Guatemala se encuentra entre los países de desarrollo humano medio  ubicado en el puesto 133 de 182 naciones; es Estado parte de  distintos tratados convenciones pactos y protocolos vinculantes que establecen medidas específicas que deben ser adoptadas para proteger el derecho al disfrute del más alto nivel  posible de salud. A pesar de los instrumentos legales que describen la salud como un derecho de toda persona, en el país persiste la desigualdad en el acceso de la población a la atención de salud.

 

El artículo 93 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna; sin embargo la realidad para las guatemaltecas y guatemaltecos es otra, Martha Cecilia Ventura de la CLOC Vía Campesina en Guatemala señala que el acceso a los servicios de salud no es para todos y todas, al referirse a la discriminación que deben vivir a diario hombres y mujeres de escasos recursos del área rural, donde  no se cuenta con centros de salud, hospitales, medicinas, y personal para atender la demanda de la población en las comunidades.

 

Según UNICEF, “Guatemala presenta la tasa más alta de mortalidad materna en Centroamérica y una de las mayores de la región latinoamericana”[1][1]  tal situación se agrava en el caso de las regiones indígenas porque las mujeres no tienen acceso a la salud antes, durante y después del embarazo de tal cuenta que la mortalidad materna es tres veces más alta entre mujeres indígenas (211 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos) que entre mujeres no indígenas (70 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos)[2][2].

 

El Diagnóstico Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, de marzo 2012, señala que hasta el año 2011, se tenía  (1,101 puestos de salud para atención en primer nivel, catalogado el primer nivel de atención por centros comunitarios de Salud, el establecimiento de menor complejidad de la red de servicios, que tiene bajo su área de responsabilidad programática una población menor de mil quinientos habitantes. En la prestación de servicios de salud del Centro Comunitario participan directamente miembros de la propia comunidad así como personal del Ministerio;

 

Asimismo el diagnóstico señala 346 centro de atención de segundo nivel catalogado como los establecimiento de los servicios públicos de salud de atención ubicado en el ámbito municipal y generalmente en las cabeceras municipales y centros poblados de 5,000 a 20,000 habitantes; estos brindad a la población de su área de influencia, los servicios ampliados de salud definidos según normas, y coordina y articula la prestación de servicios de salud de los establecimientos de menor categoría ubicados en su área de influencia; por último detalla 45 hospitales que son los servicios de tercer nivel, que son establecimientos de salud de atención permanente cuya función principal es la recuperación y rehabilitación de la salud, lo anterior resume un total de servicios de salud  a nivel nacional del -MSPAS- de 1,492; adicional a ello 4,618 centros de convergencia, que utilizan infraestructura no perteneciente al -MSPAS- y en su mayoría no cuenta con los servicio mínimos que provean atención digna a las personas. 

 

Entre uno de los principios y valores que detalla el MSPAS está el  “Facilitar el acceso a la atención apropiada, a tiempo y en el lugar adecuado, con énfasis en el primero y segundo nivel de atención que conlleve al acceso universal”, sin embargo en la actualidad los hospitales nacionales enfrentan graves problemas para tener acceso a los insumos necesarios y brindar atención a la población, en lugares que existe un centro de salud o un hospital no existe personal o medicamentos; según datos del Diagnóstico Nacional de Salud de marzo 2012, del -MSPAS- hasta el año 2011 en la cartera de salud se tenía razón de  once profesionales por cada 10,000 habitantes que según manual de medición de metas los profesionales de la salud deben estar integrados por médicos, enfermeras y obstetras.

 

El artículo 94 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala: La obligación del Estado sobre salud y asistencia social: “El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará a través de sus instituciones…”. Sin embargo lo que en la actualidad se refleja es la privatización de la salud señaló Lily Ramírez de la Juventud de CLOC Vía Campesina en Guatemala, quien dijo que en la actualidad existe mala administración y poca coordinación entre los ente afines de velar por la salud de las  y los guatemaltecos, agregó que la distribución de recursos financieros a los puestos de salud y hospitales de los departamentos es insuficiente para que éstos atiendan la demanda de la población.

 

Agregó que los más afectados son las familias pobres tanto de las áreas marginales de la capital como del área rural en los departamentos porque si no tienen dinero no pueden acceder a la salud.

 

Según censo del departamento de Regulación acreditación y control de los establecimientos de Salud    -DRACES- entidad del -MSPAS-, existen más establecimientos del sector privado que del sector público  que prestan servicios relacionados con la salud, hasta el año 2011 se registraban 6,963  centros privados entre laboratorios, sanatorios, bancos de sangre, clínicas, ópticas, clínicas dentales y de especialidades así como hospitales.

 

La Vía Campesina, movimiento internacional exige y promueve el derecho a la salud, en la declaración de los derechos de las campesinas y campesinos en su artículo 3 numeral 5 señala que: “Las campesinas y campesinos tienen derecho a un nivel más alto alcanzable de salud física y mental. Por lo tanto tienen derecho a acceder a los servicios de salud y medicina incluso cuando vivan en zonas remotas, tienen derecho al uso y desarrollo de la medicina tradicional”. La representante de la CLOC Vía Campesina en Guatemala Martha Cecilia Ventura dijo que desde las organizaciones que son parte de la CLOC Vía Campesina continuarán su lucha y demandas por exigir que el Estado y gobierno cumpla con asignar fondos y coordinar la distribución de los mismos sin discriminación alguna para que el derecho a la salud sea sin excepción alguna.