"Resulta paradójico que un gobierno como el actual, preocupado por desconocer los procesos sociales indígenas, campesinos, afros o gremiales, se presente ahora como impulsor de la participación ciudadana y legitime la creación de la OPIC que se presenta como una organización de pueblos Indígenas, cuando realmente es una agremiación de indígenas protestantes, dirigida por voceros religiosos indígenas y de autodefensas campesinas desmovilizadas, que no cuenta con el aval oficial de ningún cabildo, tal como quedó demostrado en la reunión realizada en Popayán el pasado sábado 21 de marzo de 2009".
En el año 1907 el General Uribe Uribe, expuso, cómo la república desde de su inicio ha estado directamente comprometida con el proyecto de exterminio de los pueblos indígenas: “…En nuestra condición de raza conquistadora, ya que arrebatamos el suelo al indio y que cada día vamos estrechándolo para lo más recóndito de las selvas, tenemos obligación –si de veras somos cristianos- de arrancarlos a la barbarie en que viven, para traerlos a la comunión de la fe, del trabajo y de la sociedad. (…) el dinero que en esto se invierta ganará en alto interés de los préstamos a Dios, de que habla el evangelio. (…) es menester que la república obre ya directamente sobre aquellos núcleos, (…) Es urgente la asimilación de aquellos grupos, su inserción a nuestra vida orgánica. Es menester acabar con aquellas costumbres ancestrales (…) es menester transformar en colombianos aptos aquellos exponentes de inutilidad aborigen…” (Rafael Uribe Uribe, Reducción de indígenas, febrero 1907).
Ciento dos años después, el menesteroso gobierno nacional con el ministro Valencia Cossio a la cabeza, se reúne con comuneros que respaldan la política del actual Uribe: del Uribe que mantiene sus ejércitos de ocupación en los territorios indígenas; del Uribe que castiga a los pequeños sembradores de Coca mientras crece el poder del narcotráfico; del Uribe que promueve leyes para eliminar los derechos humanos e históricos de los pueblos indígenas, mientras defiende los excesos de la fuerza pública; del Uribe que emite leyes del despojo como el TLC y el Estatuto de desarrollo rural mientras incumple los acuerdos y compromisos que tiene el Estado nacional con los pueblos indígenas y sectores sociales del país; del Uribe que invoca a Dios mientras miente, discrimina y fomenta la delación, el odio y el rompimiento del tejido social.
Ha sido evidente para el país y el mundo que el actual gobierno ha mantenido una política de discriminación selectiva contra los pueblos indígenas del Cauca, lo cual se manifiesta en lo siguiente:
1. La prohibición en los POT municipales de vender tierras destinadas a los resguardos indígenas; exabrupto normativo que fue recogido e inserto en el inexequible estatuto de desarrollo rural.
2. Los pronunciamientos mediáticos donde el gobierno hábilmente liga los territorios indígenas con el terrorismo y el narcotráfico.
3. El ofrecimiento de recompensas para romper la unidad de los pueblos indígenas del Cauca en un consejo comunitario de la ciudad de Popayán
4. La detención arbitraria de líderes y comuneros indígenas pertenecientes a comunidades que participan de la liberación de la Madre Tierra, sin respetar el debido proceso.
5. El uso excesivo de la fuerza contra las comunidades indígenas que reclaman su derecho a la tierra, en un acto de parcialidad gubernamental con los grandes propietarios.
6. El engaño a la opinión pública para justificar excesos del esmad contra las comunidades indígenas en La María, Piendamó, donde negó que la policía hizo uso de armas de fuego y no convencionales, en el mes de octubre de 2008, contrariando evidencias de los medios de comunicación internacional. En aquella ocasión un indígena fue asesinado, nueve familias desplazadas y heridas de gravedad más de 150 personas, muchas de las cuales quedaron con lesiones de por vida.
7. El atentado, en el mes de diciembre del 2008, contra la Consejería mayor CRIC, a través de una emboscada que realizó el ejército colombiano en Totoró, contra el carro del CRIC, donde fue asesinado Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor Aida Quilcue.
8. La decisión perversa de mantener la guerra en los territorios indígenas, donde la guerrilla complaciente intimida bajo la tesis de que quien defienda la política de seguridad democrática es objetivo militar y el gobierno amenaza a quien reclame garantía de los derechos humanos bajo el argumento que es aliado de la guerrilla.

Resulta paradójico que un gobierno como el actual, preocupado por desconocer los procesos sociales indígenas, campesinos, afros o gremiales, se presente ahora como impulsor de la participación ciudadana y legitime la creación de la OPIC que se presenta como una organización de pueblos Indígenas, cuando realmente es una agremiación de indígenas protestantes, dirigida por voceros religiosos indígenas y de autodefensas campesinas desmovilizadas, que no cuenta con el aval oficial de ningún cabildo, tal como quedó demostrado en la reunión realizada en Popayán el pasado sábado 21 de marzo de 2009.
De forma conciente el ministro del interior y de justicia desconoce que los pueblos indígenas en este departamento tenemos unos procedimientos de orden colectivo, donde la vocería principalmente está en los gobernadores de cabildo, cuya capacidad de interlocución y decisión solo compromete a su territorio de origen. En caso que ello afecte o implique más de un territorio se requiere de instancias de coordinación zonal o regional. Es el Caso del CRIC, que responde a las políticas establecidas en Congresos regionales, el cual, a propósito, realizará su Décimo Tercera versión entre el 26 y 30 de abril del presente año en la María, Piendamó.
La existencia del Consejo Regional Indígena del Cauca supera los 38 años de proceso organizativo, siendo los gobernadores de cabildos, en un Congreso Extraordinario, los que mediante una Resolución Propia, en 1999, establecieron la calidad de Autoridad Tradicional del CRIC; y ellos mismos exigieron del Estado colombiano su registro legal para facilitar la relación de los indígenas del Cauca con las instituciones en materia de política pública, lo cual quedó establecido a través de la resolución 029 del ministerio del Interior en junio de ese mismo año.
Lamentablemente se percibe mala intención institucional, pues en este acto se volvió a difamar y a afectar el buen nombre del CRIC con la complacencia del gobierno, y de paso, de forma siniestra los funcionarios del Estado fomentan viejos rencores religiosos que las comunidades han venido superando a través de procedimientos participativos que dan vida a la autonomía interna de gobierno. Se insiste en la vieja aspiración conquistadora que los comuneros renuncien a la propiedad colectiva de los resguardos y a la observancia de las reglas internas, ahora a través de prebendas económicas, ofrecidas por personas que aún hacen parte de los censos y gozan de las decisiones comunitarias.
Como el gobierno no ha logrado fomentar su política de pago de recompensas en territorios indígenas, ni que las comunidades acepten el conflicto armado, tampoco definirse por uno y otro actor de la guerra, ni que los comuneros accedan al monocultivo, menos cuando se trata de plantaciones que el gobierno denomina ilícitas, ahora puso en marcha una vieja estrategia: crear la idea que es el CRIC el responsable frente a las comunidades de los derechos que constitucionalmente debe garantizar el Estado colombiano en cabeza del gobierno nacional y se está apoyando en personas que, como expresó una de sus líderes, ya no quieren hacer parte de la estructura interna de los resguardos ni aceptar la autoridad de los cabildos.
Es urgente que los organismos de control observen el comportamiento de los gobiernos nacional y departamental, pues continúan promoviendo el rompimiento el tejido social y la unidad indígena, en especial se investigue la actuación de los servidores públicos Valencia Cossio y Guillermo Alberto González como jefes de las delegaciones que participaron del evento político religioso que se realizó en el Coliseo “La Instancia” de la ciudad de Popayán el pasado 21 de marzo.
Llamamos igualmente a la comunidad internacional defensora de los derechos humanos para que esté alerta frente a los sucesos del Cauca, ya que el gobierno está utilizando todas las formas de lucha contra los pueblos indígenas, (conflicto armado, ocupación militar, judicializaciones, cultivos de uso de ilícito, incumplimiento de acuerdos, señalamientos, desinformación mediática, atentados, legislación que contradice los avances universales en materia de derechos humanos e intervencionismo para el rompimiento de las estructuras internas de los pueblos indígena) lo cual mantiene el riesgo inminente de desaparición forzada a los diferentes pueblos indígenas que centenariamente hemos habitado este territorio.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Popayán, marzo 24 de 2009