Las organizaciones de la Plataforma Agraria Regional del Valle de Sula, el Aguán y el Sindicato de Trabajadores del INA, la Fundación San Alonso y Madre Tierra comunicamos al pueblo hondureño, a la comunidad nacional e internacional y  organismos defensores de derechos humanos lo siguiente:

1.      Condenamos la estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández  al aprobar un Decreto Ejecutivo pcm-051- 2016 el 13 de julio y publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 23 del mismo mes, con el que estaría desapareciendo el 50 por ciento de las oficinas y bienes del Instituto Nacional Agrario (INA), los cuales estarían puestos a la venta. Esta medida dejara a centenares de familias desempleadas y miles de campesinos y campesinas sin asistencia, asesoría legal y técnica  con el objetivo de despojar a las familias campesinas de sus tierras.

Con el cierre de las oficinas del INA estarán desapareciendo las siguientes: Una oficina regional ubicada en Talanga Francisco Morazán y 18 oficinas sectoriales a nivel nacional, además de la oficina de asesoría legal de los grupos indígenas y afro hondureños, así como también el departamento de reconversión empresarial, por lo tanto denunciamos que el Decreto Ejecutivo aprobado en julio pasado es inconstitucional según los artículos 344 al 350 de la constitución de la Republica y que también violenta el convenio internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos económicos, sociales y culturales del cual Honduras es suscriptor.   

2.      Conocemos que nuestro país es vocación agrícola y forestal,  por lo que condenamos enérgicamente la estrategia del gobierno al imponer un sistema extractivista, a través de proyectos hidroeléctricos, minero y la implementación de monocultivo, con la venta nuestro territorio a la gran industria corporativa y transnacional.

3.      A más de dos años de exigir la readecuación deuda adquirida por las familias campesinas de MARCA y MUCA en el año 2010,  vemos inoperancia en el Gobierno con la  clara la intensión de asfixiarnos económicamente, difamarnos y luego despojarnos de nuestras tierra,  por lo que demandamos condiciones justas para la elaboración de un nuevo Plan de Negocio y una Estructura

Financiera.

4.      Denunciamos que desde el Estado de Honduras está restringiendo la libre organización popular y campesina, así como también la destruyendo las organizaciones ya establecidas, tal como el caso de las empresas campesinas de Jardines de la Sierra en el Valle de Sico con el proyecto de coinversión en producción de Girasol.

5.      Denunciamos el plan para desaparecer el INA que además trae consigo una estrategia de remilitarización a nivel nacional,  la infiltración paramilitar a lo internos de los asentamientos, empresas y movimientos campesinos, la creación de escuadrones de la muerte y la criminalización, persecución y hostigamientos hacia líderes y lideresas campesinas a nivel nacional

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los 24 días del mes de Agosto 2016.