Sin asomo de vergüenza alguna los altos dirigentes del Estado colombiano se han atrevido, una vez más, a mentirle a la sociedad colombiana. En esta ocasión, la mentira fue televisada y transmitida en directo.

El presidente Uribe en alocución de ayer 22 de octubre, además de insistir en su cantinela de que el legítimo ejercicio de la protesta es un acto terrorista y de señalarnos a quienes nos sentimos oposición política ante este régimen neototalitario, recalcó que los pueblos indígenas de Colombia somos los mayores terratenientes del país, seguramente con el ánimo de dividir la protesta social, y quizá con una no oculta intención por apropiarse violentamente de lo que no nos han podido quitar aún él y sus socios terratenientes en el gobierno.

El señor Uribe afirmó ante las y los colombianos televidentes: “el 3.2 (por ciento) a lo sumo de la población, que es el porcentaje que representa la población indígena en el universo poblacional de la Patria, tiene el 27 por ciento de la tierra”. Posteriormente agregó, increpando al movimiento indígena: “que también le digan al mundo la verdad completa de cómo ha sido este país en materia de respeto democrático a la diversidad nacional.”.

Atendemos entonces al llamado presidencial para aclarar la mentira y la manipulación.

La titulación efectiva por el Estado de la tierra indígena en la zona andina se acerca a los 2 millones 410 mil hectáreas; sólo el 7.68% de los resguardos están en zonas de frontera agrícola, y son habitados por el 64.18% de la población indígena (885 mil personas), en un espacio de 1 millón 290 mil hectáreas. Así, encontramos un promedio de 1.46 hectáreas por individuo, llegando en algunos casos a 10 indígenas por hectárea, como en el departamento de Córdoba, donde justo al lado tiene su hacienda El Ubérrimo señor Uribe, para que paste su ganado que vive mejor que el pueblo senú.

Los otros 29 millones de hectáreas se encuentran en zonas de selva amazónica, sabanas de la orinoquia y desierto en la Guajira, y tienen un papel de protectores de aguas y paisajes, o son ecosistemas frágiles. El gubernamental Instituto Sinchi señala que en esas zonas el 28.76% del territorio cumple funciones de protección de los recursos naturales, el 3.75% son protectoras-productoras y el resto solo puede ser aprovechado “mediante modelos que involucren sistemas de producción-protección”, es decir, no son aptas para agricultura intensiva.

De más está recordar que casi la totalidad de estas tierras no fueron compradas por el Estado con el propósito de reforma agraria, sino que se encontraban todavía en manos de los pueblos indígenas cuando se las titularon. No son las que el Estado ha entregado, sino precisamente las tierras que el Estado y los terratenientes no nos han podido robar. En la actualidad hay 250 trámites de titulación de resguardos por 300 mil hectáreas y 239 procesos de ampliación por más de 1 millón 300 hectáreas, algunos de ellos represados en el Incoder desde hace más de 10 años.

Valga aclarar además, que de acuerdo con las estadísticas oficiales del Instituto Agustín Codazzi y de la Contraloría, el 0.2% del total de propietarios de la tierra –unas 7.300 personas- concentra 35 millones de hectáreas, todas en zonas de frontera agrícola y de óptimas condiciones agrológicas; de ellas, 6 millones han sido apropiadas violentamente por narcotraficantes y paramilitares. Bien sabemos que el señor Presidente de la República se encuentra en ese exiguo porcentaje de privilegiados. En ese sentido, si comparamos lo ocupado en promedio por los indígenas que tienen tierra titulada al interior de la frontera agrícola, con lo ocupado por el pequeño porcentaje de grandes latifundistas, los indígenas ocupan en promedio menos de una milésima parte de lo ocupado en promedio por los grandes propietarios de tierra.

Adicionalmente, el Presidente se detuvo en mostrar las cifras de distribución de la tierra en el Departamento del Cauca. Nos llama la atención que omitiera tres puntos: En primer lugar, Uribe no menciona las amplias extensiones de tierra que le pertenece a los grandes terratenientes. En segundo lugar Uribe no menciona los indicadores que muestran las carencias de territorio que muestran los indígenas de ese departamento; hoy, los Nasa tienen cerca del 40% de sus necesidades de tierra sin resolver; los Totoroes han logrado la titulación de apenas la mitad de las tierras solicitadas; Kokonukos y Yanakonas aún tienen un 20% pendiente de titulación. En tercer lugar, resulta curioso que Uribe olvidara hablar de su ex embajador, el ilustre Juan José Chaux, quien de acuerdo con información de prensa llegó a la Gobernación del Cauca con apoyo de fuerzas paramilitares, y quien se reunió con criminales de la llamada “oficina de Envigado” en el seno de la Residencia Presidencial.

Otro caso patético es Antioquia, con una superficie de 6.330.816 ha. el 5 % de este territorio, 330.000 hectáreas, son territorios resguardados, que constituyen propiedad colectiva de 28.000 indígenas diferente al modelo de propiedad individual de los líderes políticos y empresarios de Antioquia, o las fincas del presidente en el Urabá, Suroeste, el Oriente, o el Bajo Cauca antioqueño.

De las 330.000 hectáreas que poseen los indígenas, cerca del 75% están ubicadas en zonas de estricta conservación y protección de recursos naturales, áreas que no tenían interés alguno para los inversionistas de capital cuando fueron concedidas, ahora resultan del mayor interés para los patrocinadores de los monocultivos de palma, caña, empresas mineras extranjeras y capturadoras de dióxido de carbono, que tras de sí traen el atraso y la hambruna colectiva. De hecho y cerca de 4.000 ha. del occidente y Atrato Medio antioqueño se encuentran actualmente afectas por concesiones mineras inconsultas otorgadas por el gobierno nacional.
Según el IGAC sólo el 1.8% (5.900 ha) del territorio indígena en Antioquia es de vocación agrícola, es decir cada indígena en Antioquia es un “terrateniente” con 200 m2 para lograr su seguridad alimentaría.

Es de considerar que 25% del territorio resguardado en Antioquia esta en manos de colonos patrocinados por los actores armados legales e ilegales, y en el último año por la nefasta figura del Recuperador de Tierras que en algunos casos reciben recursos de la propia Acción Social.

Valga recordar además, que el presidente Uribe afirmó que sostendrá reunión con las autoridades indígenas en Popayán y no en Cali, donde se concentrará la marcha. Hacemos un llamado al movimiento indígena y social: compañeras, compañeros, no nos dejemos dividir; la cita es en Cali no en Popayán.

FRENTE A LAS POLÍTICAS DE EXTERMINIO RESISTENCIA Y VIDA
FRENTE AL FUSIL LA PALABRA

Centro de Cooperación al Indígena -CECOIN
Organización Indígena de Antioquia -OIA
Medellín, octubre 23 de 2008