Se cumple un año de nuestro llamado a tres días de movilización nacional que culmino en el Gran Paro Nacional, el cual jugó un papel de primer orden para lograr la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina y su posterior detención y procesamiento judicial, en conjunto con buena parte de los cuadros más altos del Partido Patriota, una de las más importantes estructuras de crimen organizado de larga data. Esto abrió la puerta para la persecución y procesamiento de múltiples redes de corrupción y crimen donde participan empresarios, militares, políticos, jueces, abogados y funcionarios públicos. Asimismo, para el descubrimiento de decenas de empresas evasoras de impuestos y fachada para hechos de corrupción. Acciones importantes y necesarias en estos procesos de cambios necesarios en nuestro país. Lo anterior constituye un resultado importante pero insuficiente al cumplirse un año de este hecho trascendental.

Pero el balance aún es negativo, siendo que la problemática estructural y fundamental -que no se reduce a la corrupción- continúa existiendo y provocando la reproducción de la miseria, explotación, despojo, racismo y opresión de clase, colonial y patriarcal. Esto se expresa en:

1. Los más altos organismos del Estado siguen integrados por personajes electos a través del procedimiento de comisiones de postulación e influidos decididamente por estructuras criminales, corruptas y empresariales. Estos son los casos de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral.

2. Las elecciones generales de 2015 fueron ilegítimas y registraron un conjunto de signos de ilegalidad, como el financiamiento fraudulento de las campañas electorales por estructuras también corruptas y criminales, que beneficiaron a los principales partidos que controlan los organismos legislativo y ejecutivo.

3. Los comicios dieron como resultado un Congreso integrado por las mismas estructuras corruptas, de ex militares contrainsurgentes y de la vieja política, que siguen legislando para garantizar sus propios intereses y los intereses de empresarios locales y transnacionales. La muestra es que más de diez diputados tienen procesos judiciales en marcha.

4. También resultaron en un gobierno que está dando continuidad a un modelo económico de muerte, empobrecedor, depredador, incapaz y desinteresado en reorientar la política pública hacia el bien común y el interés público, absolutamente sumiso a la política injerencista de Estados Unidos.

5. La continuidad de la política de dejar hacer y dejar pasar para las empresas locales y transnacionales, las cuales siguen explotando, contaminando y despojando los recursos estratégicos del país, que siguen saqueando de forma legal e ilegal al Estado, que continúan criminalizando y reprimiendo a defensores de derechos humanos y a las organizaciones que luchan por sus justas demandas, y se siguen enriqueciendo a costa de la miseria y el despojo de nuestros pueblos.

6. Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos fueron absolutamente insuficientes y no tomaron en cuenta las demandas y propuestas que presentamos. Por ejemplo, referidas a la paridad y alternabilidad en la postulación de planillas en los partidos y en sus órganos de dirección, a la posibilidad de formar comités cívicos departamentales y la garantía de financiamiento exclusivamente público de las campañas electorales.

7. El cierre de las estructuras históricas de poder que controlan el Estado, lo que impide avanzar en políticas y legislación de beneficio para las grandes mayorías. Por ejemplo, imposibilitan la aprobación de la iniciativa 40-84 Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral, garantizando el reconocimiento de los sujetos, la política, la institucionalidad, el presupuesto y los programas y proyectos que fueron el consenso de las organizaciones campesinas, indígenas, rurales, oenegés y centros académicos desde 2009.

8. Menos ha sido posible la apertura de un proceso para convocar y elegir una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución Política, desde la cual se funde un Estado Plurinacional, Multisectorial y Popular.

A un año de la gran movilización de ciudadanía, comunidades, organizaciones y pueblos, como Asamblea Social y Popular estamos convencidos que el actual Estado no resolverá los históricos y estructurales problemas que nos afectan. Por eso reiteramos que la única salida que puede permitirnos construir un país con justicia social, paz y verdadera democracia pasa por fundar un nuevo Estado. Por eso debemos seguir construyendo las condiciones para hacer posible el Estado Plurinacional, Multisectorial y Popular.

Asamblea Social y Popular –ASP

Guatemala, 27 de Agosto 2016