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Los pueblos indígenas de Colombia, América y el mundo valoramos los esfuerzos, declaraciones, resoluciones e instrumentos de las Naciones Unidas y  de la comunidad internacional para proteger nuestros derechos humanos y colectivos. Así mismo reconocemos las iniciativas, medios y escenarios implementados por ellos para este fin.

El Convenio No. 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007, para proteger, defender, exigir y realizar nuestros derechos humanos, especiales y colectivos, así como para establecer y consolidar nuestros gobiernos propios autonómicos; además el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, organismo asesor del Consejo Económico y Social, con el mandato de examinar las cuestiones indígenas relacionadas al desarrollo económico y social, la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos; así como también el Consejo de Derechos Humanos, un mecanismo subsidiario de expertos encargado de proporcionar al Consejo los conocimientos temáticos especializados sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y la institución del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los indígenas.

Finalmente y entre otros el Fondo de Contribuciones Voluntarias para las Poblaciones Indígenas, el   Fondo Voluntario para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas y la Resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994, por medio de la cual la Asamblea General de la ONU decidió establecer el "Día Internacional de las Poblaciones Indígenas", a celebrarse el 9 de agosto cada año durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.

Los pueblos indígenas de Colombia, valoramos y reconocemos todo lo anterior, pero lamentamos que estos ríos de tinta y buenos propósitos, se queden en eso en los buenos propósitos, en el debería ser y sobre todo en la premisa: Si los Estados quieren.

El exterminio de pueblos indígenas, no es asunto del pasado en Colombia. Hoy como ayer los pueblos indígenas somos considerados y tratados como un estorbo a eliminar por quienes tienen como política y fin expropiarnos de nuestros territorios y recursos naturales y desconocer nuestros derechos ancestrales, humanos, especiales y colectivos. Recordando que el genocidio es un crimen contra la humanidad que consiste en la comisión por funcionarios del Estado o particulares de un exterminio o eliminación sistemática de un grupo o grupos sociales, por motivos de nacionalidad, etnia, raza, religión o económicos.

Entre enero de 1998 y junio de 2008, se presentaron en Colombia 1.384.199 victimas indígenas de Violaciones e Infracciones a sus Derechos humanos, Derecho internacional Humanitario, Derechos Económicos Sociales y Culturales. Esta cifra que consolida amenazas, confinamiento, desapariciones, asesinatos, desplazamiento forzado, torturas, señalamiento, incursiones armadas a los territorios indígenas y bombardeos, entre otras vulneraciones e infracciones, tipifica el terror que vivimos a diario los pueblos y comunidades indígenas por el hecho de proteger nuestros territorios y exigir los derechos que nos asisten. Señalando que en Colombia de acuerdo con los datos oficiales del Censo General 2005, la población indígena asciende 1.378.884 personas. Lo cual significa que asistimos a procesos de revictimización indígena, cuando el numero de vulnerados sobrepasa el total de nuestra población.

Esta cifra no contempla las victimas de las fumigaciones aéreas, ni de la inasistencia institucional a población indígena en situación de desplazamiento forzado en ciudades o refugiada en zonas de frontera; tampoco tiene en cuenta a los niños y jóvenes indígenas vinculadas mediante amenazas al conflicto interno por los actores de la guerra; además deja por fuera a las mujeres victimas de violación y abuso por parte de los actores armados y mucho menos tiene en cuenta el asesinato por negligencia del estado de nuestros niños que se mueren por desnutrición o por enfermedades fácilmente tratables. Tampoco contempla a la población indígena vulnerada en sus derechos por los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo o a las victimas indígenas de la negligencia y las omisiones del estado. Así mismo, esta cifra tampoco incluye a los 450.000 hermanos indígenas a los cuales el estado colombiano se niega a reconocerles y garantizarles sus derechos territoriales, ni a los miembros de 15 pueblos indígenas que no tienen un reconocimiento étnico institucional. De 102 pueblos indígenas existentes en Colombia, el estado reconoce únicamente a 87, los demás no existen o son considerados extranjeros en sus propios territorios del país.

El genocidio que nos extingue se caracteriza por el asesinato sistemático de nuestros hermanos, por la destrucción de los fundamentos esenciales de nuestra vida y por los actos perpetrados con la intención de destruir nuestra integridad cultural e integralidad étnica; además tiene varias caras. Durante el gobierno del Presidente Uribe han sido asesinados 1.119 de nuestros hermanos, siendo el año más cruento el de 2002 donde fueron masacrados 426 indígenas. Del total de estos asesinatos el Estado colombiano es responsable del 61.7%, los grupos paramilitares aliados de la Seguridad Democrática 18.12%, los grupos guerrilleros del 13.7% y el 6.48% restante por otros actores entre empresarios, colonos y demás.

El genocidio también se configura con las lesiones graves a la integridad física y sicológica de nuestros hermanos, con el sometimiento intencional o por omisión política de nuestros pueblos y hermanos a condiciones de existencia que acarreen nuestra extinción demográfica o destrucción, con las medidas destinadas a impedir nuestro crecimiento o sotenibilidad demográfica, con el traslado por la fuerza de nuestros niños de sus comunidades, con la negativa del estado a reconocer y garantizar nuestros derechos territoriales o a ignorar los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos como el Convenio No. 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007 y la declaración americana de los derechos indígenas entre otros.

Genocidio y etnocidio no son prácticas inhumanas de barbarie y terror o palabras de infinito dolor que pertenecen a la historia lejana de los pueblos indígenas originarios que fueron condenados a desaparecer por la conquista europea. El Estado colombiano con sus políticas criminales para pueblos indígenas nos recuerda que el genocidio es una realidad para quienes nos oponemos a la expropiación y luchamos por nuestros derechos.

El Estado colombiano que nos califica de delincuentes, terroristas y guerrilleros cuando exigimos nuestros derechos, no encuentra en estos actos de repudio y lesa humanidad, la figura del genocidio y por el contrario los califica como hechos aislados de quienes se enfrentan al imperio de la seguridad democrática. Asesinarnos, torturarnos y desaparecernos es tan solo uno entre los muchos aspectos que tipifican el exterminio al que nos vemos enfrentados.

De manera equivocada y reiterativa los pueblos indígenas colombianos promulgábamos que el Estado colombiano no tenía una política pública para nuestra defensa, protección, realización y garantía de derechos. Y nos equivocamos porque la política publica del Estado colombiano, esta precisamente encaminada a desconocernos como pueblos poseedores de culturas y organizaciones sociales diversas; esto es a ignorar nuestra condición étnica y cultural. Así como también a desconocer nuestras propiedades y derechos colectivos.

El Desarrollo de la nación colombiana no es concebido por el actual Gobierno Nacional con la participación de los pueblos indígenas, esa es la política de exclusión, inequidad y discriminación, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo y en la estrategia 2019. Nos niegan participación y acceso a la inversión social para apropiarse de nuestros patrimonios.

El Estado nos impone con sus políticas discriminatorias, el desarrollo del país sin indígenas y sin respeto a las leyes propias y especiales, violando nuestros derechos fundamentales colectivos e individuales; sin resguardos o territorios ancestrales colectivos, sin recursos naturales protegidos; mediante la incorporación nuestros territorios al modelo económico neoliberal, basado en la explotación por parte de las empresas trasnacionales de nuestros recursos minerales, petroleros, forestales de biodiversidad y genéticos, entre otros, que conservamos en los territorios indígenas.

El Estado con sus políticas, estrategias jurídicas y falta de garantías para nuestra pervivencia; nos tienen sumidos en una de las peores crisis humanitarias y de derechos que hemos tendido que enfrentar, nos quieren obligar a colocar nuestros territorios y sus recursos en los mercados capitalistas. Para imponernos sus políticas se bombardea, militariza y fumiga nuestros territorios. Criminalizan nuestras luchas de resistencia, se nos confina en nuestros territorios, nos impiden ir a nuestros sitios de labranza, decomisan nuestras remesas, insumos agrícolas y medicamentos. Estas políticas matan a nuestros niños de hambre y nos conducen a la extinción demográfica.

Cuando al Estado le estorban las leyes nacionales para expropiarnos, simplemente las desmonta, cuando le estorban   los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que nos protegen los ignora.

Esta claro que para el Estado colombiano los intereses económicos de las compañías multinacionales, trasnacionales y de terceros que pretenden nuestros territorios y sus recursos están por encima de las Constitución Política, las leyes propias de nuestros pueblos indígenas y el derecho internacional humanitario. Sabe el Estado colombiano que expropiándonos nos extermina, que militarizando y sembrando de minas antipersonal nuestros territorios y comunidades nos obliga al desplazamiento forzado. También sabe que matando a nuestros niños de hambre nos diezma y nos pone en alto riesgo de extinción.

Pero debe saber también el Estado que los pueblos indígenas no estamos dispuestos a dejar que el etnocidio y el genocidio continúen, para beneficiar a las multinacionales y a terceros que doblegan y se burlan de nuestra soberanía. Debe saber el Estado colombiano y el Gobierno Nacional que los pueblos indígenas uniremos nuestros procesos históricos de resistencia para oponernos al exterminio. Que nos movilizaremos para defender nuestros territorios y derechos y que denunciaremos ante la comunidad nacional e internacional los procesos genocidas de su política de seguridad democrática.

Para defender nuestros territorio y sus recursos naturales, el bienestar y porvenir de nuestros hijos, la vida en todas sus manifestaciones, la integridad y pervivencia de nuestros pueblos y sus culturas, nuestra autonomía y dignidad; así como el futuro del planeta; además para exigir castigo por el genocidio que extermina a nuestros pueblos, y como un acto resistencia pacifica, es nuestra voluntad política autonómica para pervivir salir a las calles, los pueblos, las ciudades y las carreteras del país el próximo mes de octubre.

Para esta jornada de desobediencia civil, frente a las políticas genocidas del actual Gobierno Nacional, convocamos la participación, solidaridad y compromiso de los sectores sociales y democráticos del país; así como de la comunidad internacional comprometida con la vida y los derechos humanos.

Invitamos a quienes luchan por abolir las practicas genocidas y castigar a los responsables a marchar por las ciudades del mundo y realizar actos de repudio al Estado colombiano que extermina pueblos indígenas para favorecer a las compañías trasnacionales que destruyen el planeta y nos niegan el derecho a la existencia.

Bogotá D.C, Agosto 11 de 2008