Amenazas a derechos indígenas en Colombia
Comision De Derechos Humanos
59° período de sesiones
Punto 15 del orden del día del programa provisional
Cuestiones Indígenas
Exposición escrita conjunta presentada por el Centro Europa-Tercer Mundo
(organización no gubernamental con carácter consultivo general) y la
Asociación Americana de Juristas, (organización no gubernamental reconocida
como entidad consultiva especial)
El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que
se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y
Social.
[15 de Enero de 2003]
Amenazas sobre los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de
Colombia
Mientras la inminencia de la guerra contra Irak acapara la atención
internacional, otros conflictos graves pasan a segundo plano. Es el caso
notorio de Colombia, un país sumido desde hace más de 40 años en un guerra
civil que parece incapaz de resolver. En el país sudamericano, cada día
mueren 20 personas, 15 de las cuales son asesinadas en sus casas, sus
lugares de trabajo o en la calle, siempre desarmadas. Desde hace tres años
se vienen produciendo 1.000 desplazados por día. De estas cifras un alto
porcentaje corresponde a miembros de comunidades indígenas: constituyen el
12% de los desplazados, mientras que la población total indígena:
representa solamente como el 0,6% de la población del país(1).
Preocupados por esta situación, las comunidades indígenas en reunión del 22
de agosto después de la posesión del actual presidente Alvaro Uribe Vélez.,
presentaron un documento en el que le solicitaban fijar la política del
nuevo gobierno para el respeto y desarrollo de los pueblos indígenas. Hasta
la fecha no les ha planteado su respuesta por escrito, pero está dando
mensajes claros y expresos de que su gobierno va a continuar con el
arrasamiento de los pueblos indígenas de Colombia como prueba de ello están
los siguiente hechos:
Colombia está en el nudo de los megaproyectos e inversiones continentales
integrantes del Plan Puebla Panamá, el Canal Atrato-San Miguel (y/o Atrato
Truando) en el departamento del Chocó y la iniciativa de Integración de la
Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA.). Estos complejos que
unirán América Latina con Estados Unidos, interconectarán desde las
carreteras y vías fluviales hasta las redes eléctricas .
Es a raíz de estos megaproyectos que el actual gobierno, como el anterior,
tiene el objetivo de eliminar los derechos culturales, organizativos y
territoriales de los pueblos indígenas, que constituyen un obstáculo para
su puesta en marcha. Es en este sentido que se vienen cerrando los espacios
de concertación y de participación a través de reformas a las
instituciones.
En materia de derechos humanos el actual gobierno no ha cumplido con las
medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, frente a varios casos tales como: pueblo Embera Katio del Alto
Sinú, comunidades indígenas, negras y campesinas del Alto Naya (limites
entre los departamentos del Valle y Cauca) no se han tomado medidas para
evitar la masacre, silenciosa pero continuada, de la que está siendo
víctima el pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. El ultimo
acontecimiento del verdadero etnocidio al cual este pueblo esta sometido-
mas de 150 asesinatos estos últimos anos- es el asesinato de cuatro
miembros de la comunidad de Atanquez(2) el día 8 de diciembre por un grupo
paramilitar establecido en la región con conocimiento de las autoridades
militares ; Mientras que la desaparición forzada del dirigente Kimy Pernía
sigue en la impunidad, así como 153 asesinatos de indígenas registrados
solamente durante el año 2002.
Está suspendido el proceso de constitución, ampliación y saneamiento de
resguardos indígenas, a pesar de que hay un sinnúmero de expedientes que ya
han culminado los trámites previstos en la normatividad, previos a la
expedición de la resolución. Todas estas medidas están orientadas a frenar
la legalización de los territorios indígenas a pesar de que su derecho ya
ha sido reconocido en la Constitución, Política.
Y resulta claro que con ellas se va a legalizar la política de invasión de
los territorios indígenas, motivadas por los grupos paramilitares puesto
que es bien conocido que en varias zonas del país dichos grupos a través de
la colonización pretenden desalojar a las comunidades indígenas para más
adelante facilitar los procesos de explotación de recursos, monocultivos y
la realización de megaproyectos. En estas condiciones la violencia ha
vuelto a resultar rentable como medio de desplazamiento de las comunidades.
Ya había ocurrido durante la conquista española. de nuevo en las guerras
civiles del siglo XIX y en la violencia de 1946 a 1958, cuando dos millones
de personas fueron desplazadas y 200 mil asesinadas, mientras se expandían
la caña de azúcar y el algodón y subían los precios del café.
La región del Magdalena Medio fue el área piloto de este tipo de
desplazamiento a raíz de la construcción de la llamada "Carretera de la
Paz" en los años 80. Este modelo se aplicó después y se sigue aplicando en
las áreas estratégicas: Atrato, río Meta, Putumayo, futura carretera Urabá-
Venezuela, proyectos hidroeléctricos y zonas petroleras.
El canal interoceánico Atrato-Truandó (variante escogida por el estado
colombiano) y/o Atrato- Cacarica-San Miguel (variante propuesta y preferida
por Estados Unidos) es la conexión del PPP y el IIRSA, un proyecto
estratégico de alto calado y en torno a él la violencia golpea a los
afrodescendientes, indígenas y demás pueblos del Chocó y ahora a los
indígenas Kuna (Tule) en el territorio fronterizo de Panamá: a mediados de
enero del 2003,150 paramilitares colombianos atacaron dos pueblos de la
región del Darien, Paya y Pucuro, torturando y masacrando a 5 caciques
indígenas(3), secuestrando dos reporteros estadounidenses y un canadiense(4) (la
Prensa, Panamá, 21/1/2003).
El río Meta tiene un destacado papel en un proyecto de origen japonés que
ahora hace parte del IIRSA y que busca llevar la carga de Bogotá hasta el
Orinoco y de ahí al Océano Atlántico o al Amazonas. Los planes oficiales se
proponen privatizar el río y proyectan el puerto sobre el resguardo
indígena Achagua, uno de los pocos lotes que los grandes propietarios no
han dominado.
El departamento del Putumayo, con su elevado porcentaje de población
indígena, cuyo territorio está cuadriculado por los lotes petroleros, es la
salida noroccidental del eje fluvial Amazonas- Río de la Plata, que
comunicará mediante canales y drenados ese departamento con Buenos Aires,
Montevideo y la desembocadura del Amazonas y mediante una autopista con la
costa Pacífica. Es el proyecto más ambicioso de la IIRSA.
En el departamento de Arauca, donde esta actualmente en vigencia el estado
de excepción, el pueblo Uwa denuncia el reinicio en contra de su voluntad
de la explotación petrolera sobre sus tierras ancestrales(5).
La defensa de la tierra , que es a la vez la defensa de sus vidas , ha
generado el asesinato, la tortura, la desaparición y el desplazamiento de
miembros de comunidades indígenas en todo el territorio nacional. Según un
informe del 27 de marzo del 2002 de la Oficina en Colombia de la Alta
Comisaría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que los
pueblos indígenas en Colombia están en peligro de ser exterminados en unos
diez años si no se adoptan las medidas para protegerlos(6).
Recomendaciones :
El CETIM y La Asociación Americana de Juristas solicitan a la Comisión de
Derechos Humanos hacer las siguientes recomendaciones :
- solicitar al gobierno colombiano aclarar los casos de asesinatos
selectivos y los desplazamientos forzados que hasta ahora estan en
impunidad; y en particular aclara el caso de Kimi Pernia Domico,
secuestrado hace mas de un año sin que haya una investigación a
fondo, y que se tomen las medidas adecuadas para que los
responsables sean judicializados.
- solicitar al gobierno colombiano promover, respetar y hacer
respetar los derechos a la vida, a la cultura y al territorio de los
pueblos indígenas.
- solicitar al gobierno colombiano poner fin a la impunidad frente a
las acciones conocidas de grupos paramilitares en la región de
Valledupar de las cuales es víctima el pueblo Kankuamo de la Sierra
Nevada de Santa Marta así como hacer respetar el derecho del pueblo
U'wa à la integridad territorial y cultural, evitando la explotación
petrolera en contra de su voluntad.
- solicitar al Relator Especial de los Derechos Humanos y libertades
fundamentales de los pueblos autóctonos realizar un viaje a Colombia
para que haga un estudio sobre la situación de los pueblos
autóctonos en este país.
Notas:
1. Según el Departamento Nacional de la Estadística (DANE).
2. Abel Alvarado; FranklinArias, Alfredo Borrego y José Manuel Cáceres, estos últimos asesinados en pleno
mercado y a la vista de toda la comunidad.
3. Ernesto Ayala,San Pascal Ayala, Luis Enrique Martinez, Gilberto Vasquez.
4. Uno de los reporteros estadounidenses es Robert Shelton de Discovery Channel, el canadiense es Marc
Vedever
5. Esto bajo alta protección militar y con el apoyo logístico de los estados Unidos à través
de fondos del Plan Colombia- originalmente destinados a la lucha antidroga, pero hoy en día también utilizados
para la defensa de los "intereses estratégicos del país" de los cuales el petróleo es el mas importante.
6. comunicado de prensa del 27 de agosto del 2002 a la radio nacional Caracol por parte del director de la oficina en
Colombia, Amerigo Incalcaterra.