El gobierno de Álvaro Uribe Vélez continua con la política de
desconocimiento y exterminio de los pueblos indígenas

En el año 2001, ante la política etnocida del gobierno Pastrana, los
pueblos indígenas tomamos la decisión de retirarnos de las mesas
nacionales de concertación con el gobierno, como son la mesa de
derechos humanos, la comisión de territorios indígenas y la mesa de
concertación.

Después de la posesión del Presidente Álvaro Uribe Vélez, en reunión
del día 22 de agosto, los pueblos indígenas, presentamos un documento
en el que le solicitamos fijar la política del nuevo gobierno para el
respeto y el desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas.
Hasta la fecha no ha planteado su respuesta por escrito, pero está
dando mensajes claros y expresos de que su gobierno va a continuar
con el arrasamiento de los pueblos indígenas de Colombia. Como prueba
están los siguientes hechos:

En lo político

El actual gobierno, tal como el anterior del presidente Pastrana,
tienen el objetivo de eliminar los derechos culturales,
organizativos, territoriales de los pueblos indígenas. Para lograr
este objetivo se vienen agotando o cerrando los espacios de
concertación y de participación a través de las reformas a las
instituciones. Otro mecanismo para menoscabar los derechos ha sido el
nombramiento de funcionarios anti-indigenistas y racistas que se
oponen al desarrollo de las reivindicaciones políticas, económicas,
sociales y culturales de los pueblos indígenas, desconociendo que se
tratan de derechos legítimamente adquiridos y bajándolas a la
categoría de privilegios, con el fin de desmontarlos fácilmente. Tal
ha sido la experiencia con la dirección de Asuntos Indígenas del
Ministerio del Interior.

En materia de derechos humanos

El actual gobierno no ha cumplido con las medidas cautelares
ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente
a varios casos tales como: Pueblo Embera Katío del Alto Sinú,
Comunidades indígenas, negras y campesinas del Alto Naya (límites
entre Valle y Cauca). No se han tomado medidas para evitar la
masacre, silenciosa pero continuada, de la que está siendo víctima el
pueblo kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la desaparición
forzada del dirigente Kimy Pernía Domicó sigue en la impunidad.

En materia territorial

Está suspendido el proceso de constitución, ampliación y saneamiento
de resguardos indígenas, a pesar de que hay un sinnúmero de
expedientes que ya han culminado los trámites previstos en la
normatividad vigente, previos a la expedición de la resolución.

Y como si esto fuera poco, cuando las comunidades indígena indagan
por los procesos de legalización de sus territorios, distintas
instituciones les han respondido que todos los expedientes tienen que
ser verificados a la luz de nuevos requisitos que constituirán la
política del actual gobierno de Uribe Vélez, tales como: deberá haber
un concepto etnológico previo al inicio de cualquier trámite de
resguardo; no podrá haber trámites de constitución o ampliación que
comprendan globos de terreno discontinuo; cuando haya presencia de
población campesina o negra en territorios susceptibles de ser
legalizados como resguardos, así sea una persona, no se podrá
continuar con los trámites. Según la información recibida estas
medidas harían parte de las normas que expediría el gobierno de Uribe
Vélez en uso de facultades extraordinarias; mientras tanto las
reuniones de las entidades gubernamentales se vienen haciendo de
manera subterránea, obviamente sin consulta a los pueblos indígenas.

Todas estas medidas están claramente orientadas a frenar la
legalización de los territorios indígenas a pesar de que su derecho
ya ha sido reconocido en la Constitución Política. Y resulta claro
que con ellas se va a legalizar la política de invasión de los
territorios indígenas, motivada por grupos paramilitares puesto que
es bien sabido que en varias zonas del país dichos grupos, a través
de la colonización pretenden desalojar a las comunidades indígenas
para más adelante facilitar los procesos de siembra de cultivos
ilícitos, realización de megaproyectos, explotación de recursos,
monocultivos, entre otros. Igual estrategia perversa se está
aplicando frente a las comunidades negras, pues en zonas como
Balsitas (Río Sucio – Chocó), por influencia de paramilitares se está
desalojando a los afrodescendientes de su territorio a cambio de una
vivienda de interés social en otra zona, con el ánimo de evitar la
legalización del territorio colectivo y dar paso a la siembra de
palma africana y cultivos de uso ilícito.

En materia de consulta y concertación

La normatividad que se viene expidiendo últimamente está orientada a
desmontar el derecho a la consulta previa, a pesar de que el Estado
colombiano suscribió el Convenio 169 de la OIT y de acuerdo con el
artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, por ser un
convenio de derechos humanos de los pueblos indígenas, prevalece en
el orden interno. El Decreto 1728 de 2002, que fue expedido el último
día del gobierno Pastrana, pero avalado por el gobierno Uribe,
pretende desmontar toda la protección ambiental, de los derechos
territoriales y humanos de los pueblos indígenas, ante la explotación
de recursos y la ejecución de megaproyectos.

Paradójicamente, sin consulta con los pueblos indígena, el gobierno
de Uribe Vélez pretende expedir una nueva reglamentación sobre
consulta previa, con la cual planea disminuir aún más nuestro derecho
fundamental a ser consultados antes de tomar decisiones que puedan
afectarnos.

Igualmente, el gobierno actual, tanto dentro de sus estructuras como
en los espacios de representación que hemos ganado los pueblos
indígenas, está vinculando o designando personas que a pesar de ser
indígenas ya están contaminadas por los politiqueros tradicionales,
por las empresas petroleras o por otros actores que se oponen a la
pervivencia de los pueblos indígenas y sus derechos. Con esta
práctica se pretende reducir los espacios de participación y cambiar
el derecho a la consulta y concertación por espacios burocráticos.

En materia de educación

No ha habido un pronunciamiento del gobierno en donde quede clara la
obligatoriedad de aplicar la legislación especial, frente a las
nuevas normas que se han expedido en el campo educativo. Por el
contrario, con los decretos reglamentarios de la Ley 715, que está
expidiendo el gobierno, se pretende invisibilizar la existencia de
los pueblos indígenas, pues en dichos decretos se utilizan términos
que pretenden recoger, pero en realidad desaparecen la diversidad
étnica y cultural, tales como "zonas de difícil acceso", poblaciones
especiales", "poblaciones, consagradas en el Título III de la Ley 115
de 1994"

En materia de salud

Se planea una reforma a la actual normatividad en salud, y no se ha
consultado con las organizaciones indígenas, a pesar de que las
propuestas conocidas hasta el momento afectan la prestación del
servicio de salud a las comunidades indígenas, y de manera particular
plantean nuevos obstáculos a la existencia de las empresas de salud
que han conformado los propios pueblos indígenas. Esta normatividad
está claramente orientada a favorecer a los grandes monopolios en
detrimento de la salud de los colombianos, y entre ellos de los
indígenas.

Proyectos de Ley

El gobierno de Uribe Vélez, a través de congresistas afines a sus
intereses, viene impulsando en el Congreso de la República diferentes
proyectos de ley con los que pretende cumplir su tarea de acomodar el
país a las exigencias de los acuerdos comerciales como el ALCA, sin
importar que se tenga se sacrificar los más altos interese de un país
como son su población y su soberanía.

En tal virtud se está tramitando actualmente en el congreso el
proyecto No. 097 de 2002 Cámara, por el cual se modifica la ley de
Reforma Agraria, con un claro corte antisocial, anti-indígena, y
anti-campesino, y a favor de los grandes monocultivos
agroindustriales que de ninguna manera van a garantizar la soberanía
alimentaria de los colombianos. Así mismo se impulsa el proyecto de
Ley 34 de 2001, por medio del cual se reforma la Ley de Fronteras,
con el ánimo de quitar la protección de que gozan actualmente las
reservas forestales de las zonas de fronteras para permitir la
colonización, la realización de megaproyectos, monocultivos y
promoviendo de paso la ampliación o la siembra de cultivos para uso
ilícito, mientras por otro lado fumiga con veneno las poblaciones,
territorio, alimentos, so pretexto de acabar con dichos cultivos.

Por todo lo anterior, manifestamos nuestro enérgico rechazo a esta
política de exterminio de los pueblos indígenas, continuada por el
actual gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A la vez nos declaramos en
alerta ante estas políticas y oponemos nuestra resistencia milenaria,
la cual nos ha permitido pervivir durante todos estos siglos de
intento de aniquilación de los pueblos indígenas.

De igual manera, solicitamos a los organismos de control y a la
comunidad internacional, mantenerse pendientes de estas nuevas
medidas, pronunciarse y llevar a cabo las acciones que sean
necesarias para que nuestros derechos milenarios, que además han sido
reconocidos en la Constitución de Colombia y en tratados
internacionales, sean respetados.

Comité Ejecutivo de la ONIC

* Solicitamos a las organizaciones indígenas de Colombia y del Mundo, a
las ONGS, a los organismos internacionales, a los organismos de
control, pronunciarse al respecto, enviando sus comunicaciones al
presidente Álvaro Uribe Vélez, al
Correo electrónico: auribe@presidencia.gov.co
Teléfono: 00 57 1 5629574 5629575
Fax: 3420592