Habíamos advertido en la Carta Abierta del 19 de febrero de 2009, dirigida al secretariado de las Farc, sobre el plan que tienen sus fuerzas en la zona norte del Cauca contra la organización indígena, para no respetar la libre determinación de los pueblos y para imponerse a través de un régimen militar. Hoy denunciamos públicamente el cumplimiento de una de sus amenazas: el asesinato a sangre fría de uno de los líderes indígenas integrante del Cabildo de Jambaló por parte de milicianos de esta organización.
 
El miércoles 23 de junio a la 1 y 30 de la tarde, cuando el compañero Marino Mestizo con otro comunero se dirigían al Resguardo de Jambaló, en la vía que de Caloto conduce al Palo, en Jurisdicción del resguardo de Tóez, dos encapuchados armados los interceptaron preguntando su identidad; al conocerla bajaron a Marino y amenazaron al otro comunero para que se retirara inmediatamente; a Marino lo llevaron hacia Santa Rita (500 metros fuera de la vía), le amarraron las manos y minutos después lo asesinaron propinándole tres impactos de bala en la cabeza.
 
No fue un acto de guerra: fue un acto cobarde. Tampoco fue una acción política: fue realizada para acallar con terror la investigación y acción de defensa del territorio que la comunidad ha definido frente a los hechos violatorios realizados de manera continua por las Farc y el Estado, pero no tuvo en cuenta que los procesos de lucha de las comunidades indígenas van más allá de las personas.
 
Cuando escribimos la carta pública a las Farc manifestamos claramente nuestro rechazo frente a las acciones que este grupo insurgente realiza en contravía de las decisiones comunitarias y les reiteramos la exigencia de respeto al territorio. En ese momento denunciamos que esconder armamento explosivo en las viviendas de los civiles pone en riesgo la vida de la población, y que la presencia de laboratorios desmotiva a la juventud en sus estudios y los vincula al conflicto social. La comunidad ha manifestado en muchas oportunidades su inconformidad por la presencia de los laboratorios de producción de cocaína en sus territorios. Porque sabemos que a través de éstos se vinculan políticos, militares, paramilitares, grupos al margen de la ley, delincuencia común, que terminan invadiendo la vida económica y social, lo cual contribuye a que se vinculen los jóvenes en la guerra desarrollada entre la extrema derecha y la izquierda armada, generando muertes inocentes dentro de nuestras comunidades, como sucede hoy.
 
La comunidad ha tomado la decisión de sacar estos materiales (explosivos y laboratorios) de sus sitios de vivienda y del territorio, que es nuestra gran casa. Lo hacemos con todos los materiales económicos y de guerra de todos los actores armados, sean legales o ilegales; lo hemos hecho sin darle ventaja a un grupo armado sobre otro, para que no nos acusen de estar involucrados con alguno de los bandos; lo hemos hecho en consultas abiertas con todos los comuneros y comuneras. Es una actividad de armonización, no es un acto de guerra.
 
Esa decisión ha causado inconformidad dentro de los integrantes de las Farc que inmediatamente actuaron mediante amenazas y asesinatos. El asesinato de Marino Mestizo es el “castigo” por ejercer la autonomía.
 
Hechos como estos ponen en duda los planteamientos hechos por Alfonso Cano, comandante de las Farc, en su carta de respuesta a la convocatoria de debate público de marzo de 2009, donde manifiesta haber hecho “un llamamiento a los frentes que operan en zonas de población indígena a recoger en su actividad el espíritu y la letra del sexto punto del programa agrario de los guerrilleros que exige respeto a la organización autónoma de las comunidades indígenas, a sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su organización interna”, posición que en mencionada carta reafirman y reiteran públicamente. 
 
Cabe preguntarnos y preguntarles: ¿El secretariado de las Farc ha perdido su autoridad frente a sus milicias y éstas se han transformado en delincuencia común?, ¿dónde queda la ética de las Farc?, ¿sus milicianos están facultados para hacer negocios sucios?, ¿o tienen la orden de señalar a un comunero porque ha sido interceptado por el ejército para mostrar su identificación? Ya habíamos dicho que la violencia diaria enferma, hace ver como enemigos a la población por no unirse a ninguno de los bandos y nos convierte en blanco de la guerra. Les repetimos: no está dentro de nuestros criterios entrar a formar parte de grupos armados bien sea del Estado o al margen del mismo. ¿Nos van a matar a todos?
 
Al mismo tiempo, las Farc mantienen un interés desmedido de involucrar los procesos de liberación y recuperación de la Madre Tierra que nosotros desarrollamos desde los comienzos de nuestra lucha, en su afán por mostrar un trabajo político que no han realizado. No es verdad que la guerrilla haya sido co-protagonista en la recuperación de tierras y en la reivindicación de nuestros derechos; eso es totalmente contrario a los reales hechos acontecidos en la época de nuestros mayores, quienes tuvieron que buscar medios de protección como el Movimiento Quintín Lame, como defensa no solo ante la persecución de terratenientes y Estado, sino también de los grupos insurgentes -- entre ellos las Farc--, que en su momento defendían al terrateniente que les pagaba la vacuna. Pareciera que ahora defienden al narcotraficante que les paga el “impuesto de gramaje”, y atacan a los indígenas que liberan al territorio de los laboratorios.
 
El Estado no es ajeno a este problema. Porque aplica los mismos métodos y porque a la larga su proyecto político le paga tributo a los terratenientes vinculados al narcotráfico, como se ha demostrado con el proceso judicial a los parapolíticos. Los atropellos por parte de las fuerzas del Estado y los paramilitares son innumerables: sólo en la época reciente, la intención de involucrar la consejería del CRIC en un falso positivo en el asesinato del compañero Edwin Legarda, los asesinatos realizados a raíz de las investigaciones realizadas por la masacre del Nilo, la masacre del Naya de la cual no se reconoció el número real de asesinatos, la Masacre de Gualanday en Corinto y San Pedro en Santander, las constantes desapariciones de comuneros a manos de grupos paramilitares que en su momento se han denunciado. Y al igual que la guerrilla, el Estado criminaliza la autonomía: varios consejeros y comuneros de la guardia indígena han sido acusados de tortura y secuestro por aplicar justicia en el marco de la Minga Indígena y Popular.
 
Entendemos que toda esta agresión obedece a un plan sistemático diseñado desde los emporios económicos trasnacionales, que ven a nuestros territorios como fuente de riqueza. El gobierno ha entregado sin consulta previa y violando la Constitución nuestros territorios a la Kedahda, a Unión Fenosa (Epsa), a los agrocombustibles; impulsa las políticas asistencialistas de familias en acción y familias guardabosques que transforman los derechos en limosnas; paralelo a ello, sigue la instalación de bases militares en los resguardos, mantiene la red de informantes con el propósito de romper la organización colocando a los jóvenes al servicio del sistema militar, implementa brigadas cívico militares para comprar la conciencia de la gente, monta un plan de recompensas para judicializar a líderes indígenas que promueven los actos de liberación de tierras. El Estado ejecuta una estrategia de propaganda para deslegitimar los procesos sociales, genera contradicciones entre campesinos, afros e indígenas, para frenar la adquisición de tierras en la zona plana; impulsa grupos religiosos que satanizan las prácticas culturales; promueve la conformación de organizaciones paralelas orientadas por políticos tradicionales y grupos religiosos con el objetivo de confundir, estigmatizar. Para legalizar el proceso de saqueo e intervención en los territorios, el gobierno adelanta todo un paquete legislativo a favor de las trasnacionales y sus intereses económicos representado en leyes y normas de aguas, páramos, áreas protegidas y bosques, PLAN Colombia, CCAI, en la reforma al Código Minero, en los planes departamentales de aguas y el inconstitucional Estatuto de desarrollo rural.
 
Nunca se había visto un ataque tan sistemático del Estado para destruirnos. La guerrilla dice enfrentar ese modelo; pero nuestra experiencia indica que su guerra es totalmente útil al propósito de las transnacionales y el Estado, porque la guerra en general le sirve a éstos como método de implementación de sus políticas.
 
Contra ese modelo de muerte, los pueblos indígenas ratificamos la necesidad de construir un sistema político con justicia, democracia e igualdad, que respete la libre determinación de los pueblos y establezca relaciones entre pueblos basadas en el respeto, el entendimiento y la solidaridad; un sistema que no acepte la pena de muerte aplicada ni por la extrema izquierda ni por la extrema derecha ni por el Estado.
 
Condenamos el asesinato de Marino Mestizo, cometido de forma cobarde por las Farc. Condenamos todos los crímenes de guerra cometidos por la insurgencia o por el Estado. Pero aunque ambos parecen habernos declarado la guerra, nosotros no estamos en guerra con ellos. Por parte de las comunidades no se han declarado acciones directas contra la insurgencia ni contra el gobierno; solo ejercemos la libre determinación y el derecho al territorio. Con base en esta autoridad, exigimos de manera inmediata se suspendan los asesinatos a comuneros indígenas tanto por parte del Estado como de grupos insurgentes, y los convocamos a realizar diálogos abiertos de salidas al conflicto
 
Sin olvidar y aceptar el Marino Mestizo y de otros crímenes cometidos contra nuestros pueblos, reiteramos la invitación a las Farc para que expresen las condiciones de un debate público con las autoridades y comunidades de los pueblos indígenas, en el cual presenten sus políticas de respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas y hacia los procesos organizativos del sector marginado del país; un debate donde expliquen y den cuenta de sus ataques a la población civil, y donde se comprometan con un código de ética de la guerra; pero sobre todo un debate para que digan cómo es que piensan la salida política al conflicto y cuál es su propuesta de país, porque hace tiempo solo conocemos de su propuesta de muerte. Por nuestra parte manifestamos nuestras posibilidades para dicho debate.
 
Exigimos al gobierno nacional que así como ha realizado “diálogos” con los parapolíticos, se realice un diálogo con las Farc y el ELN en busca de una verdadera paz, que al fin y al cabo la guerra siempre ha sido con la insurgencia. Le exigimos que no utilice el conflicto para favorecer a sus aliados: políticos, militares, paramilitares, narcotraficantes.
 
Nosotros, los indígenas del Cauca, seguiremos construyendo nuestros territorios autónomos, consolidando nuestros gobiernos y defendiendo la libre determinación, que hasta las Naciones Unidas nos han reconocido. Estamos convencidos que esa es la mejor manera de construir la paz.
 
ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA