El lunes 23 de mayo, haciendo uso de la fuerza, se realizó el desalojo del campamento de los indígenas Ngäbé Büglé “Mama Tata”, y el martes 24 de mayo se inició el llenado de la represa Barro Blanco, que según datos de la empresa Generadora del Istmo S.A. GENISA llegará hasta 109 metros de altura con una velocidad de llenado de dos metros diarios. Terminando a su máxima capacidad en la primera semana de agosto del 2016.

Desde entonces se han presentado diversas manifestaciones y declaraciones públicas de las organizaciones indígenas y sus autoridades tradicionales en contra de este llenado, argumentando que debe prevalecer el Acuerdo del 10 de agosto del 2015 con las autoridades nacionales que en su articulado # 5 dice: “El Gobierno Nacional se compromete a no inundar el embalse ni iniciar operaciones del proyecto Barro Blanco, hasta tanto no se haya alcanzado un acuerdo final entre las partes en conflicto sobre el futuro del mismo, debidamente legitimado por las instituciones democráticas establecidas por la ley.”

Sin embargo, con este incumplimiento, se abre un capítulo de conflicto y tensión social en la zona.

A partir de tales hechos, la Red de Derechos Humanos de Panamá asumió la tarea de hacer una gira de observación al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco del 12 al 15 de junio, con el propósito de elaborar un informe sobre las denuncias públicas relativas a las violaciones de los derechos humanos (DDHH) de las comunidades afectadas en río Tabasará.

Así pues, la misión en su informe constató que en efecto hay diversas formas de violencia que han afectado el sistema de vida en el territorio, las relaciones de los seres vivos y su interdependencia: territorio, biodiversidad, cultura, vida comunitaria, afectando principalmente a mujeres, ancianos, niñas y niños.

También se reportaron daños que no tienen manera de repararse, en la pérdida de la forma de vida de las comunidades y la ruptura de sus formas de vida. Sostienen que el daño causado revela inequidad y distribución desigual de beneficios entre los inversionistas y el estado panameño, y que se ha cometido una injusticia ecológica y social que tendrán que pagar las presentes y futuras generaciones.

Los hallazgos del informe corresponden al período de observación e investigación, la cual también sugiere que dada la complejidad del escenario político y la urgencia en las comunidades afectadas por el embalse, se deban retomar los estudios y análisis técnicos que hasta el momento revelan un trato injusto y poco transparente dado a las comunidades y al estado panameño.

Entre los actores entrevistados y visitados fueron:

El territorio, como actor central y afectado a su biodiversidad y su sustentabilidad. Así como la zona del embalse.

Personas de las comunidades de Quebrada Caña, Kiad y Campamento ubicado en Bella Vista, a un costado de la entrada del proyecto Barro Blanco. Al igual se entrevistaron a campesinos que tenían sus propiedades en la zona. Y Autoridades Tradicionales.

El equipo observador dentro del protocolo también entrevisto a otras entidades como: a un representante del Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC, Iglesia Católica de Tolé, un representante de la empresa GENISA y el comisionado de la Policía Nacional, cuyas declaraciones fueron en el marco de sus funciones, y sin detalles del desalojo.

De acuerdo a las informaciones recabadas y testimonios de las personas entrevistadas

Se identificaron diez (10) derechos y garantías fundamentales vulneradas:

– Derecho a la información y consulta previa

– Integridad personal, física como sicológica

– Libertad personal

– Derecho al libre tránsito y movilización

– Derecho a la propiedad privada

– Vulneración a los derechos de la niñez y adolescencia

– Daños a la vida y tejido comunitario

– Daño territorial

– Daños al patrimonio cultural

– Daños ambientales

Es urgente sistematizar las reiteradas violaciones en que ha incurrido la empresa de capital extranjero y las múltiples violencias a que ha sometido a las comunidades indígenas y campesinas del área. De manera tal que el actual gobierno como garante de los derechos humanos en todo el territorio nacional, tenga aún más elementos para rescindir dicho contrato por incumplimiento y violaciones de los Derechos Humanos.

Para las comunidades afectadas y entrevistadas, tomando la interrogante cuál es la solución que usted propone para salir de este problema, respondieron que la cancelación del proyecto es la única solución. Así como lo expreso una joven mujer de la comunidad de Kiad: “ la única solución es dejarlos vivir, dejar libre el río!”.

Período de investigación: 22 de mayo al 15 de junio

“Vivíamos tranquilos, comíamos bien de lo que produce nuestra tierra, íbamos a pescar y bañarnos en el río, los niños estaban bien. Pero ahora con Barro Blanco van a crecer y no van a tener donde trabajar, toda su tierra va a estar bajo el agua. Nuestros niños no van a tener la felicidad que nosotros vivimos antes del proyecto. Deseamos que le dejen el derecho de vivir del sudor de su frente. Hoy inundan nuestras casas y lugar de trabajo, nos cruzan el río gratis, mañana tendremos que pagar, con que vamos a pagar si no tendremos de qué vivir? Todo va a quedar muerto y privatizado.” Ciudadana madre de familia de la comunidad de Kiad.

Equipo observador de la Red de Derechos Humanos de Panamá
Ileana Molo Alvarado
Mariela Arce Andrade
Olmedo Carrasquilla Aguila

Producción y edición
Olmedo Carrasquilla Aguila

Narración
Mónica Valdés

Agradecimiento a las comunidades indígenas y campesinas entrevistas
Iglesia Católica de Tolé
A organismos e instituciones oficiales del estado panameño

La Red de Derechos Humanos de Panamá, es un espacio independiente, que agrupa a organizaciones sin fines de lucro, libre de partidos políticos, y en respeto a las creencias religiosas. Cuyo objetivo es la investigación, debate y acción para la defensa de los Derechos Humanos, la verdad y justicia panameña.

Descargue documento general: Informe Especial. Caso Barro Blanco – Indígenas Ngäbé Büglé