Durante el siglo XX se consolidó el Estado guatemalteco como aparato ordenador y regulador de las relaciones sociales excluyentes y garante del sistema de explotación, opresión y discriminación que nació hace más 500 años con el régimen colonial. El papel del Estado como factor normativo y coercitivo, generó igualmente un amplio y complejo aparato de dominación, expresado en la estructura jurídica y en la función represora del Ejército y las fuerzas policiales. Esta conformación explica claramente la violencia institucionalizada que han sufrido las mayorías nacionales, particularmente los pueblos indígenas, durante casi dos siglos desde la creación del Estado nacional.

 

Esta condición, a pesar de los respiros democráticos que el país ha tenido, se mantiene. Hoy al claro estilo de los gobiernos militares, serviles a la oligarquía nacional, a los capitales emergentes y transnacionales, el Presidente Otto Pérez Molina, está militarizando el país en regiones estratégicas para operar las concesiones de mineras, hidroeléctricas y petroleras particularmente en las tierras y los territorios de comunidades y pueblos indígenas.

 

El sector empresarial más conservador y recalcitrante, que financió la guerra de los militares contra los pueblos de Guatemala, se encuentra en una coyuntura política favorable. Es decir en una posición privilegiada cuyo fin es asegurar el impulso de la actividad económica a través de la inversión extractivista en alianza con las corporaciones transnacionales y para ello ha destacado e insertado a sus operadores técnicos y políticos en importantes espacios de toma de decisión del aparato del Estado, a la par de ello, despliega campañas mediáticas, intimidatorias en contra de líderes, organizaciones, comunidades y pueblos indígenas haciendo un franco uso de la apología del terrorismo, del racismo, de la discriminación y de la represión.

 

En el marco de esa coyuntura adversa los pueblos indígenas, sus organizaciones y sus líderes, contrario a la tendencia de fortalecimiento, desde los poderes, de una cultura de la devastación ambiental, del irrespeto a los derechos humanos, del despojo y la muerte, hacen uso de la apología del respeto al equilibrio, la armonía, la complementariedad y a sus derechos inherentes, lo cual coloca a la vida en todas sus manifestaciones en perspectiva no solo para los propios pueblos indígenas sino para todos los pueblos y habitantes del país y del mundo. Razón que solamente les otorga su enorme reserva y autoridad moral en una época de devastación natural, social, económica y política global

 

Los pueblos indígenas de Guatemala, en virtud de su historia y realidad actual, nuevamente han puesto en la coyuntura la disyuntiva del país o de mantener y profundizar las desigualdades y las exclusiones o de impulsar el desarrollo para la vida plena de sus habitantes. Para ello es fundamental avanzar en el reconocimiento de sus derechos y dejarles ejercer su propia institucionalidad y sus derechos a poseer, utilizar, controlar y administrar sus tierras y territorios y el de la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, temas torales de sus reivindicaciones legítimas y por sobre todo de gran actualidad.

 

El Movimiento Político Winaq, fiel a su origen y postulados en el día Internacional de los Pueblos

Indígenas a la opinión pública nacional e internacional manifiesta:

 

1. Su rechazo categórico a la política de militarización, criminalización y persecución, que bajo el pretexto de controlar y combatir al crimen organizado y al narcotráfico, el actual gobierno militar bajo motivación y apoyo de sectores económicos, está implementando y operando en contra de organizaciones, líderes, lideresas indígenas que se oponen a la industria extractiva y que resisten a favor de la defensa de los recursos naturales y de sus tierras y territorios.

 

2. Su rechazo a la política entreguista de la actual administración que bajo falsas políticas, incluida la iniciativa de ley para la moratoria a la concesión de licencias de exploración y explotación minera, impulsa para el saqueo de los recursos naturales que por derecho pertenecen a las comunidades indígenas.

 

3. Su condena a las acciones intimidatorias e ilegales, consentidas y permitidas por el Estado, que está llevando a cabo la autodenominada e inexistente, por carecer de inscripción y personería jurídica, Fundación Antiterrorista de Guatemala, en contra de defensores, organizaciones, comunidades y líderes de los pueblos indígenas. Particular solidaridad expresamos a la Dra. Irma Alicia Velásquez, los líderes de las 12 Comunidades de San Juan, y al hermano Daniel Pascual objeto de esta intimidación.

 

4. Su reconocimiento a la lucha de los pueblos indígenas, del oriente, occidente, norte y sur del país por avanzar hacia el reconocimiento y el ejercicio de su ser sujeto social, político e histórico para edificar y vivir la Guatemala profunda para lo cual es imperativo la transformación del actual Estado monocultural y la construcción un Estado plural cuya piedra angular sea el equilibrio, la armonía y la complementariedad entre los pueblos.

 

5. Su saludo a la lucha de los pueblos indígenas de Guatemala y el mundo por los avances alcanzados en el camino de su emancipación. Rendimos tributo a los abuelos y las abuelas, a los hermanos, nuestros héroes y nuestros mártires cuya lucha a lo largo de la historia les costó la persecución, el exilio y la vida.

 

Guatemala, 9 de agosto de 2013

 

Amilcar Pop Ac

Secretario General