Rostros de hombres y mujeres que reflejaban alegría, satisfacción o quizá orgullo. Emociones encontradas para aquellos que vivimos y vimos la manera violenta en que éstas personas fueron desalojadas en marzo de 2011. Apretones de manos y palmadas en la espalda nos demostraron a los fuereños que las familias campesinas del Polochic no tienen empacho en mostrar su respeto, humildad, sencillez y cariño, eso les hace ser más humanos.

Desde tempranas horas del día, quizá uno de los más esperados de sus vidas, las mujeres se fueron a bañar y se vistieron con sus mejores atuendos, mientras un grupo de señoras madrugó para cocinar los tamalitos y el caldo de Kaxlan o caldo con “tib´ kaxlan”, para el almuerzo de los invitados e invitadas.

El acto protocolario de entrega de títulos de propiedad para 81 familias Maya Q´eqchi de la comunidad Aj Ralch´och Cotoxha II (Hijos de la Tierra, Río Polochic II), se convirtió en una fiesta.

Pero los niños y niñas más pequeños, con sus pies descalzos, con sus ropas rotas y deshilachadas no comprendían que estaba pasando, miraban con asombro a los extraños o jugaban entre ellos, solo los adultos sabían que estaban por recibir unas hojas de papel que garantizan un lugar para que sus hijos e hijas vivan, sin temor a ser “echadas a patadas” por finquero alguno, porque ahora ellos son los dueños legales de la tierra, aunque siempre han sido los legítimos dueños.

“Este logro es resultado de muchas luchas”, dijo Alicia Ico, presidenta de la Empresa Campesina Asociativa (ECA) Aj Ralch´och Cotoxha II. El líder comunitario Julio Choc, recordó que el 2 de octubre de 2008, 20 familias fueron desalojadas de la comunidad Bella Flor; el 2 de septiembre de 2009 la misma comunidad sufrió otro desalojo, en ese acto resultaron heridas de bala cinco personas, entre ellas Aparicio Pérez, dirigente a nivel nacional del Comité de Unidad Campesina –CUC- y don Julio recibió dos disparos en la pierna obligándole a estar 4 meses hospitalizado.

Volviendo la mirada hacia el 2011

Del 15 al 20 de marzo de 2011, se llevaron a cabo una serie de desalojos, 800 familias de 14 comunidades fueron echadas brutalmente de sus hogares por guardias de seguridad y cuadrilleros de la empresa cañera Chabil Utzaj quienes eran apoyados por más mil elementos del ejército y policía nacional civil. Quemaron sus humildes viviendas, enseres y herramientas de trabajo.

Con lágrimas en los ojos y la voz quebrantada, don Julio recordó que durante esa serie de desalojos la policía asesinó a Antonio Beb Ac, hirió a más de 20 personas y capturó a Manuel Xuc Cucul, preso político por la defensa y recuperación de la Madre Tierra en el Valle del Polochic.

La lucha por la recuperación de la Madre Tierra en el Valle del Polochic es histórica y ha costado centenares de vidas. Simbólicamente se dice que esa tierra está pagada y nutrida con sangre de nuestros hermanos campesinos, asesinados por las fuerzas represivas del Estado.

Refiriéndose a los desalojos de 2011, Daniel Pascual Hernández, coordinador del CUC,  dijo que la quema de las casas y de cultivos no lo hace ningún Aj Ralch´och (hijo de la tierra), solo lo hace aquél que no sabe lo sagrado que es el maíz, frijol y la familia. “Por eso es que la lucha por la tierra no es solo para hacerla producir, sino para herencia de nuestros hijos e hijas, para que de ella coman y para que se superen”, añadió Pascual Hernández.

Derivado de los desalojos violentos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó Medidas Cautelares a favor de las 800 familias afectadas y el Estado de Guatemala debe cumplir con esas Medidas, sin importar el gobierno que se encuentre dirigiendo el país.

En este sentido, el gobierno de Jimmy Morales tiene obligación de entregar tierra a las más de 500 familias que se encuentran viviendo en condiciones paupérrimas. Las Medidas Cautelares también obliga al Estado a dar vivienda, proyectos productivos, agua potable, salud, entre otros servicios.

Pascual Hernández, expresó que en una reciente reunión que sostuvo con Morales, éste se comprometió a cumplir con las Medidas Cautelares y entregar 3 fincas a las familias desalojadas que aún no han accesado a la tierra, los terrenos se comprarán con recursos del Fondo de Tierras.

Morales también se comprometió a invertir 30 millones de quetzales para cumplir con las Medidas Cautelares entre el 2017 y 2018. “Tal vez por eso no se animó a venir, porque el compromiso con ustedes es grande. Nosotros no estamos rogando o pidiendo favor al Gobierno, le estamos exigiendo que cumpla con su obligación”, dijo a los presentes, Pascual Hernández.

Los números según el Fontierras

Hasta el momento, de las 800 familias desalojadas violentamente y que gozan de Medidas Cautelares de la CIDH, 221 familias han accesado a la tierra, pero aún faltan 579 grupos familiares. Las comunidades Maya Q´eqchi que han conformado estas familias son: Los Luchadores San Esteban (San Valentín), Senahú; El Recuerdo San Pascual (Sactela), en Cobán y más recientemente Aj Ral´och Cotoxha II, Panzós, todos de Alta Verapaz.

En su intervención durante la entrega de los 81 títulos de propiedad, César Martínez, subgerente del Fondo de Tierras, Fontierras, dijo que esa institución está comprometida en resolver la situación de las familias que aún faltan accesar a la tierra.

Martínez explicó que hasta el momento el Estado de Guatemala ha invertido 13 millones de quetzales en abono a la deuda, en capital de trabajo y subsidio de alimentos en las comunidades San Valentín y El Recuerdo San Pascual.

En el caso de la comunidad Aj Ralch´och Cotoxha II, ésta tiene una extensión de 339 hectáreas, equivalente a 7,811 cuerdas y el monto del crédito solicitado con los propietarios fue de 5 millones de quetzales. No obstante el Estado de Guatemala invirtió en total 6.8 millones de quetzales en la compra de dichas tierras.

Tanto, Daniel Pascual como César Martínez recomendaron a las 81 familias que cuiden y hagan el mejor uso de las tierras, que el pasado 14 de julio de 2016, pasaron a ser legalmente propiedad de los habitantes de la nueva comunidad Maya Q´eqchi Aj Ralch´och Cotoxha II.

Vale la pena mencionar que con la entrega de títulos de propiedad no termina la responsabilidad del Gobierno con las 81 familias. En dicha comunidad es urgente la construcción de una escuela, agua potable, electricidad y otros servicios básicos.

También resaltamos que 579 familias esperan que el presidente Jimmy Morales cumpla su compromiso de entregarles tierra, para que la vida de estos seres humanos mejore y en un futuro las niñas y los niños inocentes, descalzos, mal nutridos y con ropas rotas tengan una vida digna.

Redacción y fotografías: José G. Cubur, para Voces de Iximulew.

18 Jul 2016

Comité de Unidad Campesina