• Solidaridad con las luchas de Andahuaylas y Sicuani, camino al Paro Nacional del 7, 8 y 9 de julio.
• Alto a la criminalización de las protestas sociales: amnistía para todos los líderes procesados.
• Declaración sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU debe ser adoptada como Ley Nacional.
• CAOI presenta hoy demandas y propuestas de las organizaciones indígenas peruanas a relator especial de la ONU.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, expresó su saludo a la conformación de la Mesa de Diálogo formada para coordinar la solución a las demandas de los pueblos indígenas amazónicos del Perú. Sin embargo, lamentó que esta decisión se haya tomado a costa de decenas de vidas de indígenas y policías, que se hubieran evitado si el gobierno de Alan García y el Congreso la hubieran tomado hace más de un año. Y aclaró que el conflicto amazónico es parte de uno mayor, que afecta al conjunto de pueblos indígenas de todas las regiones y pone en riesgo la soberanía nacional.
“El núcleo del problema está en la exclusión y desconocimiento de derechos de los pueblos indígenas andinos y amazónicos. Lo que se requiere son soluciones a largo plazo, que garanticen el pleno ejercicio de estos derechos reconocidos por tratados internacionales”, señaló Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI.
Como prueba de ello, se refirió a los crecientes conflictos en las regiones peruanas, vinculados a la vulneración de los derechos indígenas. En Andahuaylas, provincia de Apurímac, y Sicuani, provincia de Cusco, se desarrollan huelgas indefinidas en defensa de los derechos indígenas vulnerados.
“Nos solidarizamos con las acciones de protesta de Andahuaylas y Sicuani porque forman parte de la creciente respuesta contra el modelo económico neoliberal que arrasa con nuestros derechos y criminaliza su ejercicio. Todas estas acciones regionales confluirán en el paro Nacional Andino, Amazónico y Popular del 7, 8 y 9 de julio, convocado por el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, del cual forma parte la CAOI”, dijo Palacín.
Las demandas centrales de las comunidades campesinas de la Región Apurímac son el rechazo a las concesiones mineras en la región, impuestas sin consulta previa y ni siquiera diálogo con las comunidades; el rechazo a la concesión de recursos hídricos en la región, derogatoria de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos e instalación de una mesa de diálogo para la reformulación de un plan integral de desarrollo de las comunidades campesinas.
Sicuani, por su parte, ocho meses después de su primera huelga, vuelve a movilizarse contra el incumplimiento del gobierno del acta suscrita el año pasado. En esa oportunidad, el Presidente del Consejo de Ministros prometió que se iba a realizar un estudio de impacto ambiental en la zona del Proyecto Central Hidroeléctrica de Pucará y hasta ahora no se hace.
Para Miguel Palacín, estos conflictos evidencian que el problema de fondo va mucho más allá de la derogatoria de dos o más decretos legislativos inconstitucionales. “Las industrias mineras violentan los territorios y los derechos de las comunidades andinas desde hace más de 25 años, como lo hacen las petroleras en la Amazonía. Y esto se agravó a partir de la imposición en 1993 de una Constitución diseñada por la dictadura de Alberto Fujimori para beneficiar a las empresas transnacionales”.
Aseguró que la población peruana ha comprendido la magnitud y el fondo del problema. “Por ello es que se ha logrado un sentimiento de unidad de las organizaciones sociales que no se veía desde hace más de treinta años, desde el paro nacional del 19 de julio de 1977. La diferencia es que ahora los actores políticos y los liderazgos son distintos, pero la unidad es de todos los sectores”, enfatizó.
En este proceso de unidad, una de las demandas centrales es la Convocatoria a una Asamblea Constituyente, para que una nueva Carta Política reconozca el Estado Plurinacional. En ese camino, la CAOI propone cuatro medidas centrales para garantizar el ejercicio de los derechos humanos, sociales, económicos, ambientales y políticos, así como los derechos indígenas y la soberanía nacional:
1. Derogatoria de todos los decretos legislativos emitidos para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
2. Derogatoria de los once decretos legislativos de la criminalización de la protesta social, emitidos en julio del 2007.
3. Carácter de Ley Nacional a la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
4. Amnistía para los más de mil dirigentes procesados por defender sus derechos.
Todo este conjunto de demandas y propuestas son entregadas hoy por la CAOI a James Anaya, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, en la reunión que el funcionario internacional sostiene con las organizaciones indígenas peruanas.

Lima, 17 de Junio de 2009.
Coordinación General CAOI

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina