A dos años de los desalojos violentos llevados a cabo por el ejército, policía y guardias de seguridad de la empresa Chabil Utzaj, alrededor de 800 familias siguen sin ser atendidas por el gobierno. El Estado no ha cumplido con las medidas cautelares señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 

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