Derechos de la Madre Tierra

Unos 20,000 campesinos e indígenas guatemaltecos, que demandaban al gobierno cancelar las concesiones para la construcción de infraestructura y explotación de recursos naturales, bloquearon las principales rutas de acceso a la capital la madrugada del 12 de octubre, aniversario del arribo de Cristóbal Colón a América, fecha conocida en la región como Día de la Hispanidad.
 
"Nosotros no conmemoramos el Día de la Hispanidad, sino el Día de la Dignidad y Resistencia de los Pueblos Indígenas y estamos manifestando para exigir el cese de operaciones de los megaproyectos", dijo la líder indígena Juana Mulul. "Nuestro movimiento es puramente en defensa de la madre tierra y del territorio".
 
Los manifestantes llevaron a cabo su masiva protesta contra la construcción de una fábrica de cemento en el municipio de San Juan Sacatepéquez, en las afueras de Ciudad de Guatemala, y una serie de concesiones mineras otorgadas por el gobierno del presidente Álvaro Colom.
 
"El pueblo dice no a la cementera" y "No a la minería" se leía en algunas de las banderolas que portaban los indígenas, quienes habían caminado 35 km desde San Juan Sacatepéquez a Ciudad de Guatemala, donde bloquearon cuatro importantes vías en plena hora punta. Mientras tanto, helicópteros del Ejército sobrevolaban los alrededores.
 
A los manifestantes se les sumaron estudiantes de la Universidad de San Carlos, quienes bloquearon la Avenida Petapa, una de las principales de la ciudad, en solidaridad con los indígenas.
 
Pero la marcha pacífica se alteró por la violencia cuando los manifestantes bloqueaban el puente Caminero, en el municipio de Mixco. Imer Boror, de 19 años, recibió un balazo que le causó la muerte, al parecer disparado por un transportista furioso atrapado por el embotellamiento. También sufrieron heridas graves por impacto de bala Santos Raxón, de 19 años y Celso Esteban Orellana, de 42, quienes fueron trasladados al Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala.
 
"Tengo entendido que discutieron y luego forcejearon cuando el desconocido sacó el arma de fuego [disparó a Boror]", dijo el vocero policial Donald González. Pocas horas después, Miguel Ángel Arévalo, de 33 años, fue arrestado por el crimen en la carretera Interamericana.
 
Promesas rotas
 
Organizaciones campesinas responsabilizan al gobierno por la muerte de Boror y por romper el acuerdo firmado el 14 de julio, en el cual el presidente Colom se comprometió a no otorgar ninguna otra concesión minera durante el resto de su mandato, llevar a cabo un estudio de impacto ambiental sobre la construcción de la cementera en San Juan Sacatepéquez y retirar las tropas instaladas en la zona desde el 2007.
 
El 13 de mayo del 2007, los residentes de San Juan Sacatepéquez realizaron un plebiscito sobre la construcción de la fábrica Cementos Progreso, cuyos resultados dieron 8,948 votos en contra de la empresa y cuatro a favor. Desde el comienzo, los residentes se han opuesto fuertemente al proyecto, ya que la producción de cemento requiere el uso de grandes cantidades de agua, lo cual ha provocado temores de que los acuíferos locales se secarán, y que el proyecto arrojará polvo, causando graves enfermedades respiratorias entre la población local.
 
Aunque la Convención 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido ratificada por el gobierno guatemalteco, y el Código Municipal local enfatiza el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y la participación, los resultados del plebiscito fueron considerados no vinculantes e ignorados por el gobierno de Colom, y Cementos Progreso —una de las corporaciones más grandes del país, de propiedad de la poderosa familia Novella— inició la construcción de la planta.
 
Las tensiones aumentaron en junio del 2008 cuando la Policía incursionó en las viviendas de una serie de líderes comunales y arrestó a 47 personas. Poco después, Francisco Tepeu Pirir, uno de los pocos residentes que apoyaban la construcción de la fábrica, fue asesinado en la localidad de San Antonio Las Trojes por una iracunda turba que lo acusó de venderse a Cementos Progreso. El gobierno respondió enviando tropas a San Juan Sacatepéquez.
 
En julio pasado, una marcha indígena a Ciudad de Guatemala demandó paralizar la construcción de la cementera y se llegó a un acuerdo con el gobierno el cual se comprometió a paralizar la obra hasta que no se realizara un nuevo estudio de impacto ambiental y a retirar las tropas enviadas a San Juan Sacatepéquez. Sin embargo, las autoridades no cumplieron con su parte y en setiembre los líderes indígenas abandonaron las negociaciones.
 
Desplazamientos y desalojos
 
Otras quejas indígenas planteadas en la protesta del 12 de octubre incluyen la construcción de la represa de la hidroeléctrica Las Tres Niñas sobre el Río Grande o Jupilingo en el municipio de Jocotán, en el oriental departamento de Chiquimula, que amenaza con desplazar a las comunidades mayas chortí de los alrededores e inundar campos de maíz y frijoles, privándolas de sus cultivos de subsistencia.
 
Otro punto de conflicto es el hecho de que han continuado los desalojos de tierras bajo la administración de Colom. El más reciente ocurrió el 2 de setiembre cuando campesinos que habían ocupado tierras pertenecientes a la plantación azucarera Chabil Utzaj en el municipio de Panzós, Alta Verapaz, fueron obligados a salir y sus cultivos fueron quemados por la Policía. Durante el desalojo, una niña de 15 años, que resguardaba las pertenencias de su familia dentro de su casa, habría sido violada por tres agentes. Se han producido 65 desalojos similares desde que Colom asumió el cargo en enero del 2008.
 
Líderes campesinos también han demandado la inmediata aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral dirigida a resolver disputas por tierras, y permitir a los campesinos sin tierra establecerse en tierras estatales ociosas. La ley está actualmente en manos del Congreso, pero se prevé que el proceso de aprobación será largo y burocrático.
 
"Esta es una protesta contra los saqueos de sus recursos, en defensa de sus comunidades. También se está demandando salud, educación e instrumentos de trabajo", explica Juan Tiney, líder de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC).
 
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