El Congreso de los Pueblos rechaza enfáticamente la decisión de Juan Manuel Santos de destituir al Alcalde Bogotá, Gustavo Petro, desconociendo el llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Con esta actuación Santos no solo desconoce la voluntad de los ciudadanos que eligieron a Petro que apostaron por un modelo de gestión que pone énfasis en lo público, sino que convierte a Colombia en un país que desconoce los acuerdos y las leyes internacionales.

 

Santos reafirma su intención de resguardar el gobierno y el poder para los pocos de siempre, pasando por encima de la elección popular con el argumento de mantener la legitimidad de las instituciones del Estado, instituciones por demás desprestigiadas por el manejo corrupto y amañado de la oligarquía de siempre.

 

Desde el inicio de esta ofensiva de la derecha, las decisiones han sido fabricadas con el mayor grado de parcialidad, obedeciendo a un ejercicio de poder viciado desde la tribuna que ocupa Alejandro Ordóñez quien en más de una ocasión y de forma selectiva, aplica toda su dureza contra las expresiones alternativas y democráticas pero guarda silencio ante la presencia de los paramilitares en el gobierno y demás instituciones del Estado.

 

En medio de este panorama la pregunta por las garantías para la participación política es un tema obligado. ¿No ha sido la exclusión política una de las causas del Conflicto Social, Político y su expresión armada?

 

Es evidente que con esta decisión Santos muestra para dónde inclina su balanza. La paz -que para el Congreso de los Pueblos significa cambio y vida digna-  o cualquier proceso de construcción de ésta, debe pasar por garantizar la participación decisoria para el conjunto de la población colombiana y aún más,  si tal ejercicio político representa mejores condiciones de vida para las mayorías. Santos pone en evidencia que las clases en el poder manipulan las instituciones a su antojo y cierran cada vez más los espacios de participación social.

 

Parece que la Paz sigue estando lejos de lograrse y los discursos del gobierno y las clases en el poder muestran su real catadura guerrerista. No se puede seguir hablando de paz mientras se debilita aún más la democracia y se desata la guerra social, política y económica contra el pueblo.

 

La Paz de Colombia es un asunto que tendrá que seguirse labrando desde el poder popular y sus mecanismos de construcción y cambio, mientras seguimos luchando por una verdadera democracia. Por el momento los discursos del gobierno de paz y solución política han quedado seriamente cuestionados.

 

Ante este panorama los sectores sociales y populares seguiremos en las calles. La movilización popular debe expresarse en toda su dimensión y capacidad de resistencia y transformación.

 

Invitamos a caminar en unidad hacia un proyecto unitario por la Democracia, lo Público y la Paz. Es momento también de fortalecer la movilización popular en la ciudad, que luche por la ampliación de la democracia, confronte los poderes absolutos de la Procuraduría y excluya a las mafias y la corrupción del control de lo público. 

 

"Si el gobierno nos miente, que el Paro reviente"

 

¡El poder reside en las calles!

CONGRESO DE LOS PUEBLOS