El día martes 31 de noviembre en la ciudad de Tegucigalpa se presentó el informe “Represa de Violencia, el plan que asesinó a Berta Cáceres”, producto de las investigaciones realizadas por el Grupo Asesor Independiente de Personas Experta, GAIPE. Este documento contiene información acerca de la utilización, por parte de la empresa DESA, de todas sus influencias políticas dentro de gobiernos para lograr la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Y muestra como la empresa, ya en operación, organizaba y lanzaba campañas de desprestigio y criminalización hacia nuestra compañera Berta y hacia el COPINH. Una de las cosas que se ve claramente a trevés de las pruebas que contiene el informe es el plan de persecución que se orquesta desde DESA hacia Berta y el COPINH, mediante pagos a informantes, contratación de sicarios para la intimidación hacia el COPINH, especialmente a la comunidad de Río Blanco y hacia la coordinación general, el sabotaje hacia la radio comunitaria La Voz del Gualcarque, la cooptación de funcionarios públicos para la protección de sus empleados y la persecución de miembros y miembras de COPINH.

A través de las páginas del informe se evidencia el doble papel de los aparatos de seguridad del estado, por un lado desprotegiendo al COPINH y a nuestra compañera Berta, pero por el otro brindando total protección y cobertura a la empresa DESA.

Una de las conclusiones más impactantes y claras del informe, que reafirma lo denunciado por el COPINH y la familia, es que el asesinato de nuestra hermana Berta fue concebido por altos funcionarios de la empresa DESA, en contubernio con entes estatales, quienes no solamente la desprotegieron sino que informaban a la empresa de sus movimientos y se encargaban de criminalizarla.

En un apartado se habla de la banca internacional, que no queda exenta; en el informe se expone cómo el FMO, FINNFUND Y EL BCIE no podrían haber ignorado la violación de derechos humanos por parte de la empresa hacia el COPINH. Y cómo su financiamiento es fundamental para la continuación de violaciones a la comunidad y la permanencia de la empresa en el territorio Lenca.

Quedan grandes preguntas dirigidas al Estado de Honduras, en especial hacia el ministerio público. Cuestionamientos en torno a la investigación, la intencionalidad y funcionalidad de la secretividad en torno a la investigación, la violación del derecho a las víctimas a la participación integral en la investigación, la falta de imputaciones a individuos con clara responsabilidad en el asesinato, y la falta de investigación de otros delitos alrededor del asesinato de nuestra compañera, delitos como la asociación ilícita, corrupción, entre otros.

Es totalmente estremecedora la estructura criminal que se monta para  frenar al COPINH, y que hoy en día no ha habido ninguna acción por parte de estado para desmontarla. Queda la gran pregunta; a pesar de las pruebas, de los distintos esfuerzos del COPINH, de la familia de Berta, de los Abogados, las diversas organizaciones de Honduras y del Mundo, veremos, juicio y castigo a los autores intelectuales del asesinato de nuestra Berta o las negligencias en la investigación, el poder político, mediático y económico de la empresa DESA llevará este crimen a la impunidad. Y sobre todo, cómo el pueblo superará la impunidad y hará justicia

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