La Alianza contra la Privatización del Agua, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Coordinadora
Salvadoreña de Movimientos Populares, Movimiento de ONGs par el Desarrollo Solidario de El
Salvador (MODES), Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos (MPGR) y demás concertaciones
del movimiento social aquí presentes, ante el grave atentado contra la democracia que representa el
ataque del Ejecutivo contra la Asamblea Legislativa, ante la opinión pública nacional e
internacional, expresamos lo siguiente:

 

- Desde que inició su gobierno, el Presidente Nayib Bukele ha mostrado un estilo anti-dialogante,
autoritario y antidemocrático que se manifiesta en frecuentes atropellos a la libertad de expresión y
restricciones al acceso a la información, violaciones al debido proceso y permanente confrontación
con los demás órganos del Estado, especialmente contra la Asamblea Legislativa y los partidos
políticos ahí representados, sobre todo contra ARENA y -más aún- contra su ex partido FMLN.

 

- Tal actitud antidemocrática tocó fondo la semana pasada. Ante la negativa de la Asamblea
Legislativa de aprobar un préstamo de 109 millones de dólares cuyos destinos no están totalmente
claros ni justificados, Bukele apeló ilegítimamente a disposiciones del Artículo 167 de la
Constitución de la República que no aplican en este caso, pues el Consejo de Ministros sólo puede
convocar a la Asamblea en momentos excepcionales y situaciones de emergencia como guerras o
catástrofes naturales. La invocación a esta facultad del Ejecutivo es, en este caso, ilegal, tal como lo
sostienen todas las instancias que se han pronunciado al respecto (FESPAD, PDDH y hasta
FUSADES).

 

- Igualmente reprobable es el llamado presidencial a la insurrección. Tal como lo expresó el ex
procurador de derechos humanos David Morales, este derecho -consagrado en el Artículo 87 de
nuestra Carta Magna- es para el pueblo, cuando los gobernantes violentan el orden constitucional; y
no al revés. Bukele no puede llamar a la insurrección; es el pueblo el que va a tener que ejercer este
derecho si él continúa su comportamiento autoritario, antidemocrático y violatorio del orden
constitucional del país.

 

- Y lo aún más repudiable es la militarización, toma violenta y “profanación” del recinto legislativo
por parte del Presidente Bukele y sus secuaces. Las imágenes de soldados y policías invadiendo el
salón azul retraen el pasado dictatorial y represivo que la democracia milenial del Presidente busca
reeditar. El “performance” bukeliano incluyó una flagrante violación al carácter laico del Estado: el
Presidente se comunicó con Dios, superando al mejor estilo de la presidenta golpista boliviana
Jeanine Áñez quien entró con la Biblia al palacio de gobierno.

 

- Lo actuado por el Presidente Bukele constituye una gravísima violación a la institucionalidad,
significa una ruptura del orden constitucional y representa un golpe contra la democracia. Las
organizaciones populares condenamos y denunciamos este grave retroceso en la historia nacional; y
exigimos que esto no quede impune: que la Fiscalía General de la República investigue los delitos
cometidos y que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le remarque los límites
constitucionales al Presidente.

 

- En sintonía con el llamado de diversas organizaciones e instituciones nacionales e
internacionales, exhortamos al diálogo Ejecutivo-Asamblea Legislativa y a la búsqueda de acuerdos
nacionales, no sólo sobre financiamiento de la seguridad pública, sino también para aprobar la Ley
General de Agua, desprivatizar el sistema de pensiones, aprobar una reforma fiscal progresiva
donde “paguen más quienes tienen más” y otros temas urgentes de país en los que, por cierto, el
Ejecutivo no ha mostrado interés ni reclamado a la Asamblea por su aprobación.

 

- Exigimos al Presidente Bukele cumplir su función constitucional de procurar la paz y la armonía
social; y no utilizar el respaldo popular para “aventuras golpistas” y derivas autoritarias, sino para
profundizar la democracia y enfrentar responsablemente los problemas estructurales del país
mediante el diálogo, permitiendo la participación ciudadana, respetando la institucionalidad y
garantizando el Estado de derecho.

 

- Finalmente, llamamos a todas las organizaciones progresistas, sectores democráticos y a la
población en general a estar atenta para defender la democracia y exigir transformaciones
estructurales orientadas a desmontar el modelo neoliberal.

San Salvador, 10 de febrero de 2020.