En las últimas semanas, los ojos del mundo han estado centrados en el proceso judicial que se ha venido desarrollando en Guatemala contra el general retirado José Efraín Ríos Montt -presidente de facto entre 1982 y 1983-, por genocidio y crímenes contra la Humanidad. Por primera vez, uno de los máximos responsables de la represión que sufrieron los pueblos de Guatemala durante el largo periodo de las dictaduras militares, se ha sentado en el banquillo de los acusados.

Según estimaciones recogidas en el informe "Guatemala Memoria del Silencio", elaborado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciado por Naciones Unidas y publicado en 1999, el conflicto armado que asoló Guatemala de 1960 a 1996 (36 años) se cobró más de 200.000 muertes, y cerca de 45.000 personas desaparecidas, muchas de las cuales siguen en paradero desconocido. Del total de violaciones de derechos registradas, la mayoría (un 81%) se produjo entre los años 1981 y 1983, siendo el periodo de mandato de Ríos Montt, el más violento de todos.

La CEH comprobó que la responsabilidad del 93% de las violaciones registradas recae sobre el Estado de Guatemala, incluyendo en esta categoría al Ejército Nacional, las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, grupos paramilitares armados y entrenados por los militares), los Comisionados Militares, otras fuerzas de seguridad del Estado y los Escuadrones de la Muerte. Además, más del 83% de las víctimas de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia registradas, pertenecían al pueblo maya. También se documentó que, antes de ser ejecutadas, un alto porcentaje de las personas asesinadas habían sufrido torturas y, en el caso de las mujeres, agresiones sexuales graves y continuadas, cometidas como parte del intento de exterminio de una parte de la población. La violencia del Ejército no diferenció a la población civil de los grupos armados; no respetó a hombres y mujeres desarmadas, ni a niños o niñas, ni a personas ancianas; y se llevó a cabo en en el marco de un claro y continuado incumplimiento de la normativa internacional de los Derechos Humanos.

Durante el reciente proceso judicial, que se refería específicamente a los actos de genocidio cometidos contra el pueblo ixil, se pudieron comprobar todos estos extremos, quedando sostenidos por distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales. En la sentencia emitida por el Tribunal Primero "A" de Mayor Riesgo el pasado 10 de mayo de 2013, se concluye que "...las acciones violentas realizadas en contra de los ixiles, no fue una actividad espontánea, sino la concretización de planes previamente elaborados, que conformaban parte de la política de Estado tendiente a la eliminación de un grupo étnico determinado (...) Habiéndose comprobado hasta la saciedad que eran poblaciones civiles, dedicadas a la agricultura". También concluye la sentencia que fue el racismo de las élites guatemaltecas contra los pueblos indígenas una de las principales bases ideológicas que pusieron en marcha la "maquinaria del exterminio" contra el pueblo ixil.

Tomando en cuenta la responsabilidad que en todos estos hechos tuvo el general retirado Efraín Ríos Montt -entonces al mando del Ejército- el tribunal finalmente le condenó a 80 años de prisión inconmutables, señalando también la necesidad de seguir investigando la cadena de mando para depurar las responsabilidades del resto de personas implicadas en este oscuro episodio de la Historia reciente de la Humanidad.

No obstante, y después de numerosas presiones por parte de diferentes grupos de poder, la Corte de Constitucionalidad (CC), en su resolución dictada el 19 de mayo de 2013 y tomando en cuenta los recursos presentados por la defensa del general, anuló parte del proceso. Concretamente lo operado a partir del 19 de abril, dejando así sin efecto la sentencia, y obligando a reabrir el juicio.

Ante este escenario, las personas y organizaciones abajo firmantes, queremos

MANIFESTAR

1. Nuestro total y absoluto apoyo, respeto y admiración hacia las víctimas del genocidio, las cuales, venciendo al miedo y a las amenazas, testificaron en el tribunal sobre los abusos que fueron cometidos contra ellas y contra sus familias y sus comunidades. Especialmente queremos destacar la valentía de las mujeres ixiles que, a pesar del estigma que ello les puede suponer, hablaron francamente de las agresiones sexuales que tuvieron que padecer a manos del Ejército y de los grupos paramilitares. La revocación de la sentencia por parte de la CC por supuestas debilidades procesales no sólo es injusta y desproporcionada, sino que abunda de manera cruel en el dolor de todas estas personas.

2. Nuestro respaldo a la jueza Jasmín Barrios y al resto de componentes del Tribunal Primero "A" de Mayor Riesgo, quienes, en medio de un clima de continuas presiones, fueron capaces de llevar adelante un proceso judicial complejo y sembrado de innumerables artimañas legales para evitar que se hiciese justicia. El hecho de que un tribunal nacional juzgue por delitos de genocidio y crímenes contra la Humanidad a los responsables de hechos tan brutales como los que se produjeron durante las dictaduras guatemaltecas, supone un paso decidido en la construcción de un país más digno y más justo, lo cual es una demanda histórica de los pueblos guatemaltecos. Y es también un ejemplo que Guatemala está dando al mundo entero.

3. Nuestro rechazo a las estrategias de presión que han protagonizado distintos estamentos y poderes del país, con el ánimo de hacer imposible el adecuado desarrollo del proceso judicial. Entre ellas, especialmente las del actual presidente Otto Pérez Molina, quien negó la existencia del genocidio; las del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que llamó a la movilización en contra de la sentencia, negando los hechos que fueron por ésta probados; y las de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y otras entidades vinculadas a los poderes ocultos, cuyo único fin es amedrentar a quienes sobrevivieron al genocidio y a las organizaciones que les acompañan, creando un clima de terror y zozobra entre la sociedad civil.

4. Nuestra solidaridad con las comunidades, las organizaciones y colectivos sociales, los abogados y abogadas de la acusación y todas las entidades que se han hecho presentes en este proceso de recuperación de la memoria colectiva y búsqueda de justicia, arriesgando en muchos casos su propia integridad física. Especialmente, queremos alertar sobre el alto grado de vulnerabilidad que afecta a las comunidades mayas del área rural donde se produjeron los hechos de violencia juzgados, y donde continúan operando poderes represivos que ya les hostigaban durante el tiempo del genocidio.

Porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y porque el único camino para lograr una paz firme y duradera es el de la justicia, el reconocimiento a las víctimas y sobrevivientes del genocidio, y el establecimiento de medidas para la reparación y para garantizar que no se reproduzcan las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el oscuro periodo del conflicto armado.

"EN GUATEMALA QUEREMOS VIVIR LA VIDA. NO MORIRLA"