Nueva York, Estados Unidos.- El experto de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas José Carlos Morales presenta hoy un informe sobre la vulneración de derechos humanos y derechos colectivos indígenas en el Perú. La decisión fue tomada luego de la reunión que sostuvo ayer  con los dirigentes de las organizaciones indígenas andinas, quienes le presentaron documentos que sustentan esta denuncia.
Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, y Mario Palacios Panez, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), junto con los dirigentes de los demás países andinos, se reunieron también con el Relator Especial para Pueblos Indígenas. Y esperan que la propia ONU haga llegar un llamado de atención al gobierno peruano por incumplir el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU y la Convención de Derechos Humanos.
Las denuncias sobre los once decretos legislativos emitidos por el gobierno de Alan García en julio del 2007 para criminalizar la protesta, el paquete legislativo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que vulnera derechos territoriales indígenas, y los más de mil líderes y dirigentes comunales procesados por defender los derechos de sus comunidades, fueron expuestas ante más de medio millar de delegados indígenas de todo el mundo que participan en la VIII Sesión del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas que se desarrolla en esta ciudad.
Las organizaciones indígenas latinoamericanas: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y Consejo Indígena de Centro América (CICA) están representadas por la COICA y llevan propuestas colectivas a esta VIII Sesión. Ellas presentaron una Declaración que fue aprobada por todos los líderes indígenas que participan en el evento, en la cual se evalúa el Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas proclamado por la ONU, se hacen planteamientos al respecto, y se formula un llamado al Foro Permanente para que inste al Consejo de Derechos Humanos que tome acciones para poner alto a la criminalización de nuestros derechos colectivos.
 
Declaración del Caucus de Abya Yala sobre el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 59/174 del 24 de febrero del 2005, proclamó el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo a partir del 1 de enero del 2005.
Previo a esto, se adoptaron diferentes instrumentos internacionales. En 1989 se adoptó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en 1992 se había suscrito la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, que luego dio lugar al Protocolo de Kyoto, del 11 de diciembre de 1997, por el cual los países industrializados se comprometieron a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases del efecto invernadero, acuerdo que entró en vigor el 18 de noviembre del 2004.
De manera paralela, se debatía la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por fin en septiembre del 2007.
El examen de ambos decenios evidencia la contradicción existente entre los organismos internacionales promotores de la paz y los derechos humanos y las instituciones encargadas del manejo económico. Pues si bien logramos estos  avances para el ejercicio de los derechos de los Pueblos y de la Madre Naturaleza, son también los años de la imposición global del neoliberalismo: el 1 de enero de 1995 nació la Organización Mundial del Comercio (OMC), creada para liberalizar los mercados. Pero el hambre del dominio era tan grande que los propios marcos de la OMC pronto quedaron estrechos y los países poderosos prefirieron negociar tratados comerciales bilaterales.
Durante este segundo Decenio observamos la falta de Cooperación entre las agencias de las Naciones Unidas. Aún no se establece la plena y efectiva participación de los Pueblos Indígenas en el Sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ni en las instancias del Convenio de Diversidad Biológica ni en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha logrado la protección del conocimiento tradicional colectivo e intelectual de los Pueblos Indígenas, mientras avanza el despojo de nuestros territorios y recursos. La FAO se ha negado sistemáticamente a establecer un Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas sobre nuestro Derecho a la Alimentación.
En nuestro continente, como parte de un plan geopolítico integral, el neoliberalismo  trajo también los megaproyectos de infraestructura: el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Y, para proteger todo esto, la instalación de bases norteamericanas en lugares estratégicos de acceso y salida a los recursos naturales, junto con estrategias represivas como el “Plan Colombia”.
El modelo occidental-eurocéntrico capitalista no ha logrado construir  un bienestar para la sociedad y  la naturaleza y hoy nos lleva a la mayor crisis socio ambiental climática de la historia humana. La crisis financiera, económica, energética, productiva agrava el desempleo estructural, la exclusión social, cultural, la violencia racista, machista y la aparición de nuevas enfermedades. Tantas y tan profundas crisis al mismo tiempo configuran una auténtica crisis civilizatoria, la crisis del “desarrollo y modernidad capitalista”, que pone en peligro todas las formas de vida. Esta explotación irracional/opresión produce el calentamiento global que nos lleva al suicidio planetario. 
La pregunta es, entonces, ¿qué normas prevalecen para los Estados? ¿Los instrumentos de las Naciones Unidas y sus organismos? ¿O las reglas de las instituciones financieras multilaterales, la OMC y los tratados de libre comercio? Es justamente en este contexto que los Pueblos Indígenas nos hacemos visibles y vamos conquistando protagonismo político, articulándonos en cada región, en cada país y a nivel continental. Llevábamos ya quinientos años de resistencia, desde la invasión europea a América. Esta crisis nos obliga a reconstituir y reinventar nuevas y diversas opciones de convivencia entre naturaleza y sociedad, democracia, Estado, consumo. Urgen nuevos y urgentes paradigmas de civilización
En consecuencia el Caucus Indígena recomienda:

Revisar la Coordinación de Decenio Internacional, para su modificación y ésta se dé conjuntamente entre el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Foro Permanente.

De la misma manera recomienda revisar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a la luz de la existencia de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para lograr nuestra plena participación y visión en la elaboración e instrumentación de dichos objetivos.

Así como se destinan recursos económicos para salvar a los bancos y a grandes empresas, recomendamos al Foro Permanente inste a las agencias de las Naciones Unidas destinar recursos suficientes para lograr esos objetivos y para sanar a nuestra Madre Tierra.

Recomendamos al Foro Permanente promover una campaña para detener la mercantilización de la vida, alimentos, agua, y sus impactos sociales y ambientales por las industrias extractivas.

Recomendamos a los estados, frente a la crisis civilizatoria, el “Buen Vivir” como una estrategia para el futuro para toda la Humanidad.  Reinventando y articulando  valores, estructuras y paradigmas civilizatorios que incluyan la descolonialidad del Poder y Saber, “Buen Vivir”, Derechos Colectivos, Estados Plurinacionales, Justicia Climática, Autodeterminación de los Pueblos, Autogobiernos Comunitarios, Reciprocidad, Equidad y Complementariedad. Desarrollando prácticas donde la economía y la ecología tiene relación de dialogo con la naturaleza. Desterrando toda actividad que destruye la naturaleza. Hoy los estados están obligados a implementarla.

Finalmente, hacemos un llamado al Foro Permanente inste al Concejo de Derechos Humanos poner alto a la criminalización de nuestros derechos colectivos: cese a la militarización, genocidio, etnocidio, desplazamiento forzoso, confinamiento, estigmatización, amenazas y persecución contra líderes y organizaciones. Y frente a los Estados mono-culturales estructuralmente excluyentes, centralistas, racistas, hechos para la conquista, el saqueo y la acumulación; que desconocen la diversidad de pueblos y de culturas que estamos desde antes de la colonia, planteamos construir Estados Plurinacionales Comunitarios que fortalezcan la democracia participativa en todos los niveles, reconociendo las prácticas de cada pueblo: elección de autoridades, ejercicio del Derecho Mayor, cultura, economía. Garantizando que los bienes de la naturaleza sean para todos y todas, y su uso racional.
 
Nueva York, 20 de mayo de 2009
 
Coordinación General CAOI
 
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina