Ante los hallazgos del informe de auditoría de la inversión de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) en la Corporación Dinant publicado el día viernes 10 de Enero por la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO por sus siglas en inglés), y ante la respuesta a dichos hallazgos publicada por la IFC, las 32 organizaciones que conforman la Plataforma Agraria a nivel nacional nos pronunciamos de la siguiente manera:

 

 

1- Condenamos las políticas de financiamiento del Banco Mundial a corporaciones terratenientes como Dinant en el Bajo Aguan, sin tomar en cuenta la constante violación de los derechos humanos a las familias campesinas en la región y sin cumplir con sus propios estándares de desempeño con relación a riesgos sociales, de salud y ambientales.

 

2- Expresamos nuestra inconformidad con la conducta injusta de la administración del Banco Mundial al no consultar con los movimientos campesinos y comunidades del Bajo Aguán afectados por las actuaciones de la Corporación Dinant antes de la aprobación del préstamo la corporación y tampoco en el proceso de elaboración e implementación de este plan de acción de la IFC como respuesta a las conclusiones de la CAO.

 

3- Señalamos la incoherencia de la política del Banco Mundial (BM); ya que las inversiones de esta institución no están enfocadas a mejorar la vida de las comunidades, convirtiéndose en un aparato de empobrecimiento de los pueblos rurales, al financiar el acaparamiento de las tierras que provoca el desplazamiento de las familias y comunidades, perdiendo los principios para el cual fue creado en 1945.

 

4- Que La auditoría más crítica emitida por la CAO, como organismo de control interno, reveló que el Banco Mundial ha invertido en una empresa de palma africana y alimentos implicada en graves violaciones de los derechos humanos en Honduras. Esta investigación concluyo que la IFC - el brazo del sector privado del Banco Mundial:

 

· No cumplió con sus propias políticas destinadas a proteger a las comunidades locales;

 

· Fue incapaz de detectar el contexto serio de los derechos humanos sociales y políticos en el cual esta empresa ha estado y está operando, o cuando lo hizo no actuó de manera efectiva en reacción a la información;

 

· No reveló información vital del proyecto, no consultó con las comunidades locales, y no identificó el proyecto como una inversión de alto riesgo, tal como el caso del Copinh/Rio Blanco con el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca/DESA.

 

La CAO encontró que estas deficiencias resultaron, en parte, de incentivos para el personal a subestimar, no manifestar e incluso, ocultar posibles riesgos ambientales, en salud y sociales relacionados con el conflicto.

 

En su respuesta a la investigación de la CAO, la IFC rechazó algunos de los resultados, sin especificar cuáles o proporcionar evidencias para apoyar este rechazo. También señaló el apoyo dado a Dinant desde el año 2010 para mejorar sus políticas y prácticas y produjo un corto plan de acción.

 

5- Exigimos que el Banco Mundial tome en cuenta las investigaciones de organismos independientes como la CAO, en cuanto a la participación de corporaciones y proyectos involucrados en la violación de Derechos Humanos en contra de los y las campesinos en el Aguán por parte de corporación Dinant.

 

6- Exigimos al Banco Mundial la retención de los desembolsos pendientes a corporación Dinant, mientras la CAO tome acción decisiva para garantizar la justicia a las víctimas de los asesinatos y desalojos forzosos en contra de las comunidades y la prevención de todo tipo de violación a los derechos humanos en el futuro.

 

Cosechemos Justicia en el Campo

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los 14 días del mes Enero del 2014

 

Atentamente,

 

Karla Zelaya

Facilitador & Comunicaciones

Plataforma Agraria

Teléfono: (504) 9950-9387

Skype: plataforma.agrariahonduras

 

¡Cosechemos Justicia en el Campo!

www.plataformaagraria.hn