Con amenazas y falsas informaciones responde el gobierno ante la reclamación que vienen haciendo los Pueblos Indígenas desde el 11 de noviembre del presente año, en lo que se ha denominado reactivación del proceso de Liberación de la Madre Tierra en el Departamento del Cauca.

Buscando contactos entre las comunidades Indígenas y el gobierno nacional, se había programado una reunión entre la Consejería Mayor CRIC y el Incoder regional para tratar asuntos tendientes a encontrar soluciones a las situaciones conflictivas de tierras generadas por el Ministerio de Agricultura, como la referida a la finca Villa Carola, en el Resguardo Indígena de Poblazón. A esta cita llegó JAVIER ROMERO, funcionario del ministerio de agricultura quien no aceptó los términos de la reunión, formuló la tesis que el gobierno nunca ha firmado ni firmará convenios con indígenas que se movilizan, desconociendo el mismo compromiso adquirido por el actual gobierno el 16 de diciembre del 2005.

Dicho funcionario puso en duda los títulos coloniales y negó la responsabilidad que tiene la institucionalidad para corregir el error cometido por el Estado colombiano al adquirir predios reclamados por comunidades para entregarlos a desplazados. En este punto, al igual que la mayoría de funcionarios de alto nivel del Estado Colombiano, señaló que en Colombia no hay tierras para otros sectores por culpa de los indígenas, indicando que se debe respetar la propiedad privada. Por el contrario repitió que los predios afectados por las comunidades indígenas no son objeto de concertaciones y que serán defendidos por el gobierno con efectivos de la fuerza pública.

Frente a lo sucedido, como Consejería Mayor CRIC, lamentamos que en Colombia el gobierno nacional abandone sus responsabilidades constitucionales, dialogue solo con voceros de grupos armados y desconozca las propuestas y reclamaciones de las organizaciones de la sociedad civil, en especial las iniciativas que vienen planteando tanto las comunidades como las autoridades indígenas.

De igual forma reiteramos nuestro rechazo a la aplicación de políticas racistas que fomentan el conflicto entre sectores pobres de la población, al adquirir, de forma perversa, predios para desplazados, que no solo son parte de los territorios indígenas sino que desde hace más de 15 años han sido definidos por el mismo Estado colombiano como terrenos que deben ser adquiridos para las comunidades indígenas.

Finalmente, y desde la consideración que el gobierno nacional no respondió con su deber constitucional el Derecho de Petición, radicado por el CRIC, ante Presidencia en la Republica y el Ministerio de Agricultura el 30 de Octubre de 2007, instamos al gobierno nacional para que en un debate público responda claramente cuál ha sido el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros pueblos desde hace más de 20 años y cómo ha pensado avanzar en su responsabilidad de hacerlos efectivos, ahora que el Estatuto de Desarrollo Rural impide cualquier acción de reforma agraria, promueve la expropiación de los territorios milenarios de los pueblos indígenas, y desconoce la legalidad de los títulos coloniales, así como la legitimidad de los territorios ancestrales recogida en el Convenio 169 de la OIT.

CONSEJERIA MAYOR CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC Comunicado No.7. Popayán, 19 de Noviembre de 2007