Declaración política
Urge conocer beneficiarios finales de las corporaciones para enfrentar la crisis socio económica a raíz del COVID-19
Saludamos la decisión del gobierno argentino mediante su administración tributaria AFIP, de regular sus mercados financieros exigiendo transparencia sobre los verdaderos dueños de sociedades y fondos de inversión a fin de controlar las fronteras financieras y fortalecer su sistema tributario para evitar el fraude fiscal en contexto de Coronavirus.
La decisión del gobierno argentino de llevar adelante un registro de beneficiarios finales pone de manifiesto la clara intención de solventar su crisis económica – fuertemente profundizada por el contexto del Covid-19 – también mediante acciones de transparencia fiscal.
En el escenario actual es más dañina aún la ocultación de la identidad de la propiedad empresarial para eludir impuestos, así como todos los mecanismos del entramado corporativo para defraudar al fisco. Escándalos en la prensa mundial como los Panama Papers han evidenciado, desde hace años, el blanqueo de capitales en nuestros países mediante la multiplicación de sociedades fantasma, el anonimato, la utilización de guaridas fiscales y el secreto como bálsamo de los negocios offshore.
La hegemonía absoluta del poder corporativo en el poder político facilita este saqueo y termina por completar esta estafa fiscal y financiera global que conlleva la afectación y no realización de los derechos de la población en especial su protección social, ampliando las desigualdades. Ello en el contexto de la gravísima crisis económico-social, y urgencia sanitaria que nos ha traído el Covid-19, debería considerarse un delito de lesa humanidad.
Por ello, saludamos la decisión del gobierno argentino de avanzar en la regulación de sus mercados financieros en la exigencia de información sobre los verdaderos dueños de las empresas y fideicomisos, a fin de tomar decisiones soberanas respecto del funcionamiento de sus fronteras financieras y su sistema tributario.
Especialmente saludamos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por establecer mediante Resolución General 4697/2020 un nuevo régimen de información sobre participaciones societarias vigente que identifica a las personas humanas que posean participaciones en sociedades, asociaciones civiles, fundaciones y fondos comunes de inversión. Todas ellas tendrán la obligación de informar una vez al año quienes son sus beneficiarios finales.
Estas no son medidas aisladas, forman parte de las agendas de otros gobiernos como Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Perú, Sudáfrica, Dinamarca, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, etc. de acuerdo a las recomendaciones de organismos multilaterales como OCDE y GAFI. Sin embargo, no es suficiente cumplir con la normativa dejando en la realidad amplios márgenes para que nada cambie. Se necesita real voluntad política para que estos instrumentos de transparencia corporativa sean eficaces. Esta voluntad política es la que notamos y saludamos por parte del gobierno argentino y su administración tributaria.
En efecto, este cambio de régimen que apreciamos en Argentina, todavía perfectible (por ejemplo en la publicidad que creemos que debe tener este registro), se enmarca sin duda en la perspectiva de Justicia Fiscal de las organizaciones sociales que en todo el mundo promueven esta causa, como Latindadd, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJF), la Coalición por la Transparencia Financiera (FTC por sus siglas en inglés), la Alianza Global por Justicia Fiscal (GATJ por sus siglas en inglés), la Tax Justice Network (TJN), entre otras, que representan a cientos de organizaciones en los cinco continentes. Por ello, saludamos y felicitamos a la AFIP y al gobierno argentino.
Los registros públicos de beneficiarios finales pueden servir además de instrumento contra la elusión tributaria, como base para efectivizar un posterior impuesto a las fortunas que en tiempos como los que vivimos son muy necesarios.
Finalmente, hacemos un llamado a los demás gobiernos de América Latina y El Caribe a tomar medidas análogas y mostrar la misma voluntad política a favor de la Justicia Fiscal para sus pueblos.
América Latina, 23 de abril de 2020
Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd)
Red por Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJF)
Fundación SES