El día de hoy el COPINH espera el resultado del proceso legal contra el ex alcalde del municipio de  Intibucá, Martiniano Domínguez, que es acusado por abuso de autoridad por violar el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI). Este proceso tiene sus bases en el hecho de que el ex alcalde promovió, junto a la corporación municipal con mandato entre los años 2010 y 2014, el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” queriendo convencer, manipular y violentar la determinación de las comunidades del sector norte del municipio que rechazaban la construcción del mismo.

Esto se concretó en que Martiniano otorgara a finales del año 2011 el permiso de operaciones a la empresa asesina Desarrollos Energéticos SA -DESA- y por ende se sintiera en la potestad de continuar de manera irregular su implementación  causando disímiles impactos al pueblos Lenca, entre ellos el asesinato de la Coordinadora General de COPINH, Berta Cáceres.

 

Este juicio ha tenido distintas sesiones en su audiencia de juicio oral y público entre las que se expuso testimonios de personas de la comunidad de Río Blanco que narraron el proceso de implementación del proyecto demostrando la oposición  permanente este y el desconocimiento de parte de la población de los impactos que iba a producir. Además los testimonios dieron cuenta de la actitud abusiva del otrora alcalde que quería imponer el proyecto bajo cualquier forma y que incluso se atrevió a falsificar firmas de la población o utilizar la de personas fallecidas, entre otras irregularidades.

 

El COPINH también propuso el peritaje de una antropóloga guatemalteca María Jacinta Xón Riquiac titulado “Los Lencas y la lucha por la Defensa de su territorio desde el siglo XVI hasta el Siglo XXI” el cual hace un estudio analítico sobre las bases históricas documentales y orales a respecto de la existencia, permanencia y dinámica del Pueblo Indígena Lenca, específicamente en el territorio que se denomina Río Blanco, Intibucá.

 

Se espera que el juicio termine hoy con la presentación un fragmento el video  “La Voz del Gualcarque” que documentó el Cabildo Abierto del año 2013 donde se intentó cambiar la decisión de las comunidades de oponerse a dicho proyecto; luego se evacuaron los testimonios de tres testigos por parte de la defensa de Martiniano y finalizará las conclusiones de las partes.

 

Este juicio es resultado de muchas acciones de resistencia de las comunidades a los proyectos inconsultos que se otorgaron en concesionamiento en el año 2010 por parte de Congreso Nacional golpista que desembocó en varias denuncias. Entre estas se encuentra la correspondiente a la concesión a la empresa DESA  interpuesta en la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural por la coordinadora general, caso que fue activado hasta luego de la siembra de la hermana Berta. De las diversas acciones para manifestar la oposición, el COPINH arrancó por parte del gobierno de Pepe Lobo, en 2011, un acuerdo firmado por el ex presidente y por ministros de ese mandato  en el que se comprometían a no construir varios proyectos entre ellos el de “Agua Zarca”. Claramente este acuerdo no fue cumplido.

 

Es un juicio histórico ya que es el primero, de  alrededor de doce casos vinculados a la gran causa Berta Cáceres, que será resuelto. Pero también el primer caso que juzga a un funcionario público hondureño por violentar el derecho a la CPLI de los pueblos indígenas que la mayoría de las veces no son considerados  sujetos de derechos y se ignora que sus decisiones son vinculantes, por tanto violentarlas puede desembocar en procesos legales como el que enfrenta Martiniano y en el que se entiende la repercusión política que ha generado la lucha por la búsqueda de la justicia.

 

En el análisis de COPINH este caso ha generado grandes impactos ya que muchos alcaldes e igualmente funcionarios de “Mi Ambiente” tienen temor de hacer acciones contra los pueblos indígenas e ir a tribunales por ello. Se puede decir que hoy piensan un poco más a la hora de violentar la voluntad de los pueblos. También apreciamos una mayor apertura en el tribunal que lleva el caso en cuanto a materia de derechos de los pueblos indígenas, algo poco frecuente dentro de estas instancias, y que incluso aceptó hacer una inspección en terreno apreciando los daños generados por la empresa.

 

Su resultado impactará directamente en la ilegalidad del proceso de implementación del PH “Agua Zarca” y la empresa DESA que es parte de la estructura criminal que asesinó a Berta y produjo la muerte de otras compañeros y compañeras. COPINH tiene la certeza que el ex alcalde será condenado y que, más allá de la sentencia que reciba, lo que es más importante para el COPINH es marcar un precedente de justicia en el  que la voluntad de las comunidades indígenas deba ser respetada por funcionarios del Estado, garantizando con esto el camino de la no repeticón de los crímenes. “Bertha Vive, La Lucha Sigue”

 

Dado  La Esperanza, Intibucá a los 13 días de mes de abril del año 2018.

 

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