El pasado 2 de mayo nos enteramos por la prensa de las acciones del Ministerio Público (MP) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) que tuvieron como resultado la captura de cuatro presuntos responsables del asesinato de nuestra Berta, a saber: Edilson Duarte Meza (ejecutor), Sergio Rodríguez (gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA)), Mariano Díaz Chávez, (instructor de la Policía Militar del Orden Público y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército), y Douglas Geovanny Bustillo, (teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras y quien fue subjefe de seguridad de la misma empresa DESA). Entendemos que luego fue capturado Emerson Eusebio Duarte Meza y el MP ha señalado que una persona de nombre Henry Javier Hernández habría participado en los hechos pero no ha sido capturada.

 

En el transcurso de la semana, nuestros abogados intentaron conocer los detalles de las diligencias investigativas, para tales efectos, se presentaron ante las oficinas del Ministerio Público, realizaron llamadas a los y las fiscales a cargo así como a personal de la ATIC. Todos los esfuerzos fueron infructuosos pues siempre se les negó el acceso a la información disponible, en contraposición a la normativa interna hondureña que nos permite participar como víctimas en el proceso penal.

 

El viernes 6 de mayo se llevó a cabo la audiencia para conocer la acusación del MP en contra de los cuatro imputados, la cual se extendió hasta el día sábado. En este acto ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, pudimos participar como familia y a través de nuestros representantes legales. También hubo observación de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

 

Con base en la información que consta en el expediente presentado ante el Juzgado de Jurisdicción Nacional, aclaramos lo siguiente:

 

-       Existen suficientes indicios que señalan que el asesinato de Berta Cáceres tuvo como motivación su lucha contra la construcción del proyecto Agua Zarca a cargo de la empresa DESA.

-       Las diligencias más importantes que sustentan la investigación del MP son: a) la intervención y vaciados telefónicos a varias personas acusadas como partícipes en el crimen; b) un dictamen de balística practicado a una arma de fuego que sería la arma homicida; c) los dictámenes de autopsia de Berta Cáceres y el dictamen clínico sobre la evaluación practicada a Gustavo Castro; d) varias diligencias sobre investigaciones de campo, tales como la inspección ocular, entrevistas, entre otros.

 

Ahora bien, los hallazgos antes señalados, si bien son positivos, resultan insuficientes e incompletos a efectos de identificar la totalidad de personas responsables que participaron en el asesinato de nuestra madre, hija y compañera y de esclarecer plenamente la responsabilidad de la empresa DESA y de otros actores institucionales en los hechos. En tal sentido, sostenemos las siguientes preocupaciones:

 

-       No hay exhaustividad en la investigación. No se conocen acciones o diligencias de investigación exhaustivas para determinar a la totalidad de autores intelectuales. Es decir, no se ha investigado la posible vinculación de otros miembros del ejército ni la responsabilidad institucional de este cuerpo de seguridad en los hechos. Tampoco constan diligencias sobre la participación y/o la responsabilidad de los directivos o grupos económicos que conforman la empresa DESA. 

-       No hay individualización de acciones. El requerimiento fiscal no individualiza responsabilidades para ninguna de las personas imputadas y solo se hacen aseveraciones generales como grupo delictivo.

-       Prueba ausente. No consta en el expediente judicial que alguno de los hombres capturados haya confesado su participación en el crimen, de hecho en la audiencia inicial todos lo negaron. Tampoco consta ningún video que muestre la forma cómo se ejecutó el asesinato. Contrario a lo que sostiene la ATIC en diversos medios de comunicación.

-       Revictimización y falta de acceso a la información. La jueza Lisseth Vallecillo Banegas, ante nuestra solicitud para conocer los avances de las investigaciones, indica que si bien reconoce nuestro derecho, no es competente para ordenarle al Ministerio Público que nos brinde información pues “esta facultad de dirigir la investigación y promover la acción penal corresponde al ente fiscal por lo que el órgano jurisdiccional no se puede entrometer en las actividades de otra institución”. Es decir, nuevamente sin fundamento legal alguno se nos excluye del proceso de investigación y se nos revictimiza.

 

CON EL OBJETIVO DE QUE SE SEPA LA VERDAD, SE HAGA JUSTICIA Y

NO HAYA IMPUNIDAD PARA NINGUNO DE LOS RESPONSABLES,

NUEVAMENTE SOLICITAMOS AL ESTADO DE HONDURAS:

 

• Se acepte la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a través de ella, el nombramiento de un grupo interdisciplinario de personas expertas que coadyuve en las investigaciones en torno al asesinato de nuestra madre, hija y compañera, de manera que se profundice y reoriente la investigación para que incluya a todas las autorías, particularmente aquellos que tomaron la decisión de ejecutar el crimen.
• Se nos permita ser parte activa del proceso de investigación y se nos brinde acceso irrestricto a la información disponible sobre el caso.
• El cese de la revictimización hacia nosotras como madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, así como se implementen medidas de protección integrales que eviten la continuación de las amenazas.

 

Consideramos urgente que la Fiscalía de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la OACNUDH, en el marco de sus mandatos, se pronuncien sobre los derechos a la verdad y acceso a la justicia a los que tenemos las víctimas en un proceso de esta naturaleza.

 

Apelamos a la solidaridad nacional e internacional para que se escuchen las voces de la familia y del COPINH y se insista ante las autoridades nacionales en corregir las deficiencias denunciadas así como se acepten las peticiones referidas.

 

Reiteramos que buscamos que haya verdad y justicia en el asesinato de nuestra Berta, si se logra, ganamos todos y todas.

 

¡Berta Vive!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 10 días del mes de mayo de 2016.

Olivia, Berta, Laura y Salvador Zúniga Cáceres, Austra Bertha Flores y

el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas. de Honduras, COPINH

Con el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y

del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia