticas destinadas a erradicar el racismo y la exclusión; por el contrario, alienta estas actitudes a través de discursos estigmatizadores y la emisión de normas que vulneran los derechos de los pueblos indígenas.
 
 
Hacia la Minga Global en Defensa de la Madre Tierra: 12 al 16 de octubre
 
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina