Colombia será la sede del Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Militarización que se realiza durante el mes de agosto. La creciente militarización de las relaciones de Estados Unidos con América Latina tiene raíces viejas y una relación directa con el despojo de los territorios, la explotación de los recursos naturales, las violaciones a los derechos humanos, la imposición de su modelo económico sobre los derechos de los pueblos, con efectos diferenciados para las mujeres. Este será el eje del Encuentro que busca trazar una agenda de trabajo hacia la desmilitarización de las Américas.
El rapto de las sabinas cuenta cómo los romanos secuestraron a las mujeres de la tribu de los sabinos y luego ellos en venganza atacaron a los romanos generando una cruenta guerra. Este relato mitológico describe la práctica antigua que ha perdurado a lo largo de la historia de los conflictos armados de considerar a las mujeres como un botín de guerra, pero también señala cómo estos relatos se han encargado de naturalizar o presentar estas violaciones a los derechos de las mujeres como anécdotas o  historias románticas.
Frente a las mujeres, las armas sirven para matar o herir, pero también para violar, comprar, ejercer control sobre su vida sexual y afectiva, su manera de vestir, sus costumbres y su participación social y política, dentro de un machismo que se desborda en los escenarios de guerras y conflictos armados, pero que no es exclusivo de ellos. Gran parte del mundo vive hoy inmerso en este sistema patriarcal, capitalista y guerrerista que se sirve de las armas para controlar a las personas, los territorios y los recursos estratégicos.
En los últimos 20 años, América ha elevado en un 50% su gasto militar y Estados Unidos sigue estando a la cabeza de estas cifras, muy por encima del resto de países, según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz, SIPRI, del año 2009, que también revela que Estados Unidos destinó 661.000 millones de dólares al gasto militar, Brasil, 261.000 millones, Colombia 10.000 millones, México 5.490, Chile 5.000 y Venezuela 3.254 millones. Después de Brasil, Colombia es el segundo país en dedicar parte de su PBI, 3,7%, al gasto militar.
Mientras se invierten enormes cantidades de dinero en armas, uniformes, equipos sofisticados de vigilancia y seguridad, millones de personas no tienen acceso al agua potable, la alimentación, la salud y la educación. Por su condición histórica de discriminación social, política y económica, la negación de estos derechos tiene un efecto diferente y más grave para las mujeres, además de aumentar su carga de trabajo doméstico y de cuidado cuando el Estado no asume las obligaciones sociales que le corresponden.
Una vieja historia vigente
Las élites estatales siempre encuentran una manera de justificar la militarización: amenazas reales o imaginarias ante las cuales se reacciona con el mismo razonamiento que privilegia el uso de la fuerza y la dominación para mantener a los enemigos a raya. El más reciente ´listado de enemigos´ fue acordado durante la Cumbre de las Américas realizada en Miami en el año de 1994, cuando se inició el proceso de organización de un sistema de seguridad conjunto para todo el continente ideado por el presidente de Estados Unidos de ese entonces, George Bush, padre: “el narcotráfico, el terrorismo, la posesión de armas de destrucción masiva, el tráfico de armas, las corrientes migratorias, los desastres naturales y los desbordes religiosos o nacionalistas” fueron las amenazas señaladas y acogidas por los 33 gobiernos del hemisferio participantes en dicha cumbre.
De la mano de estos discursos basados en le odio y el miedo, camina la avaricia que despiertan la riquezas de nuestros territorios: agua, petróleo e hidrocarburos, biodiversidad, minerales, para los cuales las grandes firmas trasnacionales y sus gobiernos cómplices ya han hecho planes.
Así quedó evidenciado en 1995 cuando se realizó en Williamsburg, EU, la primera Reunión de Ministros de Defensa de las Américas, organismo instaurado en la Cumbre de las Américas del 94, para iniciar el planteamiento del sistema de seguridad conjunto que debía:
a) Imponer la existencia de la democracia representativa en forma universal.
b) Implantar con la denominación del "ALCA" un sistema neoliberal globalizado que permitiría "detectar cualquier síntoma de inestabilidad en la región".
c) Comenzar el entrenamiento de las fuerzas militares del área mediante la realización de ejercitaciones combinadas a fin de "Afianzar la Seguridad en Forma Colectiva" y establecer bases militares de manera que los efectivos pudieran controlar sin grandes desplazamientos las zonas con disponibilidad de recursos naturales estratégicos[1].
A espaldas de la opinión pública que aún hoy no cuenta con información clara y completa sobre la presencia militar de Estados Unidos en la región. Un informe realizado por la organización no gubernamental argentina, Centro de Estudios Militares para la Democracia, CEMIDA[2], afirma que a partir de aquella reunión de Ministros de Defensa del 95 y con la implementación del "Plan Colombia" y la "Iniciativa Regional Andina" se instalaron bases militares estadounidenses en Tres Esquinas, Larandia y Puerto Leguizamo, en Colombia, la gigantesca de Manta en Ecuador, cuyo acuerdo culminó en el año 2009 y no fue renovado, la del Valle de Huallaga en Perú, y otra ya reclamada y devuelta al Brasil de San Pedro Alcántara. Estas se habrían sumado a las ya existentes en Guantánamo en Cuba, Roosevelt Roads y Fort Buchanan en Puerto Rico, Palmerola en Honduras, Comalapas en El Salvador y las de Curazao y Aruba.
Un impacto fundamental y poco discutido de la expansión militar de Estados Unidos es el daño que causa al medio ambiente y a la salud humana. Según análisis realizados por la organización no gubernamental estadounidense Fellowship of Reconciliation, FOR que trabaja para reorientar la “ayuda” militar estadounidense, el uso de sustancias tóxicas y cancerígenas, los derrames de uranio, causan terribles efectos ambientales como la polución del medio ambiente, el agua y el suelo, y en la salud de la población con impactos específicos para las mujeres en el caso de la salud sexual y reproductiva. Estos impactos se han documentado tanto en Okinawa, Japón, donde se mantiene una base militar estadounidense como en Vieques, Puerto Rico, en Panamá y en Filipinas, donde el desastre ha perdurado a pesar de haber sido retiradas las bases.
Y el gringo… ahí
La presencia militar estadounidense en Nuestra América se ha manifestado a lo largo de la historia  no sólo a través de la instalación o la utilización de instalaciones sino del entrenamiento de militares latinoamericanos en doctrinas anticomunistas, prácticas de tortura y Golpes de Estado, en la tristemente célebre Escuela de las Américas. También ha sido fuertemente cuestionado el papel de Estados Unidos en el apoyo económico y logístico a unidades militares implicadas en graves violaciones a los derechos humanos, la presencia de mercenarios de guerra que han impartido entrenamiento a grupos armados paraestatales, contribuyendo a la degradación y agudización de conflictos armados internos.
Un estudio que está por lanzarse elaborado por FOR sobre ayuda militar a Colombia y “falsos positivos” encontró que Estados Unidos no ha cumplido con las provisiones legales que prohíben entregar ayuda militar a unidades involucradas en graves violaciones de derechos humanos y que los incrementos de asistencia militar por unidad empeoró el problema de ‘falsos positivos’ en un promedio de 56%.
El golpe de Estado en Honduras organizado desde una base militar estadounidense como lo denunció el Presidente hondureño derrocado, la entrada de 7000 marines a Costa Rica,  la reactivación de la Cuarta Flota, la ocupación de Haití bajo el pretexto del terremoto, la construcción del muro de la vergüenza entre México y Estados Unidos, la concesión de nuevas bases militares por el gobierno de Panamá, y la firma del tratado militar entre los gobiernos de Barack Obama y Álvaro Uribe son episodios que evidencian la creciente militarización de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y los preparativos para una “aventura militar global” como la denomina el analista Atilio Borón[3].
Los alcances de la aventura quedaron al descubierto en la Cumbre de Gobiernos de la Unión de Países del Sur, UNASUR, en Bariloche, Argentina, en septiembre de 2009, cuando se revelaron los detalles del llamado Libro Blanco del Comando Sur de Estados Unidos, que dejaron en claro que el Trratado Militar suscrito por los gobiernos de Uribe y Obama rebasan en mucho las fronteras del país suramericano. “En 2005 la Estrategia Militar Nacional estableció a África como una quinta región de vanguardia, lo cual requerirá capacidad de movilidad significativa para apoyar la aplicación de la Estrategia Militar Nacional”.[4]
Mi cuerpo es mi casa, mi casa es mi territorio
Meses antes de la cumbre de UNASUR, cuando la revista colombiana Cambio publicó en julio de 2009[5], los primeros detalles sobre el Tratado Obama-Uribe, la reacción de este último fue la de presentarlo como un “Acuerdo Simplificado” es decir, una extensión de lo ya pactado con el Plan Colombia, e insistir en que no se trataba de la instalación de bases militares sino de la utilización de instalaciones colombianas para operaciones estadounidenses.
Sólo después de firmado el Tratado, el gobierno colombiano dio a conocer el texto del Tratado y de inmediato tres prestigiosas organizaciones defensoras de derechos humanos de Colombia: el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, iniciaron el análisis y las acciones jurídicas frente a este acuerdo al constatar que violaba la Constitución Política Colombiana, la soberanía nacional, la separación de poderes y el ordenamiento jurídico, al no haber sido revisado por el Congreso de Colombia. Recientemente la Corte Constitucional se pronunció declarándolo inconstitucional.
El elemento novedoso que hace de este un Tratado distinto es la autorización para la permanencia, y ya no sólo para el tránsito, de tropas estadounidenses en el territorio nacional. Esta decisión entraña otra de las preocupaciones de las mujeres frente al Tratado: por primera vez, el estado colombiano acepta la permanencia hasta por 90 días de hasta 600 militares y 800 civiles contratistas amparados por la figura de la inmunidad diplomática.
Recientemente, la Federación Internacional de Derechos Humanos, adoptó una resolución en su 37o. Congreso Mundial realizado en Yerevan, Armenia, “Sobre la Situación de las Mujeres y las Bases Militares” donde consideró que “la presencia y uso de las bases militares norteamericanas aumentará los riesgos de violencia sexu