Centenares de campesinos de todo el país y con carteles en defensa del Agua y el Medio Ambiente, marcharon pacíficamente hasta la sede del ministerio de Energía y Minas para demandar la ejecución de una política que no esté a espaldas de la población afectadas por los estragos de las actividades de las empresas mineras que contaminan las cuencas y nacientes de los ríos, afectando su producción agrícola y ganadera.

Sin embargo, a pesar de gestionar la reunión con el propio ministro del sector Juan Valdivia, éste prefirió asistir a la clausura del IV encuentro de mujeres mineras en el exclusivo hotel Las Dunas de Ica; una actitud de pinta de cuerpo entero la clase de política que está aplicando este gobierno que dice ser “de todos los peruanos”.

La comitiva fue recibida por el director general de minería del MEM, César Rodríguez Villanueva, quien se comprometió a entregar el memorial que remitió la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería – CONACAMI Perú al ministro Valdivia a su regreso y también a gestionar mesas de diálogo para que llegar a acuerdos que no generen más abusos de parte de las empresas mineras hacia las comunidades.

Por su parte, Miguel Palacín Quispe, presidente de CONACAMI Perú, indicó que el memorial resumía las demandas de las comunidades campesinas e indígenas afectadas por la minería y demandaban una nueva constitución política que reconozca los derechos de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, históricamente excluidos, y que reconozca el carácter plurinacional y multicultural de nuestro país.

“Nosotros no estamos en contra de la minería, sino, todo lo contrario, la minería está en contra de las comunidades porque envenena nuestros ríos, contamina el Medio Ambiente donde vivimos y coludidos con los gobiernos nos persigue, nos intimidan, llegado incluso a asesinar a nuestros dirigentes”, enfatizó.

Asimismo, exigieron que el Congreso de la Republica legisle sobre los espacios de dialogo y concertación a fin de normar y garantizar el cumplimiento de los acuerdos de las MESAS DE DIALOGO que está desarrollando el Primer Ministro y en este contexto sería necesario la creación de una Comisión Especial de Alto Nivel que investigue las responsabilidad de los conflictos socio ambientales, relacionados a las actividades mineras, en temas como ambiente, salud pública, violación a los derechos a la propiedad, irregularidades administrativas y contaminación ambiental, violaciones de derechos humanos (muertes, torturas, intimidación, persecución y otros).

Asimismo, el cese de las prácticas de intimidación, persecución y amenaza a la libertad de expresión y protesta, derecho fundamental que tenemos para defender nuestra vida y desarrollo, por ello también proponemos la modificación de las leyes penales sobre la materia a fin de poder garantiza estos derechos.

Y finalmente, la revisión exhaustiva del TLC con participación de la sociedad civil y que se someta a una consulta o referéndum los puntos controvertidos, por ejemplo el capítulo 10 sobre las inversiones.