Estimada/o compañera/o,

 

Dando continuidad a nuestro contacto reciente, reafirmamos nuestra solicitud de manifestaciones de solidaridad y protesta contra las arbitrariedades de los procesos contra el ex presidente Lula, exigiendo que sea juzgado de forma justa y que los instrumentos internacionales de derechos humanos sean respetados.  Apreciamos mucho su apoyo a la democracia brasileña actualmente bajo ataque.

 

Estas manifestaciones de solidaridad y protesta pueden ser:

. cartas de sus líderes sindicales, académicos, intelectuales y parlamentarios;

. solicitudes de audiencias en representaciones y embajadas brasileñas hasta el 22 de enero (el juicio será el 24 de enero);. divulgación de los hechos en medios de comunicación sindicales y otros independientes;

. apoyo para # ElecciónSemLulaeFraude (#ElectionWithoutLulaIsFraud) y # CadêAProva (#WhereIsTheIvidence) en los medios sociales.

. videos cortos en apoyo del ex presidente Lula con los mensajes: "Elección sin Lula es fraude" y "¿Dónde está la evidencia? ...

 

.Las cartas se enviarán a los siguientes:

 

Michel Temer, Presidente de la República Federativa del Brasil: gabinetepessoal@presidencia.gov.br

 

Eunicio Oliveira, Presidente del Senado y del Congreso Nacional: eunicio.oliveira@senador.leg.br

 

Cármen Lúcia Antunes Rocha, Presidenta del Consejo Nacional de Justicia: presidencia@cnj.jus.br

 

Cármen Lúcia Antunes Rocha, Presidenta del Supremo Tribunal Federal: secretariageral@stf.jus.br

 

Raquel Elias Ferreira Dodge, Presidente del Consejo Nacional del Ministerio Público y Procurador General de la República: presidencia@cnmp.mp.br

 

Leandro Paulsen, Desembargador Presidente Federal de la 8ª Clase del TRF-4: gpaulsen@trf4.jus.br

João Paulo Gebran, Desembargador: ggebran@trf4.jus.br

Victor Laus, Desembargador: glaus@trf4.jus.br asp8@trf4.jus.br

 

 

Por favor, envíenos sus manifestaciones de solidaridad y protesta por: sri@cut.org.

 

 

A continuación sigue una sugerencia de carta que se puede utilizar como punto de partida para su apoyo.

Más abajo siguen informaciones complementarias sobre los recientes eventos en curso en Brasil y que también pueden ser relevantes y utilizados.

 

 

Vagner Freitas

Presidente de CUT - Brasil

 

Antonio Lisboa

Secretario de Relaciones Internacionales de CUT - Brasil

Central Única dos Trabalhadores

www.cut.org.br

 

 

 

 

 

SUGERENCIA DE CARTA

 

[Fecha]

 

Señor Señora.

 

Brasília, DF Brasil

 

Re: acusación del ex presidente Lula da Silva

 

Estimado Sr. / Sra. Presidente:

 

El derecho a un juicio justo y al debido proceso legal son principios básicos de un orden democrático. Estos derechos han sido consagrados en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, incluyendo el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tales derechos también son reconocidos como parte del derecho internacional consuetudinario. Estos derechos generalmente no son revocables.

 

A pesar de haber ratificado estos instrumentos, el Estado brasileño violó y continúa violando esos derechos humanos fundamentales, participando en una investigación criminal de connotación claramente política del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, para impedir que participe en las próximas elecciones de este año. Hasta la fecha, la acusación no ha podido producir ninguna prueba o evidencia de corrupción.

 

Pedimos al gobierno de Brasil que cumpla inmediatamente con sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales ratificados y con el derecho internacional consuetudinario, y proteja el derecho fundamental al debido proceso y a un juicio justo. Si el gobierno no lo hace, eso causará daños irreparables a la democracia en Brasil.

 

También estamos exhortando a la comunidad internacional a hacer eco de nuestro llamado al apoyo al Estado de Derecho y la democracia en Brasil.

 

Atentamente,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaciones complementarias

 

La investigación del ex presidente Lula se deriva de una investigación legítima contra la corrupción iniciada por la administración de la presidenta Dilma Rousseff, el sucesor de Lula en el cargo. La "Operación Lava-Chorro" se refiere a alegaciones de corrupción pública en que los contratistas de construcción habían ofrecido por muchos años licitaciones públicas para proyectos de construcción en Petrobras. Algunas de las ganancias mal adquiridas de ese esquema fueron repasadas a políticos corruptos, incluyendo muchos de los responsables del imbécil dudoso del presidente Rousseff. Ninguna evidencia aún fue producida para mostrar que el presidente Lula, cuando estaba en la oficina, sabía de ese esquema y aprobó o se negó a tomar medidas para detenerlo. De hecho, una investigación interna ya había sido vaciada de cualquier irregularidad.

 

El juez principal en el caso Lava-Jato, el juez Sergio Moro, abusó de su posición y popularidad pública para involucrarse en una caza de brujas totalmente ilegal. De hecho, las últimas acusaciones contra Lula no tienen nada que ver con el caso Lava-Chato. En vez de eso, después de dos años de investigaciones, las cargas ahora se derivan de las tasas de hablar en público para mejoras en una propiedad que él nunca poseía. No hay pruebas de impropiedad, y mucho menos un quid pro quo hecho en la oficina, que podría constituir la base de una reivindicación de corrupción.

 

Violaciones más flagrantes del juez Vivo entre otras:

 

1. Solicitud de banco ilegal: en marzo de 2016, el juez Moro emitió un mandamiento judicial para el interrogatorio obligatorio de Lula. Sin embargo, tal garantía sólo es válida si un sospechoso rechazó una citación para testificar. Lula nunca se negó a responder a ninguna pregunta. Cuando la policía llegó a su casa a las 6.00 de la mañana, aún así se ofreció para responder a sus preguntas. Sin embargo, ellos rechazaron cómo querían presentarlo como habiendo sido arrestado y un sospechoso no cooperativo con algo que esconder. Él fue forzado bajo pena de prisión para acompañar a la policía en un complejo cerca del aeropuerto, donde fue interrogado por cuatro horas. El juez filtró la operación para los medios, que emitió artículos públicamente demonizando a Lula.

 

2. Doble funciones: el juez Moro autorizó las interceptaciones de las conversaciones telefónicas de Lula, incluso con su abogado. De acuerdo con la legislación brasileña, el fruto de esas interceptaciones debe ser mantenido en secreto. Sin embargo, el juez Moro reveló las transcripciones de interceptación y dio los archivos de audio a los medios, que los publicó, en un intento de desacreditar a Lula. Más tarde, la policía registró una conversación personal entre Lula y Rousseff, aunque Moro terminó la autorización para nuevas llamadas telefónicas. Aunque ilegalmente grabado, el juez Moro lanzó las cintas para el público, nuevamente con el objetivo de implicar actividades ilegales cuando no había ocurrido.

 

3. Extiendo Confesiones: Como la acusación no pudo encontrar pruebas de irregularidades reales, ellos presionaron a numerosas personas para implicar a Lula en acciones equivocadas. La justicia utilizó la amenaza de detención indefinida para presionar a los sospechosos en gangas de argumento en que los sospechosos reciben una sentencia leve a cambio de "evidencias" contra Lula. Es evidente que cuando los sospechosos proporcionaron informaciones creíbles de corrupción por personas que no sean Lula, los fiscales quedaron totalmente desinteresados ​​con la información. El uso de la detención preventiva en sí es fundamentalmente en desacuerdo con el derecho humano internacional a la libertad. A diferencia de la mayoría de los países, que utilizan la detención previa al juicio sólo como último recurso (por ejemplo, para evitar que los sospechosos puedan huir), en el sistema legal brasileño, los que no son acusados ​​de un crimen pueden defraudar durante años en la cárcel preventiva en condiciones crudas.

 

4. Tanto Fiscal y Juicio: De acuerdo con la ley brasileña, el juez Moro es responsable de la investigación de sospechosos, como el presidente Lula, así como en el intento del proceso y en la entrega de un veredicto. No habrá jurado en el caso de Lula. Este intercambio de papeles, del investigador, al fiscal y al juez, da lugar a un conflicto de intereses obvio. Ya está establecido que el juez Moro está sesgado. Además, teniendo en cuenta el significado político del caso y el boom potencial de su carrera en el banco, cuáles son las posibilidades de que él absolver a un sospechoso que él mismo preso? Observamos que las Directrices de las Naciones Unidas sobre el papel de los promotores prevén claramente que las funciones de fiscalidad y judicial sean estrictamente separadas.

 

A pesar de la evidencia abrumadora del sesgo, el Consejo de Jueces de Brasil rechazó retirar al juez Moro del caso.

 

A la luz de lo expuesto, el ex presidente Lula no está siendo asegurado el debido proceso legal ni se concederá un juicio justo. Por supuesto que el presidente Lula no está siendo ofrecido:

• Igualdad de trato ante la ley (Art. 14.1)

• Una audiencia justa y pública por un tribunal competente, Independiente (Art. 14.1)

• El derecho de ser presumido inocente hasta probarse culpable de acuerdo con la ley (Art. 14.2) A pesar de todo, Lula sigue siendo un político muy popular en Brasil.