La Coalición Nacional de Redes Ambientales y el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, ante el pueblo Hondureño, organizaciones Defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales, reiteramos nuestra exigencia por el respeto a la vida de los hombres y mujeres del Sector de La Florida, Municipio de Tela, Atlántida, que con valentía se han opuesto a la instalación de un proyecto minero en sus territorios y nos expresamos en los siguiente términos:

1. El conflicto provocado por el gobierno de Honduras al otorgar una concesión minera través de la Secretaria de Recursos Naturales y el ahora Instituto Hondureño de Geología y Minas, a favor del empresario Lenir Pérez, constituye una evidencia de los nuevos conflictos socio ambientales que se están generando en diferentes partes de nuestro territorio nacional como consecuencia de la nefasta aprobación de la Ley de Minería por el Congreso nacional en Enero de este año.

2. Deploramos, denunciamos y rechazamos las agresiones de que han sido víctimas en los últimos meses los pobladores de la Comunidad de Nueva Esperanza, quienes ha n sufrido vejámenes por parte de la policía al servicio de los interés del empresario Lenir Pérez, así como también de la seguridad privada contratada por este empresario y últimamente por sujetos “desconocidos” que fuertemente armados han generado un “estado de sitio” en la zona, impidiendo la libre circulación de los habitantes de Nueva Esperanza y enviando amenazas a los líderes de las comunidades y organizaciones acompañantes.

3. La gravedad de las amenazas a muerte, la intimidación a través de la presencia de estos “oscuros personajes” y el Estado de Indefensión en que se encuentra la población, ante la inoperancia de los organismos de seguridad, El Ministerio Publico y los funcionarios de SERNA e INGEOMINH, quienes han recibido las denuncias de estos hechos y a la fecha no han tomado ninguna acción efectiva para garantizar la vida y los Derechos de los Habitantes de Nueva Esperanza, ha llegado al extremo de que la escuela pública ha sido cerrada por el temor de la población a que se pueda atentar contra la vida de los niños y niñas del sector, generándose así una nueva Violación a Derechos Funadmentales contra la población infantil, a vista y paciencia de las autoridades.

4. De manera particular compartimos públicamente nuestra solidaridad con el Padre Claretiano Cesar Espinoza y demás líderes de la comunidad que han recibido amenazas a muerte y hasta atentados contra sus vidas.

5. Hacemos del conocimiento de los autores materiales e intelectuales de esta graves agresiones, así como también a las autoridades de gobierno que a través de su indiferencia e inoperancia se han convertido en cómplices de violaciones a los Derechos Humanos de los pobladores de la Comunidad de Nueva Esperanza, que ya se han presentado las denuncias respectivas a los organismos internacionales de Defensa y Protección de Derechos Humanos. Igualmente debido al cerco mediático existente en nuestro país, que ha impedido la divulgación de esta problemática, hemos impulsado una campaña de información y solidaridad internacional, exponiendo mundialmente la voracidad de empresarios mineros y las violaciones a Derechos Humanos cometidas por los entes estatales que han permitido la generación de este conflicto.

6. Tal y como lo denunciamos y alertamos en el pasado, estos conflictos se están incrementando en diferentes partes del país como en Santa Bárbara, Atlántida, Valle y Ocotepeque a partir de la aprobación de la Nueva Ley de Minería por el Congreso Nacional y la aceleración de otorgamiento de concesiones y permisos de exploración y explotación minera por parte de Ingeominh, disfrazados de permisos para “minería No Metálica”.

7. El Rechazo generalizado a la actividad minera ha quedado reflejado en las posiciones proféticas asumidas por organizaciones sociales en todo el país, así como también por los obispos, sacerdotes y población en general en los departamentos de Atlántida, Choluteca y Valle. Este firme rechazo a la actividad minera y las demandas por la derogación de la Ley de Minería y la cancelación der todas las concesiones mineras, evidencian que como pueblo Hondureño no estamos dispuestos a seguir soportando la imposición de leyes y políticas contrarias a la Vida y a los intereses ciudadanos, que responden únicamente a intereses particulares de amasar grandes riquezas a costa de la entrega del territorio y sus Bienes Naturales a empresarios nacionales y corporaciones transnacionales que amparándose en una ley Inconstitucional y contraria a los Derechos Humanos, pretenden despojar de su medios de vida a la población Hondureña.

8. Finalmente, declaramos que como Coalición Nacional de Redes Ambientales, no descansaremos hasta que cesen estas prácticas violatorias a la vida, orientadas a la persecución, criminalización, destrucción, despojo y saqueo territorial. Igualmente nuestra lucha se continúa enmarcando en el acompañamiento a las personas y comunidades que defienden sus Bienes Comunes, se oponen a las políticas y modelos extractivistas y corporativistas.

Por la Defensa de la Vida y la Madre Tierra

COALICION NACIONAL DE REDES AMBIENTALES