Con la extradición de los paramilitares, el país y, en especial, los familiares de las víctimas pierden,  pierde la verdad y pierde la justicia. Pues lo que se sabe es que estos personajes estaban involucrando como responsables intelectuales a conocidos políticos departamentales y nacionales, al igual que a militares y empresarios, a los cuales aún no se les ha abierto proceso jurídico alguno, confirmando de esta manera que las estructuras del crimen permanecerán intactas y que la garantía de NO REPETICIÓN de crímenes atroces está muy lejos de ser una realidad en Colombia.

Las víctimas pierden con la extradición

Como la opinión pública recuerda, el 11 de abril de 2001, un grupo paramilitar integrado por más de 300 uniformados, realizó una masacre que afectó a más de 100 personas asesinadas con sevicia y altos niveles de crueldad, en la región del río Naya, departamento del Cauca.

Hoy, de nuevo el recuerdo cobra vigencia en el dolor de las víctimas, pues Ever Veloza, el conocido H.H., jefe del Bloque Calima en la época de ese atroz acontecimiento, está siendo extraditado hacia los Estados Unidos, en un acto de intervención directa del ejecutivo a la rama de justicia.

Esta decisión unilateral del gobierno colombiano no sólo causa un perjuicio irremediable sino que desconoce la voz de las víctimas, quienes desde hace mucho tiempo vienen reclamando procesos de verdad, justicia y reparación.

Por otra parte, el gobierno y los organismos judiciales conocían que organizaciones sociales y ONGs de Derechos Humanos venían interponiendo recursos jurídicos para solicitar que se mantuviera la jurisdicción sobre el procesado, hasta tanto las víctimas conocieran toda la verdad sobre los hechos del Naya.

Un ejemplo de lo anterior fue la Tutela presentada en conjunto, por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Minga, la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Codhes y la Fundación Manuel Cepeda, entre otros, argumentando que los delitos que se le imputan a Ever Veloza García en los Estados Unidos son delitos diferentes a los causados por el paramilitarismo contra la sociedad civil, estos sí, considerados crímenes de lesa humanidad. En este sentido, reclaman los demandantes, que en beneficio de la verdad el paramilitar H.H. no sea extraditado hasta tanto hayan concluido los procesos judiciales. Sin embargo, dicho recurso fue negado por la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en una clara manifestación de que la misma institucionalidad de justicia promueve la impunidad en Colombia y que es el Estado nacional el que niega los derechos de las víctimas en el país.

Hoy, mientras cientos de familiares de las víctimas se encuentran en situación de desplazamiento forzado, más de 50 personas de la región del Naya permanecen desaparecidas, pues como se dijo inicialmente, de los 100 asesinados sólo se han encontrado 43 cuerpos.

Con la extradición de los paramilitares, el país y, en especial, los familiares de las víctimas pierden,  pierde la verdad y pierde la justicia. Pues lo que se sabe es que estos personajes estaban involucrando como responsables intelectuales a conocidos políticos departamentales y nacionales, al igual que a militares y empresarios, a los cuales aún no se les ha abierto proceso jurídico alguno, confirmando de esta manera que las estructuras del crimen permanecerán intactas y que la garantía de NO REPETICIÓN de crímenes atroces está muy lejos de ser una realidad en Colombia.

La denominada política de lucha contra las drogas no puede ni debe distraer la verdad y la justicia, ni contribuir a que crímenes de lesa humanidad permanezcan en la impunidad.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA

Popayán, marzo 4 de 2009
http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=9613