Derechos de la Madre Tierra

Las organizaciones que  conformamos la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC–VIA CAMPESINA en Guatemala, denunciamos y alertamos que se ha lanzado una campaña represiva en contra de dirigentes regionales que se oponen al modelo extractivo que en la actualidad impulsa el gobierno de Otto Pérez Molina.

Dentro de estos hechos represivos se encuentra el asesinato, el 8 de marzo, de Carlos Hernández miembro de Coordinación Campesina Nuevo Día; la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO) y miembro del comité ejecutivo del Frente Nacional de Lucha, dicho asesinato se produjo en Camotán, Chiquimula.

Asimismo el asesinato del dirigente regional, Maya Tzutujil, Jerónimo Sol Ajcot de 68 años de edad, de la aldea Chacayá Santiago Atitlán Sololá que el lunes 11 de marzo en horas de la madrugada fue interceptado por hombres fuertemente armados y encapuchados, quienes le dieron muerte con armas de fuego.  Ajcot era miembro de la junta directiva de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán y miembro de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina  -CONIC-.

El 11 de marzo, a eso de las 11:30 de la noche, tres hombres fuertemente armados intentaron ingresar en la casa de habitación de Rubén Mazariegos Vásquez, Secretario General de los Sindicatos de Salud Pública Nacional y Vicepresidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular UASP, ubicada en Monserrat, zona 4 de Mixco.  Afortunadamente con la intervención de la seguridad privada de Rubén Mazariegos, el intento de asesinato fue frustrado.  Es de considerar que la UASP ha intervenido y repudiado el modelo extractivo, ha denunciado actos de corrupción fundamentalmente la evasión fiscal de grandes empresarios del país.

Otro caso reciente de represión es la captura del dirigente del Consejo Departamental de Occidente de Huehuetenango Rubén Herrera, realizada el pasado viernes 15 de marzo, quien fue detenido por la orden emitida según el proceso número 65/2012 del Juzgado de Santa Eulalia de abril de 2012, en el que acusa a 23 líderes comunitarios de Barillas,  con acusaciones falsas de provocar daños a la propiedad de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Ecoener-Hidralia Energía.

Lo más reciente es el secuestro, la noche del domingo 17 de marzo, de cuatro miembros del gobierno indígena Xinca de Santa María Xalapán de Jalapa: Roberto González (Mayordomo de Santa María Xalapán y Presidente del Parlamento Xinca); Exaltación Marcos (Secretario de la Junta Directiva de Santa María Xalapán) quien fue encontrado asesinado, con señales de tortura; Rigoberto Aguilar (Principal Mayor de la Junta Directiva de Santa María Xalapán) y Rodolfo González (miembro de Orden Menor de la Junta de Santa María Xalapán) que escaparon de sus secuestradores, Roberto González mayordomo apareció hasta horas de la tarde noche en el municipio de Chimaltenango.

A los asesinatos de los dirigentes que se han opuesto al modelo extractivo impulsado por el gobierno y transnacionales, se suman los golpes que han recibido las bases de distintas organizaciones campesinas, indígenas, de derechos humanos y ambientales entre otras.

Denunciamos también que ante la política implementada por parte del gobierno de Pérez Molina de persecución y criminalización de nuestras luchas y organizaciones, cientos de mujeres están sufriendo las consecuencias porque deben trabajar aún más para darle el alimento a su familia e hijos, sin que tengan acceso a los servicios básicos, ni al uso y tenencia de la tierra para poder cultivarla.

Por lo anterior:

• Alertamos a las organizaciones y comunidades a mantener en alto la vigilancia ante esta campaña represiva y denunciar ampliamente a nivel nacional e internacional estos hechos criminales

• Responsabilizamos al gobierno de Pérez Molina de estos asesinatos ya que la política que impulsa  su gobierno es para proteger los intereses económicos del modelo extractivo, autorizando licencias de exploración y explotación minera y petrolera y poner en venta los recursos del país como lo hizo recientemente en España,  sin respetar la voluntad de los pueblos, ni el ordenamiento jurídico del país que expresamente establece que se debe consultar a las comunidades afectadas. Asimismo las declaraciones de funcionarios públicos como el ministro de gobernación y otros acusando de terroristas y narcotraficantes a defensores de los derechos humanos, contribuye a crear condiciones para que sean atacados.

• También responsabilizamos a las empresas transnacionales que han contratado a grupos paramilitares, supuestas empresas de seguridad,  para imponer su voluntad y hacer valer a sangre y fuego sus proyectos extractivos, tal  como está sucediendo en Santa Cruz Barillas, el Valle del Polochic, San Rafael las Flores y otros lugares donde estos grupos armados actúan impunemente en contra de la organización popular y comunitaria.

• Exigimos de la Procuraduría de Derechos Humanos que cumpla con su mandato de velar por los derechos humanos y el acompañamiento a las comunidades que están siendo fuertemente amenazadas y perseguidas.

• Demandamos al Ministerio Público la pronta investigación para dar con el paradero de los asesinos y agresores.

• Demandamos la intervención de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG ya que estos secuestros y asesinatos son cometidos por grupos paralelos, que por lo general queda en la impunidad.

Guatemala 18 de marzo de 2013.

¡Globalicemos la Lucha!  ¡Globalicemos la Esperanza!

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo –CLOC- y Vía Campesina Internacional