Las cuatro víctimas de la represión policial en el Paro Nacional Agrario del 18 y 19 de febrero, convocado y realizado por gremios campesinos y organizaciones indígenas como CONACAMI, CCP Y CNA, junto con la declaratoria del estado de emergencia y la orden de intervención a las fuerzas armadas, son una trágica prueba de la sistemática política de criminalización y militarización que desarrolla el Gobierno del doctor Alan García Pérez, que solo sabe responder con el agravio y la violencia a todas las demandas de la sociedad civil.

Lo hizo antes con la huelga de los maestros y con las movilizaciones regionales. Y en un intento por institucionalizar y legalizar su política de criminalización, ha construido un marco legal represivo y entreguista, del cual forman parte los once decretos legislativos de julio del año pasado, y los proyectos de ley destinados a brindar todas las facilidades a las empresas transnacionales para el saqueo de nuestros recursos naturales.

Entre los decretos legislativos de criminalización destacan dos particularmente graves: uno que otorga a los policías y militares "licencia para matar" en manifestaciones públicas, pues señala que no podrán ser procesados si lo hacen en ejercicio de sus funciones, mientras que sí pueden ser juzgados y condenados en el caso de torturas y maltrato físico a los detenidos. Y el otro, aquel que castiga con prisión efectiva a los alcaldes, regidores y presidentes regionales que participen en actos de protesta.

Esta criminalización es exigida por el proyecto económico neoliberal, no solo continuado sino también profundizado por el gobierno aprista, que nuevamente se mancha las manos de sangre en su afán por entregar nuestros recursos naturales a las empresas transnacionales. Allí están, para probarlo, tres peligrosos proyectos de ley: el primero, que pretende expropiar territorios comunales; el segundo, llamado "ley de la selva", para concesionar el gas, el petróleo y los recursos forestales; y el tercero para otorgar las aguas a las compañías privadas, principalmente extranjeras.

Con este marco, toda acción de protesta de la sociedad civil en pleno ejercicio de sus derechos es calificada como antidemocrática, cuando se trata de todo lo contrario, de exigir el pleno respeto del Estado de Derecho. En el caso particular del Paro Nacional Agrario, la Plataforma, más que reclamos, resume la defensa de sus derechos vulnerados por el Estado.

Mientras tanto, el gobierno de García se llena la boca para hablar del crecimiento económico y los supuestos beneficios de los acuerdos comerciales firmados y en negociación, cuando es más que evidente que ni el uno ni los otros traen beneficio alguno a las comunidades indígenas y campesinas ni a los pequeños agricultores. Por el contrario, solo acrecientan las ganancias de las grandes empresas y ensanchan las brechas sociales al profundizar la pobreza y la exclusión.

Es en este contexto que la sociedad civil, a través del colectivo de organizaciones y movimientos sociales Enlazando Alternativas 3, está convocando a la Cumbre Social de los Pueblos, que se reunirá en Lima del 14 al 17 de mayo próximo, de manera paralela a la V Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, para construir una propuesta de integración desde y para los pueblos y presentar propuestas alternativas al modelo neoliberal y sus acuerdos comerciales.

Desde su convocatoria como espacio democrático de debate y construcción de propuestas, ese gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos, no ha hecho otra cosa que satanizar y agredir a la Cumbre Social de los Pueblos y a las organizaciones y movimientos sociales que la organizan. Es decir, persiste en su actitud de enfrentamiento, persecución y criminalización de la sociedad civil.

Lo anterior configura un espacio de militarización que pone en riesgo la realización de la Cumbre Social y la libertad y la vida de los dirigentes sociales que la convocan. El proceso de criminalización y entreguismo se profundiza y responsabilizamos directamente al gobierno de García Pérez por esta política represiva y entregusita, la cual no tendrá otra consecuencia que la de agudizar las protestas y los conflictos sociales

POR TODO ELLO, DEMANDAMOS A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, los organismos de derechos humanos y los gobiernos de Europa, América Latina y el Caribe, exigir al gobierno aprista que ponga alto a su enfrentamiento con la sociedad civil, respete los derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades campesinas e indígenas y de las organizaciones sociales en su conjunto, y junto con ello cese su política entreguista de los recursos naturales y de criminalización de las demandas, para empezar a cerrar las grandes brechas sociales que condenan a la pobreza y a la exclusión a nuestros pueblos y comunidades.

Lima, 21 de febrero de 2008.

Miguel Palacín Quispe
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI

Mario Palacios Panez
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI Perú

Melchor Lima Hancco
Confederación Campesina del Perú, CCP

Antolín Huascar Flores
Confederación Nacional Agraria, CNA

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Argentina