A 38 años de esa histórica Asamblea de La Susana, realizada en este mismo territorio de Tacueyó, donde nuestros mayores sembraron el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, nos encontramos para continuar fortaleciendo su mandato: la Plataforma de Lucha de los indígenas del Cauca.

Nosotros y nosotras, indígenas Nasa del norte del Cauca, unidos en la II Minga del Pensamiento del Cxab Wala Kiwe – Territorio del gran Pueblo.
Asociación de Cabildos del Norte del Cauca ACIN,  “Resistencia y Autonomía frente a la agresión y ocupación integral contra la vida y los territorios”

Hemos visto y analizado la situación política que vive el país y los problemas organizativos y políticos que tenemos; hemos constatado las amenazas contra la vida y el territorio producidas por un proyecto de muerte y despojo que nos imponen las transnacionales, el capital y el Estado; hemos sentido los dolores que produce la guerra en todas las personas; hemos confirmado que la movilización indígena y popular, la defensa de nuestro proyecto de vida y el diálogo, son el único camino que puede detener la guerra, volver a llenar de esperanza al país y construir una sociedad incluyente, justa y solidaria. 

Como resultado de este trabajo, retomando las raíces de nuestra historia milenaria y acogiendo la sabiduría de nuestros mayores, acordamos la siguiente:

DECLARACIÓN FINAL
DE LA II MINGA DEL PENSAMIENTO DE LA CXAB WALA KIWE

El contexto en que luchamos

1. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez  para nosotros es ilegítimo.  Está claro que  es un gobierno donde todos mienten, en el que todos los altos funcionarios hacen trampas y tratan de engañar a la gente, en el que el propio presidente incumple a su palabra; un gobierno que una y otra vez entrega la soberanía, la naturaleza y el territorio a las empresas transnacionales; un gobierno que no tiene vergüenza de aliarse con grupos de asesinos o de organizarlos directamente o de dejarlos actuar para que destruyan al movimiento social; un gobierno que atenta con su práctica y con sus leyes en contra del Estado social de derecho, y que trata de reemplazar la ley con la voluntad arbitraria del presidente; un gobierno que todo el tiempo está recortando derechos y a cambio entrega limosnas; un gobierno así, para nosotros, es ilegítimo.

Hay una política integral de agresión y ocupación de nuestros territorios, que combina una estrategia de implementación de las leyes de despojo que intentan entregar  nuestra vida  a  los intereses  de las transnacionales; otra estrategia basada en el terror, en la  militarización de nuestros territorios y de la vida, en el asesinato e involucramiento de la comunidad en la guerra; y una tercera estrategia  no menos nociva  que pretende la cooptación de comunidades y organización, a través de programas como familias en acción, familias guardabosques y otros parecidos.

2. Se necesita otro gobierno nacional. Que se oponga con claridad y sin dobleces a los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, y en cambio promueva tratados de intercambio y reciprocidad entre los pueblos. Que de verdad defienda la soberanía de los pueblos que habitamos el país. Que no destruya la Madre Tierra y la vida a nombre del desarrollo. Que sea decente. Que no mienta. Que no robe. Que no se doblegue ante las grandes empresas y ante los gobiernos poderosos. Por nuestra parte mandamos a nuestros consejeros y autoridades, a los comuneros, a los Tejidos con que trabajamos, a que solo apoyen propuestas que respeten esos principios mínimos; un gobierno que impulse y defienda un proyecto de vida y dignidad.

3. Los pueblos indígenas de Colombia y en particular los del Cauca hemos avanzado en los últimos 40 años en precisar nuestro proyecto político, que podemos sintetizar en: 1) La necesidad de transformar el sistema político para que haya justicia, democracia y gobierno, vida buena y armonía con la naturaleza; 2) la necesidad de que en ese nuevo sistema político se respete de verdad y en profundidad el derecho de los pueblos indígenas a gobernarnos y a gobernar los territorios y los recursos naturales, junto a nuestro compromiso y convicción de que la Madre Tierra no es propiedad de nadie (y menos de las transnacionales) sino que debe ser protegida y liberada para que alimente y cuide a todos los seres vivos; y 3) la necesidad de que las relaciones entre los pueblos sean de entendimiento, respeto y solidaridad. Dicho en otras palabras, buscamos un sistema político verdaderamente democrático (y no lo hay), un sistema económico alternativo que no destruya la naturaleza y el ambiente, y una sociedad en armonía. 

4. Todo lo anterior necesita y supone la construcción de la paz. La guerra tiene que terminar. En la urgente consolidación de la paz, hemos llegado a una conclusión simple pero que consideramos verdadera: “No habrá paz para los colombianos si no hay paz para los indígenas, y no habrá paz para los indígenas si no hay paz para todos los colombianos”; eso dijimos en el Congreso de los Pueblos de Cota y lo volvemos a decir aquí. No queremos simplemente ser excluidos de la guerra y sus atrocidades, al tiempo que ésta sigue asolando al país y a los otros pueblos; no queremos meternos en un caparazón mientras la gente se asesina. ¡Queremos que la guerra termine!.
Porque con el pretexto de la guerra contra el terrorismo, el gobierno hoy nos invade, nos señala, nos calumnia; con batallones de alta montaña, mantiene una permanente ocupación con el pretexto de dar seguridad, pero lo único que hemos recibido es agresión, ataques, miedo y más inseguridad. Las fuerzas armadas acompañan la entrada de las transnacionales a nuestros territorios, y con la agresividad de los fusiles pretenden que aceptemos la explotación de los recursos naturales. El ejército nacional es una fuerza de ocupación que llena de minas nuestros tulles (huertas), que nos prohíbe andar en nuestra casa, que contamina nuestros sitios sagrados, nos utiliza como escudos en su guerra. La seguridad democrática del gobierno es terror, amenazas y atropellos; es seguridad para los ricos y miedo para nosotros; simplemente es una política de anti democracia.

Con el pretexto de su guerra contra el Estado, la insurgencia ataca a las comunidades y busca suplantar nuestra autoridad. Mientras nosotros construimos un gobierno municipal popular que le rinde cuentas a los cabildos y a la asamblea de comuneros, la guerrilla se toma los municipios, destruye nuestras casas y dan pretexto para que la fuerza pública invada las comunidades; nosotros, con la autoridad de nuestros bastones, desmontamos las trincheras de la policía del centro de Caldono, Toribío y Jambaló para que su presencia no afecte a la población civil, mientras la guerrilla deja minas antipersona y no tiene ninguna consideración por la gente que no hace parte de la guerra; mientras nosotros sin ningún temor le hacemos juicio político a los militares que han asesinado a comuneros indígenas, ellos secuestran a miembros de nuestras comunidades para ajusticiarlos por supuestos delitos, como si no hubiéramos dado prueba de tener mejor capacidad de aplicar justicia comunitaria que ninguna otra institución. Es como si  estuvieran en contra del poder popular y del gobierno directo de los comuneros indígenas; pareciera que están por la toma del poder que los sectores populares y los indígenas hemos construido con mucho esfuerzo, y hubieran renunciado a tomarse el poder que tienen los ricos.

5. Por eso ratificamos lo que dijimos en la Declaración de Jambaló: “Apoyamos todo esfuerzo hacia un proceso de paz que se dé en el territorio nacional, siempre y cuando sea una paz dialogada, concertada con la población civil y con soluciones prácticas a los problemas a corto, mediano y largo plazo”. No aceptamos la intervención de ningún actor armado o externo en nuestra vida, en nuestro ejercicio de gobierno propio y libre determinación, o la aplicación de justicia; exigimos a unos y otros, que respeten el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, a que no nos involucren en actividades militares, a que no nos ataquen a mansalva.

En desarrollo de ese mandato, y acogiéndonos al principio indígena de la palabra, convocamos a  las FARC desde este congreso como máxima autoridad  a un debate público y franco sobre su actuación y su política en nuestros territorios. Queremos que nos expliquen sus supuestos propósitos de transformación social; que nos digan por qué amenazan a nuestros gobiernos propios y a nuestra gente; que nos muestren cómo es que asesinando y masacrando indígenas desarmados se construye un nuevo país?. Y sobre todo queremos que se comprometan a respetar el derecho a la libre determinación que hasta las Naciones Unidas ha tenido que reconocer.
Convocamos a todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales como veedores y garantes  de este debate  y solicitamos al  gobierno nacional que respete nuestro ejercicio de auto determinación y de paz.

6.  Los cultivos de coca se han convertido también en un pretexto de intervención de los actores armados legales e ilegales. Se han convertido en una estrategia de ampliación territorial y de suplantación de la autoridad indígena por parte de las FARC, que aprovechándose de la situación económica de algunas familias que tienen  cultivos, pretende imponerles impuestos, aplicarles supuestas normas  y coptarlos. También los cultivos se utilizan como pretexto para la intervención del Estado, que ha incumplido totalmente los compromisos de erradicación voluntaria, desconoce nuestras propuestas de sustitución de cultivos, y en cambio privilegia la guerra química, los mecanismos militares y el involucramiento de las comunidades en la estrategia de guerra.
Como dijimos en la Resolución de Jambaló, hay algunos comuneros que cultivan coca para  mitigar el hambre y la miseria, como consecuencia de las políticas de gobierno y ante el incumplimiento de los acuerdos pactados frente a la erradicación de cultivos de uso ilícito. Por eso mantenemos nuestra propuesta de sustitución de cultivos. Pero ningún actor social o armado de derecha o izquierda puede intervenir para resolver este problema; solo nuestras autoridades tradicionales están facultadas para armonizar a las familias que se encuentran en esa situación; solo nuestra organización y cabildos tienen facultad para buscar alternativas con los involucrados.

7. Es claro que el proyecto económico de muerte de las transnacionales y el Estado, la guerra, el narcotráfico, el desmonte del Estado de derecho, las sistemáticas actuaciones del gobierno contra los pueblos indígenas, quieren sobre todo destruir nuestras formas de gobierno y nuestra relación espiritual respetuosa del territorio, que se han convertido en obstáculos a sus intenciones. Su proyecto es contra nuestro plan de vida, la Madre Naturaleza, nuestro territorio y contra nuestro gobierno propio.

Consolidación del Territorio Autónomo Indígena - Cxab Wala Kiwe

8.  El II Congreso ratifica que nuestro horizonte es la consolidación del Territorio Autónomo Indígena del norte del Cauca. No podemos y no vamos a esperar a que el Congreso de la República legisle para expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y reglamente la constitución de las Entidades Territoriales Indígenas: porque no le interesa, y porque si lo hiciera sabemos que sería una legislación para expropiarnos los derechos territoriales.
La Constitución Política establece que los Territorios Indígenas son entidades territoriales de la República. No necesitamos una ley que los reconozca, pues ya son una realidad jurídica y material. El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  también obligan al Estado a reconocer nuestros territorios.

El II Congreso manda que se dinamice de inmediato nuestra función legislativa territorial, para darle un marco jurídico al Territorio Autónomo Indígena del norte del Cauca, a partir de la Ley de Origen y de las otras leyes que reconocen nuestros derechos. Hemos decidido que se conforme una Comisión especial, con delegados de los Cabildos, los Tejidos y la Consejería, para que  lidere una Minga de Pensamiento sobre las leyes que deben regular el territorio; en un proceso participativo, de consulta con todas las comunidades, autoridades y mayores, esa Comisión deberá recoger lo trabajado en estos 38 años de lucha y elaborar una propuesta de ordenamiento jurídico de nuestro territorio, para presentarla a consideración de la máxima autoridad de nuestro pueblo.

9. El II Congreso ratifica las políticas de consolidación territorial que aprobamos en el I Congreso. En consecuencia, mantenemos nuestra exigencia de restitución de los territorios ancestrales que aparecen en el Título de los Cinco Pueblos de Juan Tama, y exigimos del Estado el cumplimiento de las obligaciones de reparación que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la masacre del Nilo cometida con participación y complicidad de agentes del Estado.
Estamos casi convencidos que el gobierno no va a cumplir. Por eso mantenemos nuestro ritual  de Liberación de la Madre Tierra. Vamos a liberar pacíficamente  a la Madre para que pueda respirar libre, le vamos a quitar los alambres que la ahogan.

10. Reiteramos nuestra oposición frente a ese modelo de muerte y despojo territorial que hemos señalado. Nuestro Derecho Propio y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho a la propiedad y gobierno sobre nuestros territorios, tierras y recursos, y vamos a hacerlo respetar. Han aceptado las Naciones Unidas que los pueblos indígenas tenemos derecho a la libre determinación, y que en ejercicio de ese derecho determinamos libremente nuestra condición política y construimos libremente nuestro desarrollo económico, social y cultural; que tenemos derecho a conservar y reforzar nuestras propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. También que tenemos derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que hemos poseído tradicionalmente y las que ocupamos o utilizamos de otra forma; y que tenemos el derecho a disfrutar de esos medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarnos libremente a todas las actividades económicas tradicionales y alternativas.
No le pedimos al gobierno ni en general a las instituciones del Estado que aprueben o ratifiquen la Declaración, aprobada en la Asamblea de las Naciones Unidas por casi la totalidad de los países del mundo. Le exigimos que la respete, la acate y la cumpla. El gobierno no puede decir que la Declaración está contra la Constitución; si fuera cierto, lo que debe hacer es modificar la Constitución para no quedar por fuera del sistema internacional.

11. Acogiéndonos a la Declaración y a nuestro Derecho Ancestral, de manera inmediata, hemos aprobado la Resolución Ambiental, en la que determinamos que cualquier empresa nacional o transnacional, institución pública, asociación o colectivo, funcionario o persona, vinculada o que impulse obras y actividades de explotación de recursos naturales, obras de infraestructura,  investigaciones asociadas, procesos de negociación, consulta o concertación, en el ámbito territorial de Cxab Wala Kiwe, deberá acogerse plenamente a las directrices de las Autoridades Tradicionales y del gobierno propio, acatar los Planes de Vida y los principios culturales del pueblo Nasa sobre la naturaleza y las formas de vida, reconocer la territorialidad del pueblo Nasa y atender los criterios del consentimiento libre, previo e informado en cualquier proceso de consulta. Lo decimos bien claro: Empresa que entre sin permiso y sin respeto en nuestro territorio, se le aplicará la justicia indígena.
También los gobiernos locales y regionales, incluidos los gobiernos municipales y departamentales, deben acogerse plenamente a los principios y políticas de los Planes de Vida. Nosotros los hemos propuesto, impulsado y elegido para eso. Las decisiones sobre políticas públicas aprobadas por las comunidades, y que afectan recursos naturales, como agua, minería, parques naturales, son para cumplirlas.

Re proyección de los Planes de Vida

13. Los Planes de Vida son nuestra guía para recuperar nuestro camino; los hemos llamado “el sueño que se está haciendo realidad”. El II Congreso ha recordado los principios culturales y espirituales del pensamiento Nasa y ha ratificado el propósito de constituir nuestros propios sistemas o modelos de justicia, salud, educación y economía. Nos hemos hecho una profunda autocrítica porque en aras de lograr algunos avances prácticos en esas materias, en varias ocasiones hemos perdido este horizonte de crear y fortalecer nuestras propias instituciones propias; por eso hemos tomado varias decisiones para impedir que nuestros objetivos estratégicos sean copados por los modelos estatales y empresariales capitalistas. Y para operativizar los mandatos planteados.
El mandato a los responsables del plan de vida en todos los niveles es que todas las acciones se deben guiar por principios propios de respeto de la Madre Tierra, consolidación de la autonomía, fortalecimiento de la identidad cultural, integralidad, reciprocidad, interculturalidad, solidaridad entre comuneros y comunidades, participación, el respeto, consulta a las comunidades, mas no  a políticas externas. No queremos ser mandaderos del Estado, ni de las empresas, ni de las iglesias, ni de la insurgencia.

14. Para la re proyección de los Planes de Vida, la  Conse