El día de ayer en horas de la tarde, se inició el desalojo de la comunidad Garifuna de Barra Vieja, Tela. El juez ejecutor Abigael Tinoco, el que no estuvo presente en el lugar de los hechos, demostró una enorme insensibilidad social, además de su servilismo hacia a la Empresa Nacional Porturia (ENP) la que se encuentra íntimamente ligada a los “empresarios” del proyecto Indura Beach Resort, conocido como Bahía de Tela, asociados al Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) promotores del golpe de estado en honduras del año 2009.

 

Mas de 45O personas entre ellas 200 menores de edad se verán afectados por este desalojo, el cual no es que una confabulación entre la ENP y el Indura Beach, en detrimento de los habitantes de Barra Vieja.

 

La ENP de forma misteriosa se convirtió en propietaria de buena parte del territorio Garifuna de la Bahía de Tela. En el año 2006 cedió 25 hectáreas de las tierras expropiadas a la comunidad de Miami, y de esa forma obtuvieron un título comunitario. Posteriormente las tierras fueron vendidas de forma ilegal a empresarios de San Pedro Sula, contraviniendo las cláusulas del titulo, las que son explícitas en la prohibición sobre ventas de tierras a foráneos.

 

Barra Vieja se encuentra ubicada a la entrada del proyecto turístico Indura Beach, culpable de rellenar 80 hectáreas del humedal de Laguna de Micos, para la construcción de un campo de golf, sin tomar en cuenta el daño ambiental causado al humedal inscrito en la lista del Convenio RAMSAR bajo el número 722.

 

Desde el inicio de los años 80 comenzó las especulaciones de tierras en la bahía, además de las amenazas y asesinatos de los opositores a la entrega del territorio de las comunidades Garífunas . Actualmente se espera una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación al caso de Triunfo de la Cruz, y en fecha reciente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe de admisibilidad del caso de la comunidad Garifuna de San Juan Tela.

 

Además del desalojo en Barra Vieja, la ENP esta pretendiendo reubicar nuevamente la comunidad Garífuna de Puerto Castilla, relocalizada en 1978 por la misma ENP, después que el general Alvarez Martinez obligó a punta de pistola a firmar un “convenio entre la comunidad y la Empresa Portuaria, despojando de esta forma a los Garifunas de los terrenos en los que se encuentra ubicada actualmente la ENP en Puerto Castilla.

 

Los habitantes de Barra Vieja han declarado que primero muertos antes de abandonar sus casas. En vista de la manifiesta oposición de la comunidad el día de ayer, el desalojo fue transferido para el día de hoy. Cabe señalar que el Estado de Honduras incumple una vez más sus obligaciones de proteger al pueblo Garífuna, como lo indica la Constitución Nacional y Convenios internacionales suscritos por el Estado.

 

La piñata del territorio Garífuna efectuada por las diversas administraciones gubernamentales, ha conllevado a la OFRANEH a acompañar las comunidades ante el Sistema interamericano de Justicia, por la falta de aplicación justicia en el país. Además de la sentencia del caso de Triunfo de la Cruz, el próximo mes de septiembre se llevara a cabo una audiencia en Asunción Paraguay de la Corte IDH, sobre el caso de la comunidad de Punta Piedra. Mientras tanto se ventila en la CIDH los casos de Cayos Cochinos y San Juan Tela, así como las peticiones sobre Travesía y la Ley de Propiedad.

 

Sambo Creek, 7 de agosto del 2014

 

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