Proyecto de reforma constitucional niega expresamente que los pueblos indígenas sean sujetos de derecho.
Cancela los derechos de las comunidades sobre sus aguas ancestrales.  
Pretende colocar todo el derecho indígena, el Convenio 169 y demás  tratados de derechos humanos por debajo de la Constitución.

Un proyecto de reforma constitucional que violenta gravemente los derechos de los Pueblos Indígenas es votado hoy por el Senado chileno. El dictamen fue aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento de esa cámara legislativa, luego de un debate a puerta cerrada. Tanto el proyecto como su votación urgente son promovidos por la Presidencia de la República.

Supuestamente de “reconocimiento” de los Pueblos Indígenas, el texto empieza más bien reconociendo a la “nación chilena” como “una, indivisible y multicultural”. Lo segundo que reconoce tampoco es a los pueblos indígenas como sujetos políticos, sino a los mismos como mero dato de presencia en Chile sin mayor relevancia jurídica; y a sus comunidades y personas como sujetos, éstos sí y sólo éstos, de derechos: “El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas que habitan su territorio y el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes…”.

Incluso lo que reconoce a estas comunidades es débil: “… A conservar, fortalecer y desarrollar su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones y a participar en la vida económica, social, política y cultural del país en la forma que establece el orden jurídico nacional”.

El proyecto fue aprobado por la citada Comisión sin cumplir el requisito de “consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos adecuados”, “a través de sus instituciones representativas” y “de buena fe”, como establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado chileno en setiembre del año pasado.

La reforma constitucional pretende precisamente constreñir los alcances del Convenio 169, como se quiso hacer antes de su ratificación con una derrotada “declaración interpretativa”. La intención es también limitar los alcances de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Por ello es que el texto aprobado en la Comisión y que se vota hoy en el Senado, violenta los derechos de los Pueblos Indígenas a sus territorios y fuentes de agua, al señalar que “La Ley protege la propiedad sobre las tierras de las personas y comunidades indígenas y sus derechos de aprovechamiento de aguas conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes”.

Lo mismo ocurre respecto al derecho consuetudinario, sobre el que dice que “Los Pueblos Indígenas podrán organizar su vida de acuerdo a sus costumbres, siempre que ello no contravenga la Constitución y las leyes”.

En síntesis, se pretende colocar todo el derecho indígena, el Convenio 169 y demás tratados internacionales por debajo de la Constitución y las leyes.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, alerta a las organizaciones indígenas del continente, a los organismos de derechos humanos, a la OIT y la ONU y a la comunidad internacional en su conjunto sobre este burdo intento de desconocer los derechos de los Pueblos Indígenas amparados por los tratados internacionales. Y los convoca a expresar su solidaridad activa para que estos hechos no prosperen.

Lima, 09 de marzo de 2009.

Coordinación General CAOI

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina