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Las organizaciones abajo firmantes manifiestan su preocupación ante el vaciamiento de las políticas públicas destinadas a la agricultura familiar campesina e indígena a través de los despidos propiciados por el Ministerio de Agroindustria de la República Argentina a técnicos y extensionistas que trabajan acompañando los procesos organizativos de las comunidades campesinas e indígenas por el efectivo goce de los derechos humanos de los ciudadanos rurales.
Los despidos se intentan justificar en una supuesta reingeniería administrativa aprobada por el mismo Gobierno Nacional y la necesaria adecuación a esos cambios que se ejecuta reduciendo los puestos de trabajo sin ninguna alternativa efectiva para garantizar la continuidad laboral. Esta decisión tiene como consecuencia el abandono de los agricultores familiares y un reiterado menosprecio a campesinos e indígenas; debido a que esos trabajadores y trabajadoras estatales de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Agroindustria cumplían funciones de asesoramiento, extensión, acompañamiento al sector en materias como comercialización, acceso a la tierra, fortalecimiento institucional, turismo rural, capacitación a comunidades del interior profundo.
Este vaciamiento consolida un único modelo productivo basado en la desigualdad social a través de la exclusión de los ciudadanos rurales y en la concentración económica y acaparamiento de tierras. Junto con los más de 160 despidos iniciados en 2016, y los 330 despidos actuales se suma la acefalía pronunciada de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, la falta de recursos y quita de tareas para el personal que inciden necesariamente en el incumplimiento de la Ley de Agricultura Familiar Nº27.118.
Según datos de la FAO los y las agricultores familiares producen el 80% de los alimentos del mundo, detrás de cada plato de comida hay familias, vínculos, tierra y cultura; hay una gran diversidad que para sobrevivir necesita ser reconocida y valorada por todos.
En cuanto a la situación de tenencia de tierras más de 9.2 millones de hectáreas se encuentra en conflicto afectando al menos a 63.000 familias argentinas del campo. Ello hace necesario, no sólo que se suspendan los despidos sino que se aumenten los recursos estatales para un sector que es garante de la soberanía alimentaria y de la alimentación saludable. Nos preocupa además del vaciamiento de políticas principalmente en el interior del país la pérdida de sustento para esas familias de trabajadores en un contexto de ajuste general.
Estos despidos son una manifestación más de ese vaciamiento, por ello desde las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Academia que suscriben el presente comunicado manifestamos nuestra preocupación, exigimos al Señor Ministro de Agricultura Luis Etchevere que revoque esa decisión y tome las medidas conducentes para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y acompañamos a los trabajadores y trabajadoras en este difícil momento.
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